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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Cárceles privadas: el vecino cancela, aquí aprueban
Si en Estados Unidos se ha decidido terminar con el uso de cárceles privadas, porque no proveen el mismo nivel de servicios correccionales, ni suponen ahorro, ni mantienen el mismo nivel de seguridad, ¿por qué se consideraría que privatizar las cárceles traería mejores resultados en México?
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
25 de agosto, 2016
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Por: Mirte Postema (@MirtePostema)

Motines en los penales de Topo Chico, Nuevo León; Cieneguillas, Zacatecas, y Barrientos, Estado de México, resultaron en 51 personas muertas, 34 heridas y en la fuga de 3 más, en lo que va del año. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tanto los centros estatales como los federales registraron el año pasado 54 homicidios, 23 suicidios, 1,382 riñas, 6 motines, y 280 desórdenes. Además, todos recordamos la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y conocemos las imágenes de cárceles sobrepobladas. Los problemas abundan.

Cuando además existe poca confianza en la capacidad del Estado de resolver estos problemas, puede sonar atractivo encargar la administración de cárceles a una empresa privada experta. Así, recientemente, México ha dado inicio a un proceso de privatización de cárceles.

Estados Unidos es otro país donde, ante problemas presupuestarios y de sobrepoblación carcelaria, se decidió privatizar parte del sistema carcelario. Este proceso conoció un auge en los años 80, y en el 2014, un 8 por ciento de la población carcelaria (más de 131 mil personas) estaba recluida en cárceles privadas.

Sin embargo, el pasado 18 de agosto, la fiscal general adjunta de Estados Unidos anunció que, después de un estudio riguroso comparando las cárceles federales privadas con las públicas, el Departamento de Justicia ha llegado a la conclusión que la privatización no ha dado buenos resultados. Las cárceles privadas “simplemente no proveen el mismo nivel de servicios correccionales, no suponen un ahorro significativo de costos (…) y no mantienen el mismo nivel de seguridad”, explicó.

El estudio reveló que en las cárceles privadas sucedían muchos más incidentes de seguridad (peleas, robos, y ataques) y se encontraban ocho veces más celulares que en las cárceles públicas, aunque se registraban menos drogas y reportes de abuso sexual. Como consecuencia, el Departamento de Justicia ha decidido “reducir y finalmente terminar” su uso de cárceles privadas.

Ésta es una conclusión fuerte y clara. Y una que obliga a plantear algunas preguntas: ¿por qué se consideraría que privatizar las cárceles traería mejores resultados en México? ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver con esta política? ¿Cuáles son sus causas? Y una vez diagnosticado estos, de todas las soluciones posibles, ¿cuál(es) sería(n) las más económicas y sostenibles?

Más allá de estos interrogantes, el análisis realizado por el Departamento de Justicia estadounidense identifica una importante lección con respecto a las debilidades encontradas en las cárceles privadas: la importancia de un sistema riguroso de monitoreo y supervisión.

En primer lugar, esto es importante para asegurar condiciones de vida aceptables para las personas privadas de su libertad. En Estados Unidos, por ejemplo, una inspección de tres cárceles privadas reveló un uso indebido de celdas de aislamiento en dos de ellas. Al respecto, es importante señalar que la acreditación de cárceles por su cumplimiento con estándares gremiales -por ejemplo, por la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés)- no es garantía de que efectivamente se respeten las normas establecidas. Las cortes estadounidenses no dan mucho valor a la acreditación ACA, ya que ésta se basa en una revisión de su cumplimiento en el papel. Más bien, una inspección permanente y en persona es necesaria.

En segundo lugar, es esencial que se lleve a cabo un monitoreo activo del uso de los recursos. En Estados Unidos, recientemente se constató un mal uso de 3 millones de dólares en una cárcel privada. La fiscalización de los contratos de prestación de servicios y los presupuestos que les son asignados es fundamental. Y eso solamente es posible cuando éstos se transparentan.

Los problemas en el sistema carcelario son estructurales y requieren soluciones estructurales. Por ejemplo, si se quiere reducir la sobrepoblación, se debe contemplar la posibilidad de acabar con la aplicación automática de la prisión preventiva, prevista en el artículo 19 de la Constitución, que parece haber resultado en un aumento de los encarcelamientos, pero no una reducción de la criminalidad. Paralelamente, se podría incrementar el uso de medidas alternativas a la prisión, lo cual ha tenido resultados prometedores en Morelos. Otras medidas a contemplar consisten en transparentar los contratos firmados con empresas privadas y fortalecer las inspectorías internas.

Al final, ¿no sería mejor abordar los problemas existentes invirtiendo en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, en lugar de pretender resolverlos financiando empresas privadas?

Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a consultar el documento “Privatización del sistema penitenciario en México”, publicado esta semana por las organizaciones Documenta A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur y México Evalúa. Dicho informe da seguimiento a la audiencia “Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización el sistema penitenciario en México”, en la que participaron dichas organizaciones durante el 157 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016.

 

* Mirte Postema es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford.

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