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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Las preguntas que los legisladores debieron hacerle a Chuayffet
Ante la comparencia este miércoles del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, con la comisión correspondiente del Senado, hacemos las siguientes sugerencias de preguntas con la esperanza en que en esta ocasión podamos atestiguar un encuentro republicano que sirva verdaderamente para la rendición de cuentas, y en última instancia, coadyuve a la calibración de las políticas educativas en el marco de la implementación de la reforma educativa.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
8 de octubre, 2014
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Por: Marco Antonio Fernández Martínez (@marco_fdezm)

Frente a una reforma educativa que arroja dudas e inquietudes en su desarrollo e implementación y en el contexto de la comparecencia esta tarde en el Senado del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, se esperaría que los integrantes de las comisiones de educación estuvieran entre los legisladores más activos.

En toda democracia el sistema de pesos y contrapesos que permite la división de Poderes sirve como garantía institucional para avanzar en la rendición de cuentas de quienes ostentan la función pública. Dentro de este sistema se prevén mecanismos para que el titular del Ejecutivo y los titulares de las principales secretarías rindan cuentas a los ciudadanos sobre el estado que guarda el país y las acciones que han impulsado.

Estos ejercicios republicanos deberían servir para que a partir de un intercambio informado de cuestionamientos y respuestas, los funcionarios públicos federales comparecientes dieran explicaciones detalladas a la ciudadanía de las principales políticas públicas implementadas. Si estas aclaraciones fueran insuficientes, se esperaría que los legisladores fueran incisivos para poder obtener de los funcionarios respuestas satisfactorias de su conducta pública.

Lamentablemente en el caso mexicano rara vez se ven diálogos republicanos de esta naturaleza. Por un lado, el formato de las comparecencias es recurrentemente acartonado y limita la posibilidad de un intercambio fluido de puntos de vista entre legisladores y funcionarios federales. A las anticuadas reglas congresionales que regulan estas comparecencias, se suma la preocupante falta de profesionalismo de un número importante de legisladores, quienes desperdician frecuentemente sus intervenciones ya sea con descalificaciones poco rigurosas o analíticas, o en acríticos halagos a sus compañeros de partido.

El caso de las comparecencias del Secretario de Educación Pública no es ninguna excepción. El año pasado, a lo mejor bajo la excusa de que recientemente estos legisladores habían trabajado horas extras durante la discusión de la legislación secundaria que acompañó la reforma constitucional en materia educativa, este comportamiento analítico con crítica propositiva no fue la regla. Hubiera sido deseable que la discusión de la política educativa entre ejecutivo y legislativo se diera a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. Al contrario, legisladores de oposición y del partido en el gobierno por igual intercambiaron halagos con el secretario Chuayffet y se congratularon mutuamente de haber aprobado una reforma educativa.

Alguna senadora, por ejemplo, con solemnidad expresó que tras tan “elocuente intervención del señor secretario de educación había poco que agregar”. Otro aguerrido representante de la izquierda exaltó la importancia del programa de otorgamiento de laptops a los niños de tercero de las primarias públicas y solicitó enfáticamente su ampliación a otros estados, comenzando por su tierra en Guerrero. Por supuesto, el legislador ignoró por completo que la evidencia internacional respecto a este tipo de programas, por ejemplo, enfatiza la necesidad de acompañarlo de medidas puntuales de capacitación docente que permitan a los profesores utilizar eficazmente estas tecnologías al interior de su clase. Pasó por alto la promesa no cumplida de la SEP de que el CINVESTAV haría una evaluación del programa piloto para saber si debía o no ampliarse su cobertura y corregir, de ser el caso, errores que se estuvieran cometiendo en su implementación. Hasta hubo peticiones poco ortodoxas, como la de una curiosa legisladora de oposición que le pidió al final de la comparecencia al secretario Chuayffet una cita para que recibiera a su hijo, pues estaba implementando un proyecto cultural de su estado y necesitaba el apoyo presupuestal de la SEP.

En aquellas semanas, se había tomado una decisión controvertida sobre la desaparición de la prueba ENLACE bajo el argumento de que ésta se había pervertido, pero ningún legislador reparó en preguntarle al secretario por qué entonces en los reportes de copia de la prueba los porcentajes detectados habían sido relativamente menores (por debajo del 10 por ciento). Menos hubo el intento por preguntar sobre las medidas que la SEP y sus contrapartes en los estados estaban diseñando para castigar administrativamente a aquellos maestros y personal que habían permitido el fraude académico en la implementación de la prueba.

