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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Delitos en los estados: algunas cuentas no cuadran
Aún no podemos soltar el tema: la calidad de la información de incidencia delictiva proveniente de las procuradurías de justicia estatales que publica mes a mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es cuestionable.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
25 de agosto, 2014
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Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)

A estas alturas y todavía no podemos soltar el tema: la calidad de la información de incidencia delictiva proveniente de las procuradurías de justicia estatales que publica mes a mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es cuestionable. Lo cierto es que para hacer tal afirmación y si queremos que se corrija el problema para contar con información precisa y confiable, es preferible ser más específicos.

Al revisar el sitio en línea del Secretariado, nos surgió una duda que, aunque muy básica, no encontró respuesta, pese a que, atendiendo al criterio de la claridad en la información, este tipo de especificaciones deberían estar ahí expuestas. Aquí va: las cifras de denuncias que observamos publicadas en línea a nivel municipal, ¿corresponden al lugar donde ocurrió el presunto delito o donde se denunció?

Estaremos todos de acuerdo en que se trata de dos distintas posibilidades y que, para poder comparar la información entre un municipio y otro, los datos reportados por todas las procuradurías de justicia estatales deberían referirse a lo mismo. Lo único que podría estar a discusión es por cuál de las dos opciones se debería optar. Mientras el lugar de los hechos es definitivamente útil para analizar el fenómeno delictivo, evaluar la efectividad de estrategias de seguridad y, en general, para exigir la rendición de cuentas de las autoridades responsables, el lugar de registro de la averiguación previa solamente es valioso para fines administrativos internos de la procuración de justicia. Si este último no es el más indicado para analizar el estado que guarda la seguridad pública en estados y municipios, ¿por qué debería reportarse bajo tal criterio entonces?

Ante la duda, procedimos a solicitar a las procuradurías de justicia de un grupo específico de estados un reporte de la incidencia de un conjunto de delitos violentos por el lugar o municipio de ocurrencia. Solicitamos los datos de 2011 a 2014 para los delitos siguientes: homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia y lesiones dolosas.

Con las respuestas en mano el siguiente paso fue comparar la información por municipio, año y delito con la que publicó el Secretariado, con base en información de las mismas procuradurías. Si la variación entre los datos de ambas fuentes no era considerable, se confirmaría que el criterio de las procuradurías para reportarle al SESNSP la incidencia es por lugar de ocurrencia. Si discrepaban, estaríamos ante dos tipos de reporte diferentes. Compartimos un resumen de nuestros hallazgos más relevantes. El resultado para más de un estado, adelantamos, es para preocuparse y esperar una explicación de las procuradurías.

 

Tamaulipas: Presenta disparidades considerables en homicidio doloso, secuestro, y extorsión

En el caso de homicidio doloso, el reporte para el Secretariado presentó en 2011 un total de 153 averiguaciones previas menos que el total de la cifra que nos proporcionó la misma dependencia refiriéndose a las registradas por lugar de ocurrencia. 707 contra las 860 que tiene registradas por el municipio donde ocurrieron. ¿Dónde quedó ese 18 por ciento de averiguaciones previas que faltan? Para 2013, el reporte del Secretariado también se quedó corto por 105 averiguaciones previas, lo que representa una diferencia de 18.7 por ciento.

En secuestro, faltaron 44 averiguaciones previas para 2013. El total anual de Tamaulipas publicado para ese año es de 176 averiguaciones previas mientras que la cifra total que nos dio la procuraduría estatal por lugar de ocurrencia es de 220: 20 por ciento menos. ¿Qué fue de esos casos?

Para extorsión, en 2013, el estado reportó al Secretariado 33 averiguaciones previas menos de las que registró por lugar de ocurrencia. 176 contra 220, lo que corresponde a 15 por ciento menos.

 

Guerrero: En 2011 reportó al Secretariado 65 averiguaciones previas por secuestro: menos de la mitad de las que tenía registradas por su lugar de ocurrencia, que suman 137. ¿Por qué desaparecieron esas 72? En extorsión, el reporte de 2012 del SESNSP es 93.3 por ciento inferior al que recibimos de la procuraduría estatal: 1995 averiguaciones registradas por lugar de ocurrencia contra 133 reportadas al Secretariado. ¿Cuál es la explicación para una diferencia de tal magnitud?

 

Veracruz: En el oficio de respuesta indica que “la base de datos institucional no permite identificar el dato estadístico en los términos requeridos”, es decir, por lugar de ocurrencia de los hechos. Conclusión: la PGJE de Veracruz no lleva un registro del municipio donde ocurren los presuntos delitos. Si la procuraduría no tiene esta información y, dado que la policía de hecho no tiene conocimiento de todos los delitos que se denuncian, ¿alguien sabe realmente qué está ocurriendo en materia de seguridad en Veracruz a nivel municipal?

