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Adolescentes maltratados por el sistema de justicia
Un estudio elaborador por Elena Azaola revela que 76 por ciento de los adolescentes fueron golpeados o maltratados al momento de su detención y en algún punto de su juicio, 77 por ciento no fueron notificados de cuáles eran sus derechos, 66 por ciento no fueron presentados de inmediato ante el Ministerio Público, e incluso 53 por ciento no fueron informados sobre su derecho a contar con un abogado. Estas prácticas van en contra del debido proceso.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
7 de noviembre, 2014
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Por: Leslie Solís (@Leslie_fs)

Los adolescentes en conflicto con la ley generalmente sufren maltratos, tanto en su entorno familiar como por parte de las autoridades del sistema de justicia. Esto no debería suceder en un Estado que se asume como democrático. Con la intención de subsanar los abusos del Estado, los Senadores aprobaron el pasado 21 de octubre un dictamen con proyecto de decreto de reforma constitucional para garantizar un sistema integral de justicia para los adolescentes (jóvenes entre 12 y 18 años), desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. Como bien señaló la Senadora Angélica de la Peña en esa ocasión, “hablar de la reinserción de las y los adolescentes es hablar del respeto irrestricto de todos y cada uno de sus derechos”.

Ahora bien, ¿hacia quiénes va dirigida esta reforma constitucional?

Tal como se explicó en un post anterior, en México, 10,583 jóvenes cuentan con una sentencia condenatoria, de acuerdo con los últimos datos del INEGI.[1] De éstos, 4,959 (lo que representa 46.9 por ciento del total) se encuentran internados en una Comunidad para adolescentes en conflicto con la ley. El resto de los jóvenes debió cumplir con una medida en externación, que puede incluir terapias o actividades educativas y culturales. Esto puede deberse a que el delito por el que fueron sentenciados no era considerado grave y por lo tanto no ameritaba una pena privativa de la libertad o porque eran menores de 14 años.[2]

Según un análisis[3] sobre adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad en Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa realizado por Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 41 por ciento de los jóvenes interrogados sufrió algún tipo de maltrato o abuso durante su infancia de manera recurrente. Por otra parte, 47 por ciento de ellos había abandonado su casa una o varias veces, por varios motivos, entre los cuales se encuentran principalmente la separación de sus padres, violencia doméstica, así como casos abuso sexual. De éstos, 15 por ciento se fue a vivir a la calle. Además, 26 por ciento comenzó a trabajar antes de cumplir 12 años, mientras que 41 por ciento comenzó a trabajar entre los 13 y 14 años.[4]

Lo que es más grave todavía es que una vez que estos adolescentes ingresan al sistema de justicia penal, vuelven a ser maltratados por las autoridades. En otras palabras, la corta edad de los detenidos o imputados no impide que la policía o el ministerio público violen sus derechos humanos. Así, de acuerdo con el estudio de Azaola, 76 por ciento de los adolescentes fueron golpeados o maltratados al momento de su detención y en algún punto de su juicio, 77 por ciento no fueron notificados de cuáles eran sus derechos, 66 por ciento no fueron presentados de inmediato ante el Ministerio Público, e incluso 53 por ciento no fueron informados sobre su derecho a contar con un abogado. Estas prácticas van en contra del debido proceso.

Infografía elaborada por Miguel Cedillo.

Infografía elaborada por Miguel Cedillo.

Los relatos de los jóvenes sugieren violaciones graves a sus derechos humanos. “Me torturaron, me dieron toques y tehuacanazos”, comentó uno. “Cuando me detuvieron yo estaba embarazada pero, como me golpearon, perdí a mi bebé”, precisó otra. “La policía entró y se robó varias cosas de mi casa y amenazaron a mis hermanos pequeños de que los iban a matar”, declaró un tercero. “Me dejaron el ojo morado y me pusieron la chicharra… esa que te da toques en los bajos”, expuso uno más.

[contextly_sidebar id=”6fNxGqrcK8EeFHvM09I4T2Hx88QFKJRM”]Además, estos jóvenes no reciben la atención suficiente para lograr reinsertarse a la sociedad. De acuerdo con Elena Azaola, las comunidades para menores en conflicto con la ley presentan numerosas carencias. Es decir, las instalaciones de los centros de internación no son adecuadas, no cuentan con el personal especializado necesario, no comprenden espacios suficientes ni en buenas condiciones para llevar a cabo programas educativos, deportivos, de capacitación, de salud, o visitas familiares, entre otros.

En este sentido, cabe señalar que los padres de los jóvenes internados en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando, en el Distrito Federal, han denunciado que sus hijos son víctimas de maltrato por parte del personal penitenciario. También se ha documentado que en promedio, cada psicólogo debe atender a 167 menores en conflicto con la ley.

De tal forma, los jóvenes internos difícilmente encontrarán los medios para poder reinsertarse satisfactoriamente en la sociedad. Incluso Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, reconoció que las acciones por parte de las autoridades hacia los adolescentes en conflicto con la ley son incipientes o insuficientes.[5]

¿Qué cambiará la reforma al sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley?

