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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Una alternativa a la Guardia Nacional
Un cuerpo policial con las capacidades y los recursos necesarios para atender las zonas críticas, con el objetivo de fortalecer la presencia de la autoridad en zonas de debilidad institucional y contribuir al proceso de desmilitarización de la seguridad pública, es una alternativa a la Guardia Nacional y sin reformar la Constitución.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
24 de enero, 2019
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Por: Alan López, Max Holst y David Ramírez-de-Garay

El pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que daría vida a la Guardia Nacional como uno de los principales instrumentos del Gobierno federal para atender la inseguridad.

Las voces a favor de la Guardia Nacional argumentan que es la única solución a la grave crisis en la que están insertas varias zonas del país. En México Evalúa estamos convencidos de que esto no es así. Por ello, en los foros sobre la Guardia Nacional que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, pusimos a disposición de los legisladores una propuesta concreta para romper con la militarización fortaleciendo progresivamente las capacidades institucionales de las policías civiles.

A través de este espacio presentamos nuestro planteamiento y hacemos un llamado a los senadores para que no sean omisos ante los problemas del actual dictamen y legislen a favor de un nuevo cuerpo policial que no continúe con la militarización de la seguridad pública y apuesten por el fortalecimiento de las instituciones civiles.

El punto de partida

En México Evalúa coincidimos con el diagnóstico de la nueva administración federal: los cuerpos policiales no han sido eficaces ni eficientes para garantizar la integridad física y patrimonial de los mexicanos. Sin embargo, también consideramos que la crisis de inseguridad no solo es achacable a las policías. Una política de seguridad ciudadana de largo plazo debe enfocarse en la generación de capacidades institucionales desde lo local y tomar en cuenta el aparato de justicia, el sistema penitenciario y la prevención del delito.

El punto de partida es la dignificación, profesionalización y fortalecimiento de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno. Esto implica corresponsabilidad en la construcción de la seguridad, a partir de diagnósticos claros y precisos sobre los retos institucionales y las dinámicas de violencia que deberán atender estas instituciones.

La consolidación de capacidades institucionales requiere del liderazgo federal en las siguientes acciones:

  1. Revisar el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública para identificar y modificar los factores que han impedido la correcta planeación, evaluación, monitoreo, coordinación y corresponsabilidad en el diseño de la política de seguridad ciudadana.
  2. Reformular el esquema de financiamiento, incluyendo monitoreo y evaluaciones, para las policías estatales. El estado actual desincentiva la corresponsabilidad de las entidades e incrementa su dependencia respecto a las aportaciones de la federación.
  3. Incluir mecanismos específicos de monitoreo, evaluación y transparencia de los recursos federales (FASP y FORTASEG) destinados a entidades federativas y municipios en materia de seguridad.
  4. Crear una Ley General sobre Desarrollo Policial para establecer lineamientos básicos y estándares de las corporaciones policiales en temas como carrera policial, régimen disciplinario y profesionalización, así como sus prestaciones laborales.
  5. Crear una Ley Nacional de Uso de la Fuerza que otorgue certeza jurídica al actuar de los integrantes de las corporaciones policiales.
  6. Diseñar un mecanismo de subsidiariedad entre los niveles de gobierno para formalizar y planificar la colaboración entre los cuerpos policiales.
  7. Fortalecer las evaluaciones de control de confianza de las instituciones de seguridad y crear un plan de desmovilización para los elementos que no las aprueben para evitar que se involucren en actividades criminales.
  8. Fortalecer el control al interior de las policías mediante la creación de unidades de asuntos internos en las corporaciones. De esta manera se podrá monitorear el desempeño de los elementos en apego al respeto de los derechos humanos y los protocolos de conducta, así como identificar casos de corrupción.
  9. Desarrollar capacidades de recopilación, sistematización y análisis de información en corporaciones policiales medianamente consolidadas en investigación y prevención. Por ejemplo, las policías de las principales zonas metropolitanas del país.
  10. Fomentar la evaluación periódica y transparente de las policías mediante la publicación de información sobre su estado. Por ejemplo, continuar con la publicación del Modelo Óptimo de la Función Policial y la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP).

Una alternativa a la coyuntura

Para mostrar que una Guardia Nacional de carácter militar no es la única alternativa para combatir la crisis de seguridad en México, proponemos crear un cuerpo policial con las capacidades y los recursos necesarios para atender las zonas críticas. Sus objetivos serían fortalecer la presencia de la autoridad en zonas de debilidad institucional y contribuir al proceso de desmilitarización de la seguridad pública. Sus características serían las siguientes:

Mando civil. Los elementos administrativos y operativos de este nuevo cuerpo policial dependerían directamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Formación policial. El proceso de formación de sus elementos consistiría en tácticas y estrategias policiales con algunos componentes militares, siempre en apego al respeto de los derechos humanos y con mecanismos de rendición de cuentas. La duración de esta formación sería de dos años e incluiría aspectos teóricos y prácticos. Los contenidos de los cursos de formación y capacitación serían definidos por mandos civiles, especialistas, organismos internacionales, con el apoyo de militares. Inicialmente, la capacitación estaría a cargo de los policías y militares. Este proceso de formación duraría los primeros tres años, hasta que se consoliden todos los mandos civiles especializados que puedan continuar con el proceso de capacitación.

