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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Contrarreforma penal: confundir los síntomas con la enfermedad y errar el tratamiento
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
15 de enero, 2015
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Por: Bernardo León (@bernardomariale)

El 9 de diciembre de 2014, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad de 98 votos un enorme paquete de reformas a 11 leyes (110 páginas sin contar la exposición de motivos) con el fin –en palabras de sus autores, los Senadores Roberto Gil y Arely Gómez– de mejorar la operación y funcionamiento del sistema procesal acusatorio.

Los cambios propuestos por el Senado fueron analizados por miembros de la sociedad civil y recibieron fuertes críticas. Quienes cuestionan la propuesta legislativa ven en ella una contrarreforma al sistema penal acusatorio aprobado en 2008. Dicho de otra manera, esta iniciativa se entendió como un intento de frenar la reforma de juicios orales que aún no se implementa en todo el país, al modificar el recientemente publicado Código Nacional de Procedimientos Penales que entrará en vigor en junio de 2016. Un resumen de los cambios y las posturas a favor y en contra fue publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). En el marco de este debate, el Senador Roberto Gil escribió un artículo en Excélsior para defender los cambios propuestos y mencionó que quienes consideran que se trata de una contrarreforma se basan en premisas erróneas. El presente texto busca aportar a la discusión, argumentando que los cambios aprobados por el Senado no sólo no mejorarán el funcionamiento del sistema, sino que crearán nuevos problemas.

Dentro del paquete de reformas –que requieren una discusión más amplia–, destacan las modificaciones a los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan el derecho de los imputados a presentar y desahogar pruebas en el llamado plazo constitucional, durante el cual se determina su vinculación o no al proceso penal. En caso afirmativo, esto implica que se abre una investigación formal acerca de su posible participación en la comisión de un delito y eventualmente una acusación en su contra. En la Audiencia Inicial del nuevo proceso penal, se resuelven cuatro puntos: a) la legalidad de la detención (si es el caso), b) la formulación de la imputación, c) las medidas cautelares (entre las que está la prisión preventiva) y d) la propia vinculación a proceso.

Es interesante observar cómo se desarrolla esta audiencia: primero el Ministerio Público (MP) hace su imputación, en seguida se dictan las medidas cautelares al imputado (como la prisión preventiva, por ejemplo) y sólo después se determina la vinculación a proceso. Esta cronología es sorprendente sobre todo si se considera lo que establece el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, respecto de la prisión preventiva: El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Por ejemplo, si una persona es imputada por el delito de robo con violencia, el juez deberá decretar oficiosamente la prisión preventiva. Sin embargo, si en la audiencia de vinculación a proceso se demuestra que fue “robo simple”, entonces el juez deberá reconsiderar la prisión preventiva y decretar la libertad o confirmar o modificar la medida cautelar. Esto parece un laberinto legal innecesario y absurdo.

Ya que las medidas cautelares se fijan oficiosamente, el momento en que los defensores del imputado realmente pueden combatir la imputación del MP (que busca llevar a su cliente a prisión preventiva) no es durante la discusión de esas medidas, sino en la vinculación a proceso, que es cuando se pueden revertir ya que ahí se discuten los méritos de la imputación. En este sentido, los artículos 314 y 315 del Código Procesal son fundamentales porque permiten a los defensores ofrecer pruebas y desahogarlas ante el juez para que determine la vinculación a proceso. Sin embargo, la cuestión se complica porque esta audiencia se vuelve un “mini juicio” que puede alargarse muchas horas, donde se siguen las reglas del juicio oral y se desahogan pruebas y testigos aun cuando es una audiencia preliminar y todavía falta el propio juicio oral.

Infografía realizada por Miguel Cedillo

Infografía realizada por Miguel Cedillo

Según el Senador Gil, la minuta aprobada por el Senado que modifica estos artículos intenta remediar esta situación (el alargamiento de las audiencias), forzando a la defensa a descubrir las pruebas y testigos que va a ofrecer en este “mini juicio” de manera anticipada ante el MP, bajo la premisa de que si no se incorporan dichas pruebas en la “carpeta de investigación” no podrán presentarse ante el juez. En caso de que el MP no quiera incorporarlas, entonces habrá una audiencia a más tardar en seis horas para que el juez ordene la incorporación. Posteriormente, la audiencia de vinculación iniciará con la presentación de los registros de investigación.

