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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
El Estado mexicano ante los retos educativos. Parte 2
Hay que rechazar atentados contra la rectoría del Estado en materia educativa.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
13 de marzo, 2019
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Por: Marco Antonio Fernández Martínez (@marco_fdezm)

No merecen los profesionales de la educación, agentes primarios de la transformación del sistema educativo, estar sujetos a un sistema clientelar que, por definición, no reconoce su dignidad y valor para la sociedad. Nos referimos a la extorsión económica que sufrían los docentes por parte de quienes les conseguían plazas. Con todo, probablemente era más onerosa, aunque difícilmente cuantificable, la deuda política que contraían.

Y no, lo anterior no es una advertencia sin fundamentos o producto de un imaginario poco probable. Recordemos las siguientes palabras:

“Vamos a plantear que se nos regrese el derecho (…) al 50% de las plazas que nos negaron y legalmente nos corresponde. Está en la ley y no se ha abrogado… vamos por todas las comisiones que requerimos en todas las secciones sindicales (…)”.

Estas palabras las pronunció Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, el pasado 23 de noviembre. Nos parece evidente que tal exigencia, además de ambicionar el control de la puerta a las plazas de distribución discrecional del sindicato y del pago ilegal de comisionados sindicales –los cuales están prohibidos desde el reglamento de trabajadores de la educación de 1943–, atenta contra la rectoría misma del Estado sobre el sistema educativo.

La pretensión del sindicato magisterial es clara: quitar de la constitución los concursos de ingreso y promoción para todo personal con función magisterial, de dirección o supervisión. Si esto ocurre, como los maestros están en el apartado B del artículo 123 constitucional, buscarán que el artículo 62 de la ley de los trabajadores al servicio del estado se les aplique, lo que en español llano significa que exigirán el derecho a que el 50% de las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo queden en manos del sindicato magisterial. Esto permitiría que el sindicato las reparta según su apreciación de los “mejores candidatos”, con tal y que “se cumplan con los requisitos para cada puesto”.

Así lo repitió nuevamente Juan Elías Chávez, diputado local en Guanajuato por Nueva Alianza y ex secretario general de la sección 13 en aquella entidad en el foro de análisis de la reforma educativa realizado en el senado el pasado 25 de febrero. (Mírenlo aqué, en hora 24 minutos y 20 segundos).

Esta pretensión sindical, escudada bajo el argumento de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, en el fondo –si los legisladores quitan la protección constitucional a los concursos de ingreso y promoción– terminará atentando contra los derechos de aquellos docentes que aspiran a que sea su esfuerzo, su mérito y no sus conexiones, lealtades sindicales, favores a líderes sindicales y autoridades educativas o pagos monetarios indebidos, lo que les permita entrar al servicio docente, convertirse en director, supervisor o asesor técnico pedagógico.

Como bien lo ha reconocido el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lograr disminuir la pobreza y la desigualdad, para lograr desarrollar nuestro potencial como país, es fundamental combatir la corrupción. Como un acto de congruencia con esta prioridad, y consistente con la urgente tarea de revalorar al magisterio nacional y reconocerlo como agente de cambio primordial del sistema educativo, es que a los docentes que aspiran al privilegio de brindar sus conocimientos y de aprender con sus alumnos les debemos garantizar constitucionalmente su derecho a ingresar y a desarrollarse profesionalmente como directores, supervisores o asesores técnicos pedagógicos. Y esas puertas deben abrirse sólo a partir de sus esfuerzos, de sus capacidades y de su experiencia, sin mediación de lealtades sindicales, extorsiones o favores ilegales.

Así como el presidente ha mostrado valentía para enfrentar la lacra del huachicol de hidrocarburos, el gobierno federal y los legisladores tienen que combatir con firmeza el huachicoleo educativo detrás de las redes de corrupción de las plazas magisteriales. ¿Cuál debe ser el primer paso? Confirmar constitucionalmente que el ingreso y promoción en el servicio magisterial se ajustará a concursos de selección, y cerrar la puerta en la legislación secundaria a la exigencia de otorgar el 50% de las plazas disponibles a alguna representación sindical del magisterio, so pena de claudicar ante la corrupción y mermar sustantivamente la rectoría del Estado sobre el sistema educativo.

