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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Anuncio en materia anticorrupción: ¿le cae el veinte al Presidente?
Parece que el Presidente Enrique Peña Nieto entiende que esta crisis política y de legitimidad representa un peligro. Sin embargo, cuando uno observa las medidas anunciadas en materia anticorrupción, es inevitable pensar que la presente administración sigue siendo incapaz de reconocer la oportunidad de cambio que acompaña a dicha crisis. A sus asesores y al primer mandatario no termina de caerles el veinte del fango en el que se ha sumergido la administración por cuestionamientos a su honestidad.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
5 de febrero, 2015
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Por: Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm)

 

Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra “crisis”. Una pincelada significa “peligro”, la otra “oportunidad”. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad”.

John F. Kennedy (Indianapolis, 1959)

 

El anuncio por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado martes de diversas medidas ejecutivas para enfrentar el problema de la corrupción en el país revela que el mandatorio entiende a medias que su gobierno enfrenta una crisis política sustantiva, en la que la opacidad y la corrupción en la administración pública ponen en entredicho el espíritu modernizador que muchos percibieron en sus primeros meses de mandato.

Parece que el Presidente entiende que esta crisis política y de legitimidad representa un peligro. Sin embargo, cuando uno observa las medidas recién anunciadas, que complementan las dadas a conocer en noviembre pasado en esta misma materia, es inevitable pensar que la presente administración sigue siendo incapaz de reconocer la oportunidad de cambio que acompaña a dicha crisis. A sus asesores y al primer mandatario no termina de caerles el veinte del fango en el que se ha sumergido la administración por cuestionamientos a su honestidad.

Las medidas delineadas son marginales en comparación con el tamaño del problema de corrupción que enfrenta el país. Este cáncer se ha extendido en diversos ámbitos de la vida pública nacional en una interacción recurrente de malas prácticas de funcionarios que utilizan sus puestos públicos administrativos y de elección popular en los distintos niveles de gobierno para sacar provecho personal indebido. En esta interacción, también existen individuos que desde el ámbito privado nacional e internacional coparticipan en estos actos de corrupción. Todo ello en un océano de impunidad.

Si bien el Presidente ha acotado su visión culturalista de la corrupción en México y ha reconocido explícitamente los orígenes estructurales de este fenómeno, ha perdido nuevamente la oportunidad para anunciar medidas que contribuyan sustancialmente a fortalecer la transparencia de la información pública y atajar los espacios de la corrupción.

Ante el nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo Secretario de la Función Pública, es necesario recordar que en diciembre de 2012, el Congreso aprobó, a iniciativa del PRI, cambios a la Ley de la Administración Pública Federal para desaparecer dicha secretaría y transferir muchas de sus atribuciones a la Secretaría de Hacienda. Dicha desaparición se completaría una vez aprobado por el Congreso un órgano sustituto como parte del sistema de combate a la corrupción. Bajo este nuevo andamiaje legal, operará el recién nombrado secretario Andrade.

El Presidente además lo instruyó a llevar a cabo una investigación de potencial conflicto de interés de él, su esposa y su Secretario de Hacienda por bienes adquiridos al grupo Higa, beneficiario de diversos contratos, tanto cuando era gobernador del Estado de México como ahora que es Presidente de la República. Sin embargo, el principio elemental de cualquier investigación seria en esta materia es que ésta se realice con independencia jurídica y política y este principio se viola desde el inicio, cuando es el propio Secretario el que incurre en un conflicto de interés al ser el encargado de investigar a su propio jefe. Además de no contar con los instrumentos legales para llevar a cabo adecuadamente estos oficios, Andrade carece de la legitimidad que le habría brindado un nombramiento independiente del Presidente.

[contextly_sidebar id=”ucVpzTe3ogWosp06nOCA9PWpatkivvTh”]Asimismo, el Presidente destacó que ha instruido a la moribunda Secretaría de la Función Pública a que solicite a todos los funcionarios de la administración pública federal la presentación de declaraciones extendidas de posibles conflictos de interés como parte de sus declaraciones patrimoniales. En el anuncio, el Presidente omitió precisar si esta información sería de acceso público. De acuerdo con la OCDE, organismo internacional que el Presidente ha reconocido será el asesor de los esfuerzos gubernamentales en esta materia, la publicidad de esta información es vital. Serviría para que la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general pudieran dar seguimiento a la evolución del patrimonio de dichos funcionarios y activar las alarmas de la opinión pública, en caso de encontrar anomalías, permitiendo que éstas sean investigadas y eventualmente castigadas. De lo contrario, al igual que ocurre con las declaraciones patrimoniales, las de potencial conflicto de interés serán de poca utilidad como instrumento para atajar la corrupción.

A la existente resistencia para hacer pública esta información se suma la incapacidad legal de la Función Pública, o de cualquier otra autoridad, para verificar la veracidad de los datos entregados por los funcionarios gubernamentales, en contraste con los esfuerzos de Hacienda para cerrar espacios a la evasión fiscal de los contribuyentes.