Hoy, los adolescentes en conflicto con la ley no ocupan un lugar prioritario dentro de las políticas de seguridad, ni de prevención, en nuestro país, tal como ha señalado Elena Azaola. Esto es así a pesar de que en diciembre de 2005 se publicó una reforma al artículo 18 constitucional para garantizar el derecho de los jóvenes entre 12 y 18 años que hayan cometido algún ilícito a tener un juicio justo y la obligación de las autoridades especializadas a ayudarlos a lograr su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona. Es decir, la exigencia de cuidar el interés superior de la niñez, establecida en la Convención sobre los derechos del niño, es ignorada por las instancias de justicia en México.

La reforma de los artículos 18 y 73 de la Constitución en materia de justicia para adolescentes que está en discusión en la Cámara de Diputados busca unificar la legislación en materia procedimental penal, de mecanismos de solución de controversias, así como de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes —aplicables tanto en el orden federal como en el fuero común. Así, en el artículo 73 se especifica que el Congreso tendrá la facultad de expedir una legislación única, la cual deberá elaborarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto. Esto quiere decir que una ley nacional sustituiría a las leyes que actualmente están vigentes en las entidades federativas, lo cual homologará las reglas para impartir justicia a los adolescentes en todo el territorio nacional, garantizando el respeto a los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 18.

Además, se propone abrogar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que se aprobó en diciembre de 2012 y tendría que entrar en vigor en diciembre de este año. Esto es una buena noticia, porque dicha Ley incorporaba un sistema penal mixto, no acorde con lo aprobado en la reforma penal de 2008. Asimismo, se especifica en el artículo 18 que el proceso para los adolescentes también será acusatorio y oral, en concordancia con el sistema para adultos.

El resto de las modificaciones propuestas son más bien cosméticas, sin trascendencia.[6] Esta reforma tiene el mérito de colocar el tema en la agenda. No obstante, pese al consenso de los Senadores en torno a la importancia de esta reforma constitucional, nadie puede pensar que será suficiente para resolver los maltratos de los que son víctimas los adolescentes que ingresan al sistema de justicia.

Cabe destacar que el artículo 88 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que aprobaron ayer los Senadores, también especifica que, en materia de justicia para adolescentes, se deberán garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes que son reconocidos por la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. De nuevo, si bien esta declaración de intención es loable, es insuficiente para cambiar el trato que reciben los jóvenes delincuentes.

Para asegurarnos que este cambio se materialice, es necesario no quitar el dedo del renglón. Ahora que se unificará la legislación a nivel nacional, deberemos estar atentos a su proceso de aprobación para asegurarnos de que garantice el pleno respeto de los derechos de los jóvenes.

En primer lugar, esta legislación deberá obligar las autoridades a generar más y mejor información sobre los adolescentes en conflicto con la ley, así como acerca de sus experiencias, para poder evaluar la calidad del sistema de justicia. Esto es, necesitamos registros confiables y transparentes sobre las personas que ingresan a estos centros, así como sobre sus condiciones de vida. La misma información debería generarse sobre los miles de jóvenes que se encuentran en externación.

También se deberá garantizar que existan los recursos suficientes, tanto materiales como humanos y de infraestructura, para cumplir con los propósitos del sistema de justicia, así como mejorar las condiciones de vida al interior de los centros. Necesitamos que se respeten los derechos de los jóvenes no sólo durante el procedimiento, sino también durante la ejecución de la sanción penal. De lo contrario, esta reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes no alcanzará su objetivo.

 

* Leslie Solís es Investigadora del Programa de Seguridad Pública y Justicia de México Evalúa.

 

 

[1] Ver Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, INEGI, 2013.

[2] Con la reforma constitucional de diciembre de 2005, los centros de reclusión para menores pasaron de llamarse “Tutelares para menores” a “Comunidades para adolescentes en conflicto con la ley”. El artículo 18 también dicta que los menores de 12 años sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, y que el internamiento es una medida extrema reservada para mayores de 14 años por conductas calificadas como graves.

[3] El documento “La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley: De la situación actual hacia una propuesta de intervención”, se presentó el 22 de septiembre de 2014. Este análisis está basado en 278 entrevistas a adolescentes en conflicto con la ley privados de su libertad en Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa.

[4] Los empleos varían desde repartir pizzas, vender en puestos del mercado, realizar labores de campo o actividades como halcones o sicarios para algún grupo delictivo.

[5] Por tal motivo, señaló que a partir de 2015 los estados y los municipios deberán incluir en su Diagnóstico Integral información sobre jóvenes en esta situación, lo cual ayudará para identificar las acciones que deberán realizarse.

[6] Adicionalmente, en el artículo 18, se agregó la palabra “reinserción” al objetivo del sistema, para pasar de “la reintegración social y familiar del adolescente” a “la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente”. Esta adición pretende homologar el objetivo del sistema para adolescentes con el de adultos. Además, se cambió la redacción de “conducta realizada” a “hecho realizado”, al referirse al delito por el cual se sentenció al adolescente, con el fin de utilizar un lenguaje más neutral.

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