Necesitamos un Centro de Mejora Continua de la Educación

Tenemos más coincidencias con la visión del ejecutivo. También creemos que valorar al maestro es reconocer los diferentes contextos en los que realiza su trabajo, las circunstancias distintas que enfrenta en el aula y por ende, su derecho a recibir y la obligación del Estado a brindarle una formación y capacitación que respondan a sus necesidades pedagógicas. Sí, se debe impulsar una formación y capacitación contextualizadas a las necesidades regionales, con una efectiva coordinación de las autoridades educativas federal y estatales, que brinden presupuestos suficientes y que sean utilizados correctamente y con transparencia –basta ya de simular cursos de capacitación que no llegaron a brindarse, como en el caso de Chihuahua o Veracruz bajo los gobiernos de los Duartes–.

Recordemos que uno de cada cinco docentes declara no sentirse lo suficientemente preparado en el contenido de la materia que enseña, y que uno de cada siete profesores señala falta capacitación en el ámbito pedagógico (OCDE 2014).

No tenemos espacio para hacer un recuento de las múltiples fallas que caracterizaron a la estrategia de formación docente de la administración anterior, en particular en el caso de la educación básica y normal. Pero los famosos ‘trajes a la medida’ que prometió la autoridad educativa federal evidenciaron que el sastre tenía conocimientos muy limitados sobre la realidad que enfrenta los docentes en nuestro país. y que es muy distinta de acuerdo al nivel educativo, a la materia que imparten, a la composición étnica de sus salones de clase, cuando tienen estudiantes con distintas discapacidades, que varía de acuerdo al contexto socioeconómico de sus alumnos, la localización y características de la escuela en la que laboran, etc.

En todo caso, creemos que esta tarea deber continuar siendo responsabilidad de las autoridades educativas federales y estatales, quienes tienen que hacer una revisión puntual de fortalezas, errores y debilidades de los cursos de formación y capacitación que han brindado a los docentes.

Esto nos lleva a la necesidad de contar con un Centro de Mejora Continua de la Educación con autonomía constitucional, no sólo técnica. Elaboremos un ejemplo para ilustrar la importancia de este tipo de autonomía. Digamos que dicho centro debe hacer un estudio para evaluar la pertinencia, eficacia y beneficios de los distintos cursos de capacitación y formación para maestros. Asimismo, debe plantear recomendaciones para mejorar el contenido y la implementación de las estrategias que se espera respondan a las diferentes realidades educativas que se observan en los distintos estados del país. Difícilmente puede imaginarse que tal centro, dependiente de la autoridad educativa federal –con un Consejo Directivo nombrado directamente por el secretario–, pueda hacer señalamientos que apunten errores de su jefe. Por ello consideramos que los cinco integrantes de tal Consejo Directivo tienen que ser nombrados por el Senado mediante mayoría de dos terceras partes, a partir de las ternas propuestas por el titular del Ejecutivo. El Senado, para evitar desgastes internos como ha ocurrido en el actual INEE, debe nombrar por la misma mayoría calificada al que sea el presidente del nuevo centro, cuyos miembros deben ser renovados de forma escalonada y sin posibilidad de reelección.

En este ejemplo también se identificapor qué es importante diferenciar entrelas autoridades responsables de brindar la formación a los docentes (federales y estatales) y la instancia encargada de revisar la pertinencia, contextualización y eficacia de la estrategia de capacitación (Centro de Mejora Continua), pues de lo contrario, si la misma autoridad que brinde la formación y capacitación docente tiene que evaluar sus beneficios pedagógicos, habría un conflicto de interés en el que difícilmente podría corregirse los problemas que actualmente caracterizan a estos programas de capacitación en detrimento de los docentes y de los resultados en las aulas mexicanas.

En última instancia, la información que genere el nuevo centro debe ser útil, principalmente, para la comunidad escolar: escuelas, directores, profesores y padres de familia; más que sólo para las autoridades educativas, aspecto que tardíamente ha comenzado atender con mayor énfasis el INEE en los últimos meses, pero que tiene que ser prioritario en el funcionamiento del nuevo centro. Por ejemplo, los reportes que el instituto está enviando sobre las pruebas Planea con mayor explicación de los resultados y las implicaciones de los retos pedagógicos que se enfrentan para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes tipos de escuela en el país.

