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Cinco pasos en la ruta de la integridad en Pemex
A Pemex le hace falta crear mecanismos para prevenir y mitigar riesgos de corrupción como el recién revelado de la empresa Vitol, que en un esquema de sobornos a través de empresas fantasma y consultorías falsas obtenía información privilegiada para ganar contratos, los cuales se siguieron entregando hasta julio de 2020.
Por María Fernanda Ballesteros
17 de diciembre, 2020
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Ha estallado un caso más de corrupción (anunciado por autoridades estadounidenses) en Pemex, la empresa que de acuerdo con el presidente será la palanca de desarrollo de nuestro país. Es un momento adecuado, entonces, para recordarle al Ejecutivo y a los demás stakeholders de la empresa que su mal desempeño no se ha limitado a la parte financiera. Crear una cultura de integridad y ética y contar con mecanismos para prevenir y mitigar riesgos de corrupción deberían ser prioridades para los órganos al interior de la compañía, y para el Estado mismo, como su dueño. Queda evidenciado, una vez más, que no es así.

En estos días la nota de corrupción involucró a Vitol, uno de los mayores operadores del mercado de petróleo y sus derivados, y a su interacción indebida con empresas petroleras estatales de países latinoamericanos, entre ellas Pemex. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, algunas de las prácticas ilegales que esta empresa llevó a cabo tuvieron que ver con la creación de empresas fantasmas y consultorías falsas, un esquema de corrupción tramado para poder integrar el costo de los sobornos a funcionarios de empresas de Brasil, México y Ecuador, con los que obtendrían a cambio información privilegiada que les permitiera tener una ventaja frente a sus competidores (por ejemplo, para conocer con antelación el precio exacto con el que podrían comprar de las empresas estatales). Estos sobornos, según ha trascendido, se siguieron otorgando en México hasta julio de este año, y supuestamente le permitió al operador tener mejores términos en contratos de trading, además de afianzar contratos con las empresas estatales involucradas.

El presidente señaló, siguiendo el guion habitual, que estos actos se investigarían y que él no sería tapadera de nadie. Pero lo cierto es que México no participó en las investigaciones que llevaron a la revelación y sanción de estos hechos, como sí lo hicieron las autoridades brasileñas, por las acciones que involucraban a Petrobras. En Ecuador, Petroecuador al menos retiró a Vitol de su lista de empresas contratistas y está trabajando con la Procuraduría de su país para evaluar cuánto le habría costado el plan de corrupción liderado por Vitol. ¿Y en México? Nada. Todo se queda una vez más en palabras vacías. El presidente no dio ningún dato que nos diera luz de por dónde iba su investigación.

Pero acaso lo más grave es que Pemex tampoco dio detalles de nada. Algunos medios manejan que PMI, empresa filial de Pemex, es el costado por donde entraron los problemas en el caso Vitol. Pero son puras especulaciones, pues ni en la página de Pemex, ni en la de PMI (cuya última actualización fue en 2016) se presenta información al respecto.

Por algún lugar hay que empezar…

Sin duda la corrupción es un problema muy difícil de investigar y de solucionar. Más difícil, cuando no se hace absolutamente nada al respecto. Será falta de capacidad o falta de voluntad, porque sí hay estrategias de mejora puntuales que se podrían desarrollar. A las autoridades involucradas les pasamos al costo cinco recomendaciones, producto del trabajo de investigación en México Evalúa, para hacer más efectivo en el combate a la corrupción en la empresa favorita del presidente:

1. Mayor difusión de información sobre las empresas filiales de Pemex

En nuestro Índice de Transparencia Corporativa de México Evalúa (IT-EPE) descubrimos que Pemex no informa ni lo básico de sus empresas filiales, como PMI. Los consejeros de cada filial son responsables de presentar reportes al Corporativo de Pemex; sin embargo, no se difunde nada de los mismos, y en los reportes anuales de Pemex se consolida la información de desempeño de todas estas empresas. Resultado: no es posible conocer su cumplimiento de obligaciones y objetivos.

