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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Cifras delictivas: a auditoría
¿Existe una buena razón para que, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de los recursos públicos, las cifras de incidencia delictiva no sean fiscalizadas para verificar si el número reportado coincide con el de averiguaciones previas iniciadas?
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
6 de agosto, 2015
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Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)

A nadie le conviene que persistan las dudas existentes en torno a la confiabilidad de las cifras de incidencia delictiva que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: ni a quien las publica, ni a quien las genera, y tampoco a quienes las utilizamos para analizar la situación de estos fenómenos en el país. Mucho menos a quienes en los tres niveles de gobierno recurren a ellas para planear o diseñar estrategias en respuesta a ellos. Dado que estas dudas no son pocas y el Secretariado admite varias de ellas, ¿por qué no reconocer la necesidad de un mecanismo de auditoría de estos datos? No sería sencillo, pero es cierto que no seríamos el primer país en hacerlo, como se explica más adelante.

Las interrogantes a las que me refiero no giran en torno a la limitación intrínseca de los datos y sus implicaciones. Sabemos que esta información proviene de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas y que éstas son apenas una pálida imagen del total de delitos que ocurren en el país, la mayoría de los cuales no se denuncia, como lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Pero a falta de encuestas de victimización con representatividad a nivel municipal (hoy inexistentes, entre otras cuestiones, porque su costo sería muy elevado), el número de denuncias son una aproximación válida al fenómeno si se tiene en claro este punto.

Los problemas van por otro lado. Varios análisis muestran que a menudo las cuentas no cuadran entre lo que registraron las procuradurías estatales y lo que finalmente reportaron al Secretariado. En ocasiones, la cifra de denuncias que publica a nivel municipal el desconcentrado de Gobernación no corresponde necesariamente al municipio en el que ocurrieron (ver imagen). En el caso del homicidio, el número de víctimas dista mucho del registro que lleva el INEGI para el mismo delito. A veces, se realizan ajustes en las cifras sin que se demuestre públicamente el motivo (ver Anexo 2 de este documento del Observatorio Nacional Ciudadano). En estas circunstancias, sólo una buena dosis de fe ciega impediría a cualquiera demandar que la calidad de la información mejore.

Consideraciones sobre la naturaleza de la información que el SESNSP publica en su sitio en línea al acceder a la sección de consulta de datos de incidencia delictiva

Incidencia delictiva SNSP

Entre los lectores de estas líneas debe haber pocos que no lo sepan, pero hay que apuntar que el Secretariado no saca los datos en cuestión de un sombrero, sino que éstos provienen de las procuradurías de justicia de las entidades federativas, que son las responsables de la calidad de los mismos. También, que las entidades federativas proporcionan esta información mes a mes al Secretariado no porque estén realmente obligadas a hacerlo, sino por un acuerdo aprobado en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública apenas en 2009.

Dejar un asunto de esta relevancia a un acuerdo de buena voluntad no solamente pone en riesgo la sostenibilidad de este ejercicio de transparencia, sino que hace imposible someter la información a los ejercicios de verificación que se requieren, dado que un mecanismo como éste no está previsto. ¿Existe una buena razón para que, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de los recursos públicos, las cifras de incidencia delictiva no sean fiscalizadas para verificar si el número reportado coincide con el de averiguaciones previas iniciadas? Aunque las averiguaciones previas no son recursos públicos como tal, sí son un indicador de gestión gubernamental, por lo que debe poder ser sometido a escrutinio, con absoluto respeto a los datos personales de los involucrados en ellas.

¿Cómo se ha realizado similar ejercicio en otros países? Aunque el siguiente caso se refiere a registros policiales debido a que en el Reino Unido las denuncias son registradas por la policía y no por un Ministerio Público como en México, sirve para ilustrar el punto. Ocurrió en 2014 en el Reino Unido, donde la Autoridad Estadística –un órgano independiente que promueve y salvaguarda la calidad de las estadísticas oficiales– retiró su certificación de calidad como “Estadísticas Nacionalesa las cifras criminales de la policía de Inglaterra y Gales ante el “acumulamiento de evidencia” en el sentido de que podrían no ser confiables, justo cuando éstas registraron un descenso que un comité especializado en el Parlamento consideró “exagerado”.

Dos de las conclusiones del mencionado estudio, que concluyó en la revisión de las estadísticas de Inglaterra y Gales, no tienen desperdicio por su claridad: “Es vital que el Gobierno asegure la precisión y confiabilidad de los datos de los crímenes registrados por la policía. Éstos proveen una fuente crucial de inteligencia para ésta e informa su despliegue operacional. (…) El subregistro o los errores de clasificación del crimen erosionan la confianza pública en la policía y socava la confianza de los oficiales de primera línea en sus liderazgos: crea dudas sobre el hecho de que el público será tomado en serio cuando reporte un crimen.”

¿En qué concluyó la investigación? Se detectó un subregistro de 19 por ciento de los crímenes reportados a la policía correspondientes a 800 mil casos. “Se está defraudando a las víctimas”, sentencia el documento.

De regreso a México, en un ejercicio de imaginación donde quedaría aprobada la propuesta de fiscalizar las cifras delictivas, lo siguiente que habría que plantearnos en seguida es quién debería ser el responsable de llevar a cabo esta tarea, ¿el SESNSP con nuevas atribuciones para este fin o los órganos de fiscalización correspondientes en los estados? Es posible que el primero sea el más adecuado para esta tarea si consideramos que es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del cual forman parte los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, este organismo cuenta con capacidad instalada para recibir la información proveniente de las entidades federativas.

Nos urge empezar a discutir esta posibilidad. De nuevo: a nadie conviene la desconfianza en las estadísticas delictivas. Someterlas a una fiscalización independiente fortalecerá –y no lo contrario– las instituciones de seguridad. Sin confianza, los datos no pueden convertirse en la información que requerimos para el diseño de estrategias para prevenir y hacer frente a los delitos que nos afectan. Comencemos este necesario debate.

 

* Lilian Chapa Koloffon es investigadora del programa de Seguridad Pública de México Evalúa

 

 

Con excepción quizás de delitos como el homicidio o el robo de automóvil, que tendrían supuestamente una “cifra negra” menor.

Dicho estatus sirve como una marca de que los datos fueron analizados de manera independiente para que cumplan los estándares definidos en el Código de Prácticas para Estadísticas Oficiales.

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