El gobierno federal y los estados discutían entonces sobre la necesidad de centralizar la nómina magisterial para terminar con la nociva doble negociación salarial con las secciones estatales del SNTE. Dicha centralización afectaría sólo a los denominados maestros federalizados, es decir aquellos que pasaron a manos de la administración de los estados como resultado de la reforma educativa en 1992. En casos como el Estado de México, Chiapas y Baja California, con un número importante de maestros estatales, los gobiernos tendrían que seguir haciéndose cargo del pago de sus docentes. No obstante, nadie reparó en el desafío que representaría dicho proceso en términos de la homologación de las prestaciones magisteriales, que varían ampliamente de acuerdo a la sección sindical a la que los maestros pertenecen. Por ejemplo, aguinaldos que van de 90 a 120 días, bonos de puntualidad, bonos sexenales, ayuda para aparatos ortopédicos, becas para útiles escolares de los hijos de los maestros y oscuros rubros como el denominado pago “co-curricular”. ¿Cómo se homologarían las plazas docentes, si, como han demostrado los resultados parcialmente públicos del censo educativo, existen serias irregularidades en la administración de la nómina docente-administrativa de educación básica por parte del gobierno federal y de los estados?

Para el secretario de Educación –quien seguramente no lo expresaría en estos términos- el encuentro con los congresistas fue un día de campo en tierras legislativas. A un año de tan limitado ejercicio, el titular federal del despacho educativo se apresta a un nuevo encuentro con senda comisión del Senado. Hacemos las siguientes sugerencias de preguntas al secretario, con la esperanza en que en esta ocasión podamos atestiguar un encuentro republicano que sirva verdaderamente para la rendición de cuentas, y en última instancia, coadyuve a la calibración de las políticas educativas en el marco de la implementación de la reforma educativa.

