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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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¿Cuánta tortura? El legado de la escaramuza Meade vs. Méndez
Es entendible que un gobierno no tenga ganas de aceptar públicamente que la tortura es una práctica común, o cotidiana, en sus instancias de justicia. Sin embargo, el desmentir el hecho no lo hace desaparecer.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
30 de abril, 2015
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Por: Layda Negrete (@LaydaNegrete) y Leslie Solís (@Leslie_fs)

En los últimos dos meses, los interesados en la defensa de los Derechos Humanos en el país seguimos atentos el enfrentamiento entre el Gobierno Federal, representado por el canciller José Antonio Meade, y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. El altercado se desató cuando este último declaró públicamente que en su visita a México durante 2014 encontró que: “la práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación, está generalizada”.

La declaración no sorprendió a la audiencia especializada. Año con año organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos atestiguan el uso de la tortura por fuerzas tanto federales como locales. Esta apreciación ha sido la misma desde hace décadas y, por tanto, el episodio habría pasado relativamente desapercibido si no fuese por el sorpresivo apasionamiento con que el gobierno federal negó la calificación. La inusitada atención al debate resaltó la pregunta central que dio origen al mismo: ¿cómo medir la incidencia de tortura en México?

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Las armas de la contienda: cómo mide la ONU la incidencia de tortura y cómo la mide el gobierno mexicano

En el informe que publicó en diciembre del 2014, el Relator de la ONU reconoció que es difícil conocer un número real de casos de tortura puesto que en México actualmente no existe un registro nacional del fenómeno y, además, porque muchos casos no se denuncian por temor a las represalias. A pesar de la dificultad que anticipó, el Relator usó varios medios de información para evaluar la frecuencia y las formas de tortura, todas ellos descritos en su informe. Entre las fuentes citadas se encuentran los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como las Encuestas a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Méndez también consideró los casos de tortura documentados por organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, tomó en cuenta las entrevistas que llevó a cabo con internos y víctimas directas e indirectas de tortura. A principios de abril, el propio Relator aclaró que había realizado cientos de entrevistas, y no sólo las 14 sobre las cuales emitió recomendaciones específicas.

tPor su parte, el canciller Meade afirmó que la tortura no es generalizada en México y que aunque existen retos significativos en este tema, la valoración de generalización ”no corresponde a la realidad”. ¿En qué evidencia basó su postura? El Secretario de Relaciones Exteriores citó la aprobación de reformas legislativas en materia de derechos humanos. Lamentablemente, la aprobación de una ley no es un buen medio para medir un fenómeno empírico. De la misma forma en que no es posible afirmar que la aprobación de una ley antisecuestro genere una reducción en la incidencia de secuestro, tampoco podemos sostener que reformas legislativas en defensa de los derechos humanos provoquen una mayor protección de éstos, y México es un caso paradigmático que confirma el divorcio entre la ley y la realidad. A principios de abril, Meade optó por dar por terminada la discusión con el Relator, no sin antes concluir que su valoración había sido carente de objetividad. La postura del canciller, en su conjunto, refleja una carencia del gobierno que representa. El Gobierno Federal no mide ni da seguimiento alguno al fenómeno de la tortura y, así las cosas, le es imposible al Secretario de Relaciones Exteriores acompañar sus afirmaciones con datos.

El termómetro de la tortura: cómo podría medir la tortura el Gobierno Federal

Por definición, la medición de la tortura es una tarea compleja, para la cual existen cuando menos dos aproximaciones: una clínica y una de política pública.

La aproximación más frecuente respecto de la medición de la tortura tiene un enfoque clínico. Esto quiere decir que la mayoría de los mecanismos para confirmar la existencia y efectos de la tortura tiene que ver con métodos de investigación aplicados a un individuo que ya se duele de haber padecido el delito. El Protocolo de Estambul, por ejemplo, es un manual para detectar tortura una vez que esta ha sido alegada.