 

Distrito Federal: Se encuentra en un caso similar al de Veracruz, o en uno de una gran opacidad pese a haber respondido por un canal oficial como lo es la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública de la capital del país. Con recurso de revisión de por medio, la Procuraduría capitalina afirmó que “no cuenta con la información desagregada en los bancos de datos respecto al lugar de ocurrencia por delegación de manera mensual de los delitos solicitados”. Esto resulta inverosímil o constituye una falta, ya que la legislación local de transparencia y acceso a la información establece que una información aún más desagregada como el de la “incidencia delictiva por principales colonias” es información pública de oficio que debe publicar cada mes la dependencia (Ver este útil documento al respecto).

 

Sabemos que la situación que nos ocupa en Tamaulipas y Guerrero no es algo de lo que el SESNSP no estuviera enterado al menos en parte, toda vez que en una alerta que aparece en su sitio justo antes de poder acceder a la sección de incidencia delictiva acertadamente se precisa –aquí sí– con claridad:

El usuario debe tomar en cuenta que es posible que en este momento no todos los municipios o delegaciones de una entidad federativa estén incluidos en el reporte, o que todos los delitos hayan sido geo-referenciados de manera adecuada a nivel municipal, por lo que los datos no son comparables de manera directa con los reportados a nivel estatal. En algunas entidades, el reporte se realiza a nivel de distrito, que puede comprender uno o varios municipios.

Sin embargo, las disparidades encontradas a nivel estatal sí nos señalan un problema toda vez que independientemente de dónde se concentren las averiguaciones previas administrativamente, el número total de registros por lugar de ocurrencia debería coincidir con el total de registros por lugar de apertura de la averiguación. Una discrepancia podría justificarse solamente si esta diferencia apareciera en la categoría de “sin datos” para el lugar de ocurrencia de los hechos. Cabe señalar que ninguno de los estados a los que les hicimos la solicitud de información incluyó tal categoría. Y ojo: la alerta del Secretariado advierte de posibles errores de geo-referenciación del delito, pero nada menciona sobre la disparidad de los criterios de reporte. De hecho, si tuviera conocimiento de esto, tendría que reconocer que la información a nivel estatal tampoco es comparable, lo que dejaría la base de datos, tal y como está, inservible (¡gulp!).

Expuesto todo lo anterior, tenemos dos conclusiones en claro.

  1. No todos los estados reportan de la misma forma al Secretariado la información delictiva: por lo menos Tamaulipas y Veracruz lo hacen con respecto al lugar donde se registró la averiguación previa, mientras que otros, como por ejemplo Sinaloa y Coahuila, lo hacen respecto al lugar de ocurrencia de los supuestos delitos.
  1. Las sumas no cuadran y en algunos estados “faltan” delitos: en algunos años y delitos específicos, las procuradurías estatales de Tamaulipas y Guerrero registraron en total más averiguaciones previas por lugar de ocurrencia de las que le reportaron al Secretariado.

Estamos perfectamente conscientes de que ni siquiera en los países más desarrollados se mide perfectamente la incidencia delictiva, pero hay criterios mínimos de calidad con los que debemos contar para que las estadísticas delictivas sean útiles para la evaluación y la planeación de las políticas de seguridad. Las procuradurías estatales deben estar dispuestas a corregir en la mayor medida posible los sesgos o errores que se detecten, o, en el peor de los casos, por lo menos hacerlos públicos.

Sin que de manera alguna presumamos dolo en las disparidades que detectamos, necesitamos que las autoridades en las entidades mencionadas den una explicación y tomen las medidas necesarias para homologar sus criterios de reporte para resarcir los posibles errores. Mientras tanto, sí, la información disponible en el Secretariado “es lo que hay”, pero aún no es suficiente para que nos conformemos con ella y podamos quitar el dedo del renglón de temas tan básicos. Creo que estamos en todo nuestro derecho de esperar que las autoridades estatales nos den una respuesta sobre las interrogantes que planteamos en este análisis y que den un paso para homologar los criterios para el reporte al Secretariado.

 

* Lilian Chapa Koloffon es investigadora de México Evalúa

 

 

Decimos “presunto” porque en esta etapa el juez no ha determinado si el hecho que se denuncia realmente constituye un delito.

La incidencia se reporta por número de averiguaciones previas registradas por las procuradurías. Recordemos que una averiguación previa puede involucrar una o más víctimas.

Finalmente, en el ejercicio descrito a continuación, sólo utilizamos la información entre 2011 y 2013 para evitar en la mayor medida posible los posibles errores causados por el ajuste de las cifras que, conforme avanzan las investigaciones, suelen ocurrir en el reporte del Secretariado.

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