  1. De acuerdo a la reforma recientemente aprobada (art. 4to transitorio LGSPD) la secretaría debió haber solicitado parámetros e indicadores a sus contrapartes estatales para la evaluación docente. ¿Qué avances se tienen en la materia? ¿Qué propuestas tienen las áreas de evaluación a su cargo para que junto con el INEE se delineen estos parámetros e indicadores?
  2. Se ha hablado de la importancia de la evaluación docente para mejorar la calidad educativa. Secretario, ¿cuál es el parámetro del buen docente que la secretaría tiene en mente que servirá de base para los distintos instrumentos dentro de la evaluación magisterial?
  3. ¿Desde su perspectiva cuáles son los principales instrumentos que pueden servir a la evaluación multidimensional que contempla la reforma educativa?
  4. La reforma contempla la sustitución de Carrera Magisterial. ¿Por qué es necesario la sustitución de este programa? ¿Cuáles son las principales debilidades que hacen necesaria su cambio? ¿Qué estudios se han hecho al respecto? ¿Por qué no se ha hecho pública la base completa de los maestros integrantes del Programa con su respectivo nivel de Carrera Magisterial, escuelas en las que están enseñando y resultados de sus evaluaciones que acreditan el que sean beneficiarios del mismo?
  5. Reconociendo que un número importante de padres de familia han expresado su satisfacción con el programa de escuelas de tiempo completo, ¿qué evaluaciones del éxito académico de este programa tiene la secretaría a su cargo? ¿Por qué las escuelas de tiempo completo son una buena opción para la política educativa del país? Se ha decidido incrementar el número de este tipo de planteles, pero ¿se tiene algún estudio sobre si este tipo de planteles producen mejores resultados escolares para los estudiantes que asisten a ellas en contraste con los que no van a escuelas de tiempo completo? ¿Cuál es la evidencia con la que cuenta la secretaría a su cargo de cómo se está avanzando en la enseñanza de una segunda lengua como plantea entre sus objetivos este programa? ¿Existe alguna medición de la cobertura y calidad de esta enseñanza en los planteles de tiempo completo?
  6. Hemos observado a lo largo de estos meses múltiples casos de docentes que, inconformes con la implementación de la reforma educativa, han decidido no acudir a clases. El caso más emblemático ha sido la sección 22 de la CNTE. Dentro de los términos de la Ley de Servicio Profesional Docente los maestros que han faltado más de tres días consecutivos a sus labores deberían ser separados de su cargo. Sin embargo, no se ha podido documentar que esto sea así. Además, en las negociaciones con la disidencia magisterial sus colegas de la Secretaría de Gobernación ofrecieron el pago de salarios de las quincenas que se les había retenido por su falta de labores a los maestros ausentes. ¿Es así como el gobierno piensa respaldar la aplicación de la reforma educativa?
  7. ¿Qué medidas específicas se llevarán a cabo para fortalecer la formación docente de los maestros en las escuelas normales del país? ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas que la secretaría a su cargo ha detectado en el funcionamiento de este tipo de planteles? ¿En qué medida los lamentables hechos ocurridos con normalistas en Iguala afectarán la forma en que el gobierno federal plantea llevar a cabo la reforma de las escuelas normales?
  8. ¿Cuáles fueron los errores de las autoridades del IPN que llevaron a la actual crisis? ¿Estaba informado el Subsecretario Fernando Serrano Migallón de las reformas al plan de estudios y al reglamento que la ahora exdirectora del IPN estaba planteando llevar a cabo? ¿Existió alguna observación por parte de la Subsecretaría para llevar a buen puerto dichas modificaciones? ¿Fueron atendidas dichas observaciones por las autoridades del Politécnico?
  9. Al inicio de la administración del presidente Peña Nieto se anunció la puesta en marcha del plan para dotar de laptops a niños de Tabasco, Colima y Sonora. Según ha explicado, la decisión se ha basado en ejemplos como el de Uruguay y Argentina. ¿Qué medidas implementará el gobierno para que realmente este programa tenga resultados en el aprovechamiento escolar de los estudiantes? Las evaluaciones que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el programa de laptops en Uruguay y Perú, por ejemplo, sugieren que han tenido poco efecto en el aprovechamiento de los estudiantes en estos países. ¿Qué ha aprendido México de la experiencia internacional para que sí sean una herramienta útil para el aprovechamiento de los estudiantes? ¿Por qué se decide expandir el programa de dotación de tabletas cuando no ha se presentado ni siquiera los resultados de la evaluación que supuestamente acompañaría a la implementación del programa piloto? ¿Qué evidencia tenemos de que los niños y jóvenes estén mejorando su aprovechamiento escolar por contar con este tipo de tecnologías?
  10. Paralelamente al programa de laptops para niños, ¿qué programas está implementando la secretaría para que los maestros adapten esta herramienta de forma efectiva en sus enseñanzas dentro del salón de clases?
  11. ¿Por qué la centralización de la nómina magisterial mediante el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) es mejor que el desparecido Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)? ¿Qué va a pasar en el caso de los estados con dos o más secciones sindicales y con número importante no sólo de maestros federalizados sino también estatales? ¿Cómo se atenderá el problema de las prestaciones diferenciadas de maestros entre secciones de un mismo estado y entre distintas entidades federativas? ¿Deben los maestros de las escuelas públicas tener salarios y prestaciones distintos si realizan una misma labor?
  12. ¿Cómo está utilizando la SEP y la SHCP los resultados del Censo educativo para la implementación del FONE y su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año? ¿Cómo se homologó la nómina docente cuyo ejercicio debió haberse hecho desde marzo? ¿Por qué no se han hecho públicos los reportes que sustentan dicha homologación?
  13. ¿Por qué se ha negado la información completa del Censo educativo en formato de datos abiertos, que permita su análisis estadístico? Si en los informes que los estados han presentado desde 2007 conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental y conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se hicieron públicos los nombres, tipo de plaza y escuelas a las que están asignado el personal comisionado y con licencia, ¿por qué, en el caso del Censo educativo, se ha negado esta misma información? ¿Es esta política de publicación parcial de los datos consecuente con la co-presidencia del gobierno mexicano de la Alianza para el Gobierno Abierto?
  14. ¿Nos puede explicar las consecuencias legales en contra de los estados que están reportando información incorrecta sobre las plazas con las que cuentan? ¿Qué mecanismo institucional tiene la SEP para verificar la veracidad de esta información?
  15. ¿Qué medidas específicas ha implementado en el caso de la ciudad de México para corregir las anomalías detectadas por el censo educativo? ¿Qué funcionarios han sido sancionados por haber permitido el otorgamiento de plazas a personal desconocido o que incluso ha fallecido o renunciado al servicio docente?
  16. Se está expandiendo la educación media superior a través de opciones a distancia. Sin duda es una tarea fundamental del Estado mexicano brindar una oportunidad educativa a estos jóvenes. Sin embargo, ¿cómo garantizar que estas opciones sean de calidad? Los resultados de EXCALE y ENLACE han mostrado que dentro de las opciones públicas, la opción de educación secundaria a distancia es la que tiene mayores problemas de calidad (telesecundarias). ¿Cómo evitar un problema similar en el caso de las opciones a distancia de la educación media superior?

Solamente nos queda desear que la comparecencia de hoy sea un encuentro en que la lisonja o el histrionismo ruidoso pero poco analítico abra paso a cuestionamientos puntuales, respetuosos pero directos, y en el que la política educativa basada en evidencia empírica sea verdaderamente la materia de discusión entre el secretario y los legisladores.

 

 

*Marco Fernández es investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

 

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