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Adolescentes en conflicto con la ley, los olvidados del sistema de justicia
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
20 de junio, 2014
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Por: Leslie Solís (@Leslie_fs)

En México con frecuencia leemos noticias sobre menores de edad que cometen algún delito y se ven involucrados en lo que formalmente se conoce como un conflicto con la ley. Sin embargo, poco se sabe sobre la respuesta de las autoridades frente a este fenómeno, y mucho menos sobre los resultados –ya sean éxitos o fracasos– del sistema de justicia para adolescentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012 se registraron 10,583 jóvenes con una sentencia condenatoria, de los cuales 4,959 –que representa 46.9 por ciento del total– fueron internados en una Comunidad para adolescentes en conflicto con la ley, principalmente por el delito de robo en sus distintas modalidades (a casa habitación, de vehículo, a transeúnte, a negocio). El resto de los jóvenes condenados debió cumplir con una medida en externación, la cual puede incluir terapias, o actividades educativas y culturales.

 

Tabla 1. Adolescentes internados por conductas antisociales a nivel nacional, 2012 (selección de delitos)

Conducta antisocial Internados (total) Internados (%)
Total 4,959 100%
Homicidio 864 17.4%
Lesiones 114 2.3%
Secuestro 206 4.2%
Violación simple 202 4.1%
Robo a casa habitación 938 18.9%
Robo de vehículo 337 6.8%
Robo a transeúnte en la vía pública 213 4.3%
Robo a transeúnte en espacio abierto 96 1.9%
Robo a negocio 160 3.2%
Otros robos 868 17.5%

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013.

 

¿Cuál es la respuesta de las autoridades frente a este fenómeno?

No todos los jóvenes que cometen un delito son detenidos, procesados y posteriormente sancionados. Pero ¿qué ocurre con quienes sí purgan una pena?

En diciembre de 2005 se publicó una reforma constitucional en el país para crear un sistema integral de justicia para adolescentes (jóvenes entre 12 y 18 años) que garantizara todos sus derechos.[1] Los centros de reclusión de menores pasaron de llamarse “Tutelares para menores”, a “Comunidades para adolescentes en conflicto con la ley”. Así, se pasó de un modelo tutelar diseñado para el control y protección de jóvenes con conductas problemáticas o irregulares a uno en el que los adolescentes son reconocidos como sujetos titulares de derechos y obligaciones. Dichos cambios son consecuencia, entre otras cosas, de los compromisos derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño que México ratificó en 1990.[2]

[contextly_sidebar id=”ce8a73944852af6e03f2930d7f685d56″]En el artículo 18 de la Constitución se estableció que el sistema integral de justicia debe tener como fin la reintegración[3] social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona; que debe ser operado por instituciones, tribunales y autoridades especializados, y que debe respetar el debido proceso legal en todo momento. La ley también dicta que los menores de 12 años sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, y que el internamiento es una medida extrema reservada para mayores de 14 años por conductas calificadas como graves.

Ahora bien, hay que resaltar que actualmente no contamos con información suficiente para evaluar si estas medidas son efectivas o no. Es decir, no hay datos sobre el grado en el que los jóvenes se reintegran a la sociedad y a sus familias ni sobre la medida en que alcanzan el pleno desarrollo de su persona.[4] Tampoco contamos con información detallada sobre las condiciones de vida de los jóvenes (acceso a servicios educativos, culturales, deportivos, de salud, buena alimentación) ya sea al interior de los centros o cumpliendo una sanción en externación, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos no incluye en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a las Comunidades para adolescentes en conflicto con la ley. Esto es un reflejo más del olvido en que se encuentra este tema para muchos sectores de la sociedad.

¿Qué ocurre con los adolescentes que egresan del sistema?

De acuerdo con un análisis realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el caso mexicano quienes entran en conflicto con la ley suelen ser hombres jóvenes, con poca escolaridad, que viven en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales, además de que viven en entornos violentos y en ambientes de desprotección. Es decir, son personas en situación de vulnerabilidad, aquellas sin oportunidades reales para desarrollarse plenamente, quienes con mayor frecuencia se ven involucradas en actos violentos y delictivos. ¿Qué ocurre cuando, tras cumplir una sanción, estos jóvenes vuelven al mismo entorno social donde no existen oportunidades reales para su desarrollo? No lo sabemos porque, como ya se mencionó, no existe información sobre este tema.