El hilado fino y la emergencia que viene

Uno de los aspectos más delicados de la legislación bajo análisis se encuentra en el apartado de los artículos transitorios. El artículo sexto de la propuesta presidencial dicta la suspensión de los efectos de las evaluaciones docentes –incluidos los de ingreso y promoción–.

Esto, no lo duden, tendrá consecuencias negativas para la operación del sistema educativo. Entre los meses de noviembre y enero hay un número de maestros que se jubilan del servicio profesional; a eso hay que sumar las plazas de aquellos docentes que lamentablemente fallecen. Las autoridades cubren las vacantes con la lista de prelación de los resultados de los concursos de ingreso al servicio. ¿Cómo se cubrirán las plazas vacantes si se suspenden los efectos de la evaluación de ingreso? ¿Qué sucederá con los docentes que se evaluaron para confirmarse en su puesto de director de plantel en noviembre pasado? En el caso de educación media superior estamos hablando de 255 directores que están en la incertidumbre respecto a si continuarán o no en su posición directiva.

Por ello es importante que el transitorio que se apruebe establezca que en tanto no se expida la Ley del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia a los que se refiere la fracción III del artículo tercero se llevarán a cabo conforme a la legislación vigente.

¿Y cuánto nos costará la nueva reforma educativa?

Finalmente, ante una reforma constitucional que busca nuevamente transformar el sistema educativo resulta sorprendente que desde la presentación de la iniciativa presidencial el pasado 12 de diciembre, la autoridad federal no haya presentado una evaluación del impacto presupuestario que significará, de aprobarse, la reforma constitucional y sus consecuentes cambios en la legislación secundaria. Esto pese a lo mandatado en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que toda iniciativa de ley venga acompañado de un diagnóstico de los recursos necesarios para su implementación. En el mismo artículo se establece queLas comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente”. El pasado 21 de febrero, el director de Estudios de Presupuesto y Gasto Público, Idelfonso Morales, reconoció que “la iniciativa de reforma constitucional no presenta elementos necesarios para estimar su magnitud”.

La omisión de diagnóstico del impacto presupuestal es grave. Diversos aspectos de la reforma propuesta requerirán recursos para poder contar con los recursos para su implementación. Por ejemplo, deberán contemplarse recursos complementarios para cumplir con el derecho a la formación y capacitación docente que reconoce la iniciativa, rubro que recibió un recorte del 61% en el presupuesto aprobado en diciembre pasado por los diputados. Asimismo, se necesitarán recursos adicionales para el nuevo Centro de Mejora Educativa, pues pese que en los transitorios de la iniciativa se menciona que el nuevo centro heredará el personal y recursos del INEE, para el nuevo centro se contemplan funciones adicionales (como son las de ver la calidad y pertinencia de los cursos de capacitación a los docentes), aspectos que se antoja difícil de cumplir si se considera que el presupuesto para el instituto fue recortado en 45% (al grado que ha puesto en peligro la implementación de la prueba Planea).

Hacer una realidad el derecho a la educación inclusiva, impulsar políticas para atenuar las desigualdades de oportunidades educativas y dar sentido al enfoque de igualdad sustantiva que se promete, promover acciones para el fortalecimiento de las escuelas normales, lograr paulatinamente el mayor acceso a la educación superior, entre otros tantos aspectos contemplados en la reforma constitución requerirá de ajustes presupuestales que permitan avanzar en el cumplimiento de lo que mandate el nuevo marco constitucional y evitar que nuevamente estemos frente a promesas constitucionales que no tienen siquiera los elementos presupuestales necesarios para hacerlas una realidad.

Estamos ante el reto de brindar un marco jurídico que realmente atienda los problemas de equidad, inclusión y aprendizaje que enfrenta el sistema educativo. Necesitamos un marco constitucional que cierre la puerta a las posibilidades de la corrupción en la operación de dicho sistema, y que revalore al docente como profesional de la educación y agente fundamental de la transformación y calidad del sistema educativo.