Como lo señalamos en el IT-EPE, ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se pronunció sobre el riesgo para la cuenta pública derivado del hecho de que las empresas filiales residentes en el extranjero tengan tan pocos controles y haya tan poca información sobre ellas.  Y no es menor: Grupo PMI administra más de 500 mil millones de pesos en operaciones diversas de comercio internacional y servicios, y toma decisiones sobre aspectos fundamentales como pago de dividendos, contratación de deuda, otorgamiento de préstamos a otras empresas del Grupo e inversiones en el capital social de empresas extranjeras.

2. El Consejo de Administración de Pemex debería darle la máxima consideración a los riesgos de corrupción

Dentro de la estructura de las Empresas Productivas del Estado no se han creado las instituciones o mecanismos que consideren que los riesgos no financieros —entre ellos, riesgos de corrupción— también son estratégicos para la empresa.

En Brasil, por tomar una realidad cercana, existe la obligación legal de diseñar diferentes controles. El Consejo de Administración de Pemex, gracias a su régimen especial, también podría crear algunos de esos controles; por ejemplo, la obligación de tener un Chief Risk Officer —director de Riesgos—, responsable de gestionar riesgos no sólo financieros, sino también de corrupción (operativos) y de cumplimiento (compliance).

Y es que en Pemex ya se generaron lineamientos para manejo de riesgos financieros, los cuales se reportan al Comité de Auditoría, pero este tipo de mecanismos están ausentes en el caso de corrupción. Parecería que el Consejo no trata de forma estratégica el manejo de este otro tipo de riesgos.

3. Transparencia en compras públicas

Como decimos, Pemex cuenta con un régimen especial, que le permite a su Consejo de Administración determinar sus normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras. Desde que se instauró este régimen hay menor información, y de peor calidad, de sus compras. La plataforma interna de Pemex no es pública; en el Portal de Obligaciones de Transparencia es escasa y mala en términos de accesibilidad, oportunidad y completitud. Si no se crean desde el interior las políticas que suplan a los controles externos que existían, el riesgo de un mal uso de los recursos no hace otra cosa que crecer.

Por ello en nuestro Mapa de Vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas proponemos reevaluar aspectos del régimen especial de las EPE, incluyendo controles externos en materia de compras públicas, sobre todo si consideramos que se ha optado por no seguir impulsando un esquema de competencia en el sector.

4. La política de propiedad debe tener objetivos formales de combate a la corrupción

El Estado mexicano tiene que ser un dueño responsable de sus empresas productivas. Eso implica mantenerse separado de su operación del día a día, pero sin dejar de involucrarse en temas estratégicos y de llamarlas a cuentas.

Una de las principales fallas que notamos, y que consignamos en el Mapa, fue la ausencia de vigilancia en materia de corrupción.

Ya desde que elaboramos el IT-EPE nos sorprendió la falta de programas y seguimiento a la política anticorrupción y de responsabilidad corporativa en las EPE, por parte de sus Consejos de Administración, quienes prácticamente nunca discuten en sus sesiones sobre estos aspectos.

En ese sentido, las entidades que representan al Estado como dueño de Pemex tendrían que  generar los incentivos para que el Consejo tome con la seriedad que se merecen, con formulación de objetivos y metas, los riesgos de corrupción al interior.

5. ¡Se debe nombrar un comisario!

Ya había advertido que en Pemex ni siquiera se ha nombrado al comisario de la empresa, encargado de vigilar al Consejo de Administración. De acuerdo con la Ley de Pemex en lo que toca a la designación del comisario, el Ejecutivo Federal solicitará al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que le proponga una terna de personas que enviará a la Cámara de Diputados, y ésta deberá designar por mayoría calificada al comisario a partir de dicha terna. En la administración anterior se presentaron ternas en dos ocasiones, pero nunca se logró un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En esta administración ni el Legislativo ni el Ejecutivo han siquiera tocado el tema. ¿Acaso creerán que no hacen falta mayores y mejores controles al interior de Pemex? Si es así, la realidad no hace otra cosa que contradecirlos.

@mexevalua

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