Condiciones laborales dignas. Estas contemplarían: salario competitivo, prestaciones sociales, alojamiento, alimentación, becas para sus hijos, vestuario y equipo, estabilidad laboral, educación y desarrollo profesional.

Planeación y programación civil. Los despliegues operativos estarían basados en diagnósticos locales y regionales de las zonas prioritarias, elaborados por el mando civil en coordinación con las autoridades estatales y locales. Estos diagnósticos deberían ser presentados ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública para su revisión, para responder a las necesidades y acuerdos establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Despliegues operativos temporales. Estos responderían únicamente a las demandas y los fenómenos delictivos del fuero federal en las zonas que lo requieran; no en todo el país. Los despliegues tienen que ser temporales y con plazos bien definidos.

Mecanismos de subsidiariedad. Para activar el despliegue de este cuerpo policial, se requerirían mecanismos participativos y transparentes que analicen la pertinencia de la intervención. La primera opción sería a petición expresa de gobernadores o alcaldes. La segunda, cuando la federación identifique zonas con alta debilidad institucional y/o presencia del crimen organizado.

Proceso gradual de desmilitarización. En un inicio, el cuerpo policial se integraría por 50,000 elementos operativos: 16,000 de la Policía Federal y 34,000 elementos de las Fuerzas Armadas.

El reclutamiento se realizaría de manera anual y el retiro de los militares sería gradual a partir del tercer año. Considerando que la formación de los nuevos integrantes tomaría en promedio dos años, se podría estimar que para 2024 ya no habría militares realizando labores de seguridad pública en el país, como se muestra en los siguientes cuadros:

Los militares que se hayan incorporado a este cuerpo policial se desincorporarían temporalmente de las Fuerzas Armadas mediante una licencia, con la garantía de que al terminar su participación podrán reintegrarse a su cargo sin ninguna modificación de prestaciones ni salario. En caso de que lo deseen, podrían formar parte del cuerpo policial, renunciando a sus privilegios militares, pero manteniendo la jerarquía alcanzada durante su periodo de actividad.

Apoyo en investigación. El nuevo cuerpo policial sólo podría ayudar en procesos de investigación del orden federal, sin ninguna excepción.

Mecanismos para quejas. Se crearía una Unidad de Asuntos Internos para que los elementos del cuerpo policial y los civiles puedan presentar quejas anónimas sobre el desempeño institucional.

Evaluación y rendición de cuentas. Cada seis meses, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentaría un informe de resultados del cuerpo policial ante una Comisión Bicameral del Congreso de la Unión. Se realizarían grupos de trabajo con funcionarios, sociedad civil y académicos para analizar los resultados y generar recomendaciones enfocadas a mejorar el desempeño del cuerpo policial. Las recomendaciones emanadas se presentarían en el Consejo Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo se encargaría de su procesamiento e implementación.

Corolario

A diferencia de la creación de la Guardia Nacional, esta propuesta puede ser diseñada e implementada por el Ejecutivo sin reformar la Constitución. Nuestro planteamiento toma en serio tanto la desmilitarización, como la atención a la emergencia que existe en algunas regiones del país. El punto de partida es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los cuerpos civiles, seguido de la creación de un cuerpo policial con apoyo de las Fuerzas Armadas, pero con un claro esquema de desincorporación de militares.

No podemos caer en la desesperación y aceptar que la vía militar es el único camino. Si realmente quiere pacificar al país, el Gobierno federal debe apostar por la consolidación de instituciones de seguridad efectivas y sostenibles para los tres órdenes de gobierno. Propuestas como esta sí representan un paso contundente hacia la desmilitarización de las tareas de seguridad pública.

 

@mexevalua

 

 

Fuentes de información:

Ángel (2018). Con todo y Gendarmería, la Policía Federal tiene ahora mil agentes menos que al inicio del sexenio. Animal Político. Disponible aquí.

Policía Federal (2018). Informe de rendición de cuentas de la administración 2012-2018. Disponible aquí.

Sánchez (2019). Seguridad pública en el mundo: ¿quién está al mando? Nexos. Disponible aquí.

Vizcaíno, A. (2018). Gendarmería y otras soluciones para la Seguridad Pública y la Seguridad Interior. México: Editorial Libijus.

 

 

En general, los cuerpo híbridos o intermedios entre policías y militares tienen cumplen con estos dos objetivos (Vizcaíno, 2018).

La tendencia internacional de los últimos años consiste en tener a civiles a cargo de las instituciones de seguridad (Sánchez, 2019).

Se estima que la Policía Federal contaba con 37,293 elementos en 2018. Cerca de 10,000 elementos forman parte de las divisiones de inteligencia, investigación, científica y antidrogas. El resto, un poco más de 30,000, son elementos operativos de las divisiones de seguridad regional, gendarmería y fuerzas federales que pueden formar parte del nuevo cuerpo policial (Ángel, 2018; Policía Federal, 2018). Se sugiere realizar un proceso riguroso de depuración y asignar a 16,000 elementos al nuevo cuerpo policial; el resto seguirá formando parte de la Policía Federal.

Esta estimación se realiza con base en la propuesta actual del gobierno federal para comenzar a operar la Guardia Nacional con 50,000 elementos.

Se toma como base la propuesta del gobierno federal para reclutar 21,000 elementos durante el primer año y 14,000 durante cada uno de los años subsecuentes.

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