Hoy esta Secretaría utiliza diversas herramientas tecnológicas para cruzar la información reportada por los contribuyentes con los datos del sistema financiero, y en caso de que encuentre divergencias sustantivas, puede iniciar un proceso de auditoría. Bajo el principio de que el escarnio público puede ser un disuasivo a la transa y al incumplimiento, Hacienda complementa estas acciones con la publicación de los nombres tanto de aquellos ciudadanos que han emitido facturas apócrifas como de los que han incumplido con sus obligaciones fiscales. Según cifras del propio gobierno, el esfuerzo ha redituado al erario. ¿Por qué entonces la ciudadanía no puede tener acceso a un listado de los funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial, como ocurre por ejemplo en Argentina? ¿Por qué no se ha modificado el marco legal para que la autoridad encargada de dar seguimiento al patrimonio de los funcionarios públicos pueda cruzar estos reportes con información del sistema financiero? ¿Cuántas veces se ha iniciado un proceso administrativo y penal a un funcionario que presentó información falsa en su declaración patrimonial? Según las propias estadísticas de la SFP en muy pocas ocasiones, y menos aún se han establecido sanciones contra aquellos que falsearon dicha información.

El Presidente destacó el compromiso gubernamental con la transparencia y por ende la pertenencia de México a la Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual nuestro país es co-presidente en este año. Sin embargo, Peña Nieto omite convenientemente mencionar que, en diversas dependencias bajo su mando, sus colaboradores continúan con prácticas contrarias a la transparencia y los principios de la iniciativa global en la materia.

Por un lado, la transparencia en el gobierno federal suele seguir una lógica reactiva y no proactiva, es decir, se hace pública información a partir de peticiones de acceso a la información –muchas veces después de procesos legales que recurren la negativa inicial del gobierno por otorgar dicha información- y no a partir de un principio activo de rendición de cuentas. Muchos funcionarios no terminan de entender que la información bajo su resguardo es pública, según dicho principio de rendición de cuentas al que están sometidos como servidores públicos y cuyos insumos informativos han sido financiados con nuestros impuestos. Así niegan información, por ejemplo, la relativa a los créditos fiscales, sus beneficiarios y las razones de su otorgamiento, como son aquellos recibidos por los contados funcionarios que han sido sancionados económicamente por Función Pública, sin que haya realizado su cobro. Como han argumentado mis compañeros del equipo de gasto en México Evalúa, la SHCP les ha condonado la deuda sin que medie explicación del perdón gubernamental.

Por otro lado, cuando llegan a dar información solicitada, recurrentemente los funcionarios la publican en formato que dificulta su análisis estadístico. Amantes del pdf y no del Excel, los servidores públicos contradicen la iniciativa global de gobierno abierto, que resalta lo pernicioso de dar información en formato que dificulte una verdadera rendición de cuentas.

Finalmente entre las palabras y las acciones gubernamentales no hay una correcta correspondencia. El Presidente ha reiterado su deseo de que el Congreso apruebe sendas iniciativas en transparencia y anticorrupción para así lograr un verdadero sistema de rendición de cuentas. Sin embargo, este deseo no ha sido acompañado de los oficios políticos de sus Secretarios –por ejemplo de Gobernación y Hacienda- para convencer primero a sus compañeros de partido en el Congreso, y luego llegar a acuerdos con los partidos de oposición necesarios para que se aprueben estas iniciativas. En contraste con las diversas reuniones que acompañaron las negociaciones de las reformas educativa, de telecomunicaciones y energética, en las que los secretarios respectivos estuvieron negociando activamente la aprobación de dichas reformas, en el caso de transparencia y anticorrupción el esfuerzo del gobierno federal brilla por su ausencia. Una prioridad se observa en el tiempo que se le dedica a una tarea pendiente, por lo que los hechos parecen contradecir que el combate a la corrupción es un tema de suma importancia para la administración de Peña Nieto.

Las iniciativas en mención se han empantanado porque el PRI –hay que señalar con nombre y apellido los responsables del bloqueo legislativo- se ha opuesto, entre otros aspectos, a otorgar a la Auditoría Superior de la Federación y a la nueva Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción facultades clave para hacer mejor su trabajo. Los priistas insisten en que no es necesario establecer el principio de interés público para obligar a los funcionarios a justificar cuando decidan reservar la información. Ejemplos todos que ilustran que lamentablemente al partido gobernante no le termina de entender el problema que tiene enfrente.

Difícilmente se repiten las oportunidades en política ante situaciones de crisis. Llevamos al menos seis meses en que el Presidente y sus compañeros de partido están dilapidando las ventanas de oportunidad que se les han abierto para legislar en la materia. Creen aún que de alguna manera, tarde que temprano, las reformas estructurales generarán los beneficios económicos necesarios con lo que la exigencia de transparentar la información pública y castigar a la corrupción, se quedará atrás. Olvidan –y sorprende ya que muchos de ellos fueron políticos en activo en los años noventa- que en la primera ola de reformas estructurales que el país implementó, muchos de los beneficios prometidos no se materializaron porque la corrupción impidió que dichos cambios se implementaran adecuadamente. ¿Estaremos condenados a repetir el mismo error nuevamente? Quiero pensar que no, porque a diferencia de entonces, hoy existe una ciudadanía cada vez más crítica y exigente que está presionando para que de una vez por todas les caiga el veinte a la clase política y, si no sucede, que puede llamarlos a cuentas en las urnas en junio próximo.

 

* Marco Fernández es investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey. El autor agradece los comentarios de Laurence Pantin, José Luis Beltrán y Francisco García en la revisión de este texto. Las ideas expresadas en este artículo son responsabilidad del autor.

 

Referencias bibliográficas

Mackenzie, G.C, and M. Hafken. 2002. Scandal Proof: Do Ethics Laws Make Government Ethical? Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

OCDE. 2003. Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences. Paris: OCDE.

OCDE. 2011. Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption. Paris: OCDE.

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