La propuesta aprobada por el Senado genera diversos problemas al proceso penal: a) afecta la garantía de la defensa, ya que obliga al imputado a descubrir todas sus pruebas de manera previa ante el MP, que, como dijimos, es su acusador; b) convierte al MP en un censor –impugnable, pero censor al fin– de las pruebas que va a presentar la defensa, lo que contradice el espíritu y la letra del artículo 20 constitucional y del sistema acusatorio ya que el MP se convierte en juez y parte; c) en más de un sentido, convierte a la carpeta de investigación en una forma oblicua de averiguación previa, esperpento inquisitivo que se eliminó en la reforma penal de 2008, y d) no sólo complica el proceso, sino que incluso lo puede alargar, ya que inevitablemente la defensa recurrirá, muy probablemente, a la audiencia ante el juez seis horas después y posteriormente, al amparo.

Evidentemente, la propuesta de los Senadores para hacer frente al supuesto problema de audiencias prolongadas no es la solución. Las audiencias son prolongadas no porque se desahoguen ante un juez sino porque en ellas se decide la cuestión delicadísima de la prisión preventiva que, como dije arriba, es obligatoria en muchos casos. Me explico: la Audiencia de Vinculación a Proceso es una excepcionalidad mexicana en el proceso penal, que no existe en otras partes del mundo. La razón de su existencia está vinculada a dos figuras del nuevo proceso penal mexicano: a) la prisión preventiva oficiosa y b) el estándar probatorio necesario para la propia vinculación.

En otros países, el Fiscal puede imputar un delito a una persona, lo que implica que va a investigar su conducta y en su caso (en un periodo preestablecido) se le acusará y juzgará. Para garantizar su asistencia al juicio, o para evitar que dañe nuevamente a la víctima o destruya evidencia se le podrán dictar medidas cautelares. En este sentido, considerando que cualquier imputado es “presuntamente inocente”, no se discuten los méritos de la imputación más que con el objeto de dictar las propias medidas cautelares. No hay un “mini juicio”.

Sin embargo en México, dado que la prisión preventiva se establece de manera “oficiosa” (es decir, obligatoria) a partir de una larga lista de delitos y que para que esto suceda es suficiente la imputación del MP, los defensores de derechos humanos consideraron que era necesario que se discutieran los méritos de la imputación en una tercera audiencia, para que no se abusara de la prisión preventiva, y determinaron que sólo se vinculará a proceso a un imputado si se justifica que: “…se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión” (artículo 19 constitucional). Así, en el caso de que sea muy frágil la imputación del MP, podrían revocarse las medidas cautelares.

Dicho de otra manera, la cuestión no gira en torno a la extensión de las audiencias de vinculación a proceso, la cual se puede alargar considerando que la libertad de un imputado depende de ello. Por eso la necesidad de presentar pruebas y de no descubrirlas de manera previa ante su acusador. El tema medular radica en la necesidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa y en esa hipótesis eliminar la audiencia de vinculación a proceso, que perdería toda razón de ser. Entonces la Audiencia Inicial podría ser mucho más ágil y sería completamente innecesario desahogar pruebas a favor y en contra de la imputación, porque no tendrían ningún efecto jurídico, en todo caso el debate se centraría en la necesidad de medidas cautelares o en el monto de la fianza, de ser necesario.

Los senadores confundieron el síntoma con la enfermedad. La verdadera enfermedad es la prisión preventiva oficiosa y por lo tanto, si ésta última se elimina, la Audiencia de Vinculación a Proceso se vuelve innecesaria y tendría que eliminarse también, imposibilitando la demora que tanto les preocupa. Así visto el problema, la supresión de la prisión preventiva oficiosa y de la audiencia de Vinculación a Proceso son los verdaderos tratamientos. Muchos de mis colegas miembros de la Red para los Juicios Orales coinciden en la necesidad de eliminar la prisión preventiva de oficio y de que ésta se decida con base en dos elementos: el presupuesto material (que existan elementos fundados para estimar que el imputado participó en la comisión de un delito) y la necesidad de cautela. Es decir, la prisión preventiva no debe depender del tipo de delito sino del riesgo de fuga, riesgo para la investigación y riesgo para el proceso.

En suma, la reforma que se pretende realizar a los artículos 314 y 315 del Código Procesal no sólo desconoce el problema de los “mini juicios” sino que lo agrava y —además— genera otros adicionales, que se creían desterrados por el sistema acusatorio. Y al confundir los síntomas con la enfermedad, el tratamiento resulta equivocado.

 

* Bernardo León es experto y consultor en el tema de reforma al sistema de justicia penal acusatorio y miembro de la Red para Los Juicios Orales. El autor agradece los comentarios y aportaciones a este artículo de Miguel Sarre, Bertha Alcalde, Carlos Ríos, Alonso González-Villalobos, Iker Ibarreche, Rodolfo Félix, Javier Carrasco, Martín Carlos Sánchez, Layda Negrete y Leslie Solís.

 

 

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