Por supuesto, existen casos de éxito en los que el sistema penitenciario arroja resultados positivos y logra transformar la vida de estos jóvenes. Un ejemplo de ello son las obras de teatro presentadas por el Foro Shakespeare en la Ciudad de México, en las que participan personas que alguna vez estuvieron en conflicto con la ley. También han trascendido testimonios de jóvenes que tras un periodo en estos centros cambiaron su vida para bien de forma radical.

Por desgracia, éstos no son tan numerosos. Así, las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a adultos en reclusión en el Distrito Federal y en el Estado de México (en 2009) muestran que una parte importante de quienes se encontraban en prisión reportaron haber estado en una institución para menores infractores. De los que habían sido detenidos recientemente, 46.4 por ciento declaró haber estado en una Comunidad para adolescentes en conflicto con la ley previamente. Esto nos indica que existe un porcentaje importante de reincidentes, lo cual refleja que el sistema penitenciario no cumple necesariamente con su misión de reinsertar socialmente al sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir (artículo 18).

Finalmente, ¿qué más se podría hacer?

Del presente análisis se desprenden las siguientes cinco recomendaciones:

  1. Necesitamos que se garantice el pleno respeto a los derechos de los jóvenes mientras son investigados y procesados, así como durante la ejecución de la sanción penal. Si esto no es así, debe existir un mecanismo de fácil acceso en el que se puedan denunciar tales abusos, con miras a corregirlos.
  2. Es urgente contar con información y datos sobre las condiciones de vida al interior de las Comunidades para adolescentes en conflicto con la ley. Por ejemplo, ¿hay suficientes alimentos, agua potable, actividades educativas, culturales y deportivas? ¿Los servicios de salud son óptimos?
  3. Es vital que la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad, dé seguimiento a los adolescentes que egresan del sistema y que la información sea pública (salvo los datos personales que por ley no pueden serlo), para evaluar hasta qué grado se logra cumplir con el cometido del sistema “integral” de justicia.
  4. El sistema de justicia debe evitar la estigmatización de los adolescentes una vez que se reintegren a sus familias y a la sociedad. Además, los jóvenes deben poder regresar a entornos seguros con verdaderas oportunidades educativas y laborales –entre otras– para desarrollarse plenamente. Cabe destacar que la falta de supervisión y de apoyo para encontrar un empleo tras salir de los centros de reclusión parece aumentar las posibilidades de reincidencia.
  5. Finalmente, necesitamos que las acciones encaminadas a prevenir la violencia y el delito entre los jóvenes estén correctamente diseñadas (con base en evidencia sólida), así como efectivamente implementadas con el fin de que los jóvenes que alguna vez delinquieron puedan desarrollarse de una forma más positiva en sus comunidades.

Las leyes en materia de justicia para adolescentes en México, aunque perfectibles, reconocen la importancia de contar con un sistema integral que garantice los derechos de los jóvenes durante el procedimiento, así como durante la ejecución de la sanción penal. De igual manera, las autoridades han expresado la necesidad imperante de prevenir la violencia y el delito. Sin embargo, parece ser que la justicia para adolescentes es un tema olvidado y no contamos con la información necesaria para tener la certeza de que el sistema garantice la reinserción social ni el pleno desarrollo de los jóvenes que se ven involucrados en algún conflicto legal. Hay que recordar que lo que se puede evaluar se puede mejorar.

 

*Leslie Solís es investigadora del Programa de Seguridad Pública y Justicia de México Evalúa

 

 

[1] Además, el 27 de diciembre de 2012 se publicó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la cual entrará en vigor a partir del 27 de diciembre de 2014.

[2] Estos cambiosse basanen instrumentos internacionales que establecen cómo debería ser la justicia para los adolescentes, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores de 1985 (Reglas de Beijing) o las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 (Directrices RIAD).

[3] Cabe señalar que el artículo 18, desde 2008, indica que para los mayores de 18 años el objetivo del sistema penitenciario es la “reinserción” social del sentenciado (párrafo 2), mientras que para los jóvenes es la “reintegración” social (párrafo 6).

[4] En los últimos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado Censos de gobierno con datos sobre justicia para adolescentes: número de centros, capacidad instalada, personal, adolescentes ingresados y egresados, los delitos por los que son ingresados. Sin embargo, estas cifras no son suficientes para evaluar el éxito o fracaso de las acciones enfocadas en la reinserción de los jóvenes.

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