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¿Dónde está la mejora regulatoria cuando se le necesita?
Hacemos un enfático llamado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, autoridades locales y actores interesados para retomar la agenda de trabajo del sector y evitar que la pandemia sea usada para ‘saltarse’ procesos de mejora regulatoria.
Por Ana Lilia Moreno y Viviana Patiño
2 de diciembre, 2020
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Al 26 de noviembre de este año, en el mundo han fallecido 1,430,693 personas y se han confirmado 60,930,162 casos de coronavirus. Cada país ha dado respuestas diferentes a la emergencia y, en consecuencia, se sufren realidades diversas en todas las latitudes. En Latinoamérica, por ejemplo, de acuerdo con datos actualizados al 30 de junio por la CEPAL, el impacto podría traducirse en una contracción de aproximadamente 9% del PIB en 2020.

Las pequeñas y medianas empresas (pyme) están en el centro de la crisis económica; más del 50% no sobrevivirá en los próximos meses. En algunos países, el deterioro de la situación financiera de esta amplia base de empresas podría tener efectos sistémicos en el sector bancario en su conjunto, lo que complicaría aún más la prospectiva de recuperación en el mediano plazo. Estas condiciones, por ende, tienen fuertes implicaciones en el empleo. Según la CEPAL, se prevé que el desempleo en Latinoamérica alcance aproximadamente el 11.5%; es decir, para los próximos años, el número de personas sin trabajo en la región aumentará muy probablemente a casi 38 millones.

Tomemos en cuenta que las pymes representan más del 95% del total de las empresas en México, emplean al 78% del personal ocupado y aportan el 52% del PIB, de acuerdo con el INEGI. Según datos de la Asociación de Emprendedores de México, ocho de cada 10 pymes corren peligro de quedar paralizadas por efectos de la pandemia; el 57% de ellas tendrá dificultades para pagar a sus empleados y el 25% se verá obligado a despedir a su personal. Se trata de un escenario catastrófico que desemboca en la pérdida de cerca de un millón de puestos de trabajo a corto plazo, por el cierre de 100 mil microempresas. Coparmex ha identificado también estos riesgos en un mapa que vale la pena revisar.

Pese a este drama, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a implementar una política contracíclica. En su lugar, y fiel a su estilo, tiene decidido continuar con su política de apoyo a microempresas llamada “créditos a la palabra” —de 25 mil pesos por unidad económica, pagaderos en 33 abonos—, y dio a conocer la semana pasada un nuevo apoyo: 11,500 pesos para cada familia que deba enfrentar gastos funerarios provocados por la covid19. Ambas medidas son evidentemente insuficientes para atender el impacto económico de la pandemia. Por su parte, algunos estados han emitido unilateralmente sus propias medidas económicas y regulatorias, algunas de ellas destinadas a financiar pymes en peligro. Sin embargo, la capacidad financiera de las entidades federativas es muy limitada. Para ejemplificarla, basta decir que a finales de abril pudimos cuantificar una bolsa de apoyos en el conjunto de los estados de 19.8 mil millones de pesos, apenas el 0.33% del Presupuesto de la Federación 2020.

Calidad regulatoria en tiempos de crisis

En efecto, es responsabilidad del gobierno atender con prontitud y precisión las necesidades específicas surgidas a raíz de la emergencia, pero sin dejar de plantar cara a los grandes temas implícitos en la organización y convivencia cotidiana de 127 millones de personas. Uno de esos temas es la buena regulación, la cual debe enfocarse en agilizar procesos, alcanzar eficiencia en compras públicas, satisfacer el abasto de bienes y servicios y lograr una seguridad sanitaria que permita un patrón de recuperación creciente y confiable. Todo eso, al tiempo que se evita la gran tentación de usar la emergencia como un pretexto para modificar innecesariamente regulaciones y así omitir requerimientos que en tiempos normales serían obligatorios.

En efecto, en tiempos de emergencia no se pueden seguir los mismos procesos para asegurar la calidad regulatoria que en tiempos normales. Sin embargo, tal como lo apunta con claridad la OCDE, aun en la crisis se deben aplicar buenas prácticas regulatorias. Es decir, aunque le cueste más trabajo, es muy necesario que el gobierno se anticipe, analice y abra la discusión sobre el impacto de regulaciones diseñadas para lidiar con asuntos urgentes. La razón es simple: las regulaciones deficientes suelen traducirse en soluciones más caras o perjudiciales para los afectados (para todos los ciudadanos), dado que se ‘saltan’ los procesos de evaluación.

Desde la reforma constitucional en materia de mejora regulatoria que se promulgó en 2018, México ha realizado esfuerzos importantes para crear instituciones e implementar mecanismos efectivos en los tres niveles de gobierno. Un ejemplo son los grupos de trabajo especializados que se instalaron a inicios de este año desde el ámbito federal, convocados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) con el acompañamiento técnico de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Como parte de México Evalúa tuvimos el honor de participar en ellos; documentamos la relatoría en el policy brief Desmantelar obstáculos regulatorios: el caso de los mercados de gasolinas y autotransporte de carga. Desafortunadamente estos grupos de trabajo fueron suspendidos en junio de este año, y a la fecha no tenemos conocimiento de que se vuelvan a activar.

Los grupos de trabajo también nos permitieron observar con mucha preocupación cómo en el contexto de la pandemia el ejercicio de la política de mejora regulatoria en el ámbito federal se ha debilitado, toda vez que el nivel de participación de la Conamer en decisiones importantes de política pública ha bajado; no se ha oficializado el nombramiento de su titular desde junio de este año y, al parecer, ha dejado de actualizar el monitoreo de iniciativas subnacionales en las que colaboraba con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en forma de mapa para mitigar el impacto de la pandemia en las economías locales.

Además, tampoco conocemos un plan de acción frente a la “segunda ola” de covid. No tenemos información sobre el rol que la Conamer jugará frente a retos tan grandes como analizar el impacto de las regulaciones sanitarias federales que serán necesarias con la entrada de vacunas y tratamientos médicos. Pero no vayamos tan lejos: es de conocimiento público que la Conamer no analizó el impacto en términos de costos regulatorios para los ciudadanos de la modificación a la estructura orgánica de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud que hoy sabemos han modificado los incentivos y la estructura del mercado.

Por todo lo anterior, hacemos un enfático llamado a Conamer, autoridades locales y actores interesados para retomar la agenda de trabajo del sector, que no busca otra cosa que hacer más eficientes los mercados a través de condiciones de competencia que beneficien a todos, y para no aprovechar la ‘oportunidad’ que brinda la pandemia con el fin de ‘saltarse’ procesos de mejora regulatoria.

Seguiremos insistiendo: la buena regulación requiere seriedad y compromiso. En el ámbito local, las medidas económicas y regulatorias también enfrentan retos particulares en la etapa de recuperación económica en 2021. Sobre esto hablaremos con profundidad el próximo jueves 03 de diciembre, en el seminario virtual “Retos locales de la regulación frente al Covid-19”. Están todos invitados. En @mexevalua es posible inscribirse ahora mismo.

* Ana Lilia Moreno y Viviana Patiño Alcalá son investigadoras del Programa de Regulación y Competencia Económica de @mexevalua.

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