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La desventaja del conteo a través del enfoque clínico es que no todos los casos de tortura tienen la misma probabilidad de ser conocidos como punto de partida. Esto es lo que llaman en estadística un problema de selección. Es decir, no todos los individuos tienen los medios para acudir a denunciar. Tampoco todos ellos tienen el valor de hacerlo. Además, existe una barrera institucional: si tomamos en cuenta que, presumiblemente, las víctimas de tortura están privadas de la libertad por sus propios torturadores, la posibilidad de que las víctimas logren encauzar una queja de forma oportuna y efectiva parece improbable. Por lo tanto, podemos asumir que los episodios documentados clínicamente como tortura constituyen un mínimo de incidencia de tortura, no su promedio ni su punto máximo.

Una forma alternativa de medir la tortura tiene un enfoque de política pública y usa encuestas a usuarios del sistema de justicia para realizar la medición. Es decir, se entrevista a una muestra representativa de personas que han estado en contacto con autoridades de este sistema. Un ejemplo de este tipo de encuestas es la que realiza año con año el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En ésta, el objetivo no es comprobar si un individuo en particular padeció o no la tortura, sino encontrar patrones: ¿cuál es la frecuencia de tortura en determinada jurisdicción?, ¿quién es la autoridad más propensa a ser identificada como responsable de la tortura?, ¿qué tipo de maltratos podrían ser los más comunes?, ¿dónde ocurren?, etc.

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La ventaja de las encuestas es que se aproximan a una población más amplia que la que compone la población de denunciantes de tortura. En efecto, permite entrevistar a una muestra de usuarios que en condiciones de anonimato puede llegar a ofrecer información de gran utilidad.

La desventaja de las encuestas es que pueden existir sesgos al responder. Es razonable suponer que las personas que fueron detenidas podrían estar motivadas a reportar en exceso maltratos por parte de las autoridades. Es por ello que este tipo de mediciones podría, razonablemente, medir una incidencia máxima de tortura.

En este contexto, la incidencia de tortura podría encontrarse en un lugar entre las denuncias documentadas de tortura y las frecuencias captadas por las encuestas. Ambos métodos son útiles y ambos fueron usados por el Relator de Naciones Unidas.

De la negación sistemática de la tortura hacia una agenda Post-2015 que permita medir los avances de la justicia

Actualmente, el tema de la justicia ocupa un lugar primordial en el marco de la negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también llamados Objetivos Post-2015. De hecho, la propuesta para el objetivo 16 es “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”.

Sin duda, no se puede lograr el objetivo 16 de los ODS en tanto no se erradique la tortura y no se sancione a quienes la lleven a cabo. En este sentido, el debido proceso es parte esencial no solamente de la justicia, sino también del desarrollo. ¿Cómo vamos a medir el avance de esta meta?

Si el Gobierno Federal busca ser serio e ir más allá de la simple negación de la tortura, tiene que comenzar a medir este fenómeno de forma sistemática. Asimismo, es necesario que investigue y sancione estos hechos. En este sentido, entre las recomendaciones del Relator Méndez, se encuentran propuestas muy relevantes, como las de ordenar que los fiscales y jueces excluyan cualquier prueba o declaración que haya sido obtenida bajo tortura o malos tratos, llevar a cabo un registro inmediato y completo de las personas detenidas seguido de un examen médico conforme al Protocolo de Estambul, garantizar el acceso a un abogado desde el momento de la detención, asegurar que las declaraciones solamente tengan validez si se rinden en presencia de un defensor, así como seguir capacitando a los servidores públicos para prevenir la tortura.

A nadie le gusta reconocer sus debilidades. Es entendible que un gobierno no tenga ganas de aceptar públicamente que la tortura es una práctica común, o cotidiana, en sus instancias de justicia. Sin embargo, el desmentir el hecho no lo hace desaparecer. Al contrario, la negación del problema conlleva el riesgo de no atenderlo. Reconocer que México tiene un problema con la tortura es el primer paso – y uno indispensable – para resolverlo. En este sentido, medir este fenómeno es fundamental para poder tomar decisiones informadas en un tema tan importante como lo es la tortura.

 

* Layda Negrete es Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa, y Leslie Solís es Investigadora del Programa de Seguridad y Justicia. Las autoras agradecen a Miguel Cedillo por la elaboración de los cuadros, así como a Laurence Pantin, Edna Jaime y Ana Laura Jaso por sus comentarios.

 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) darán continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y serán objeto de votación por la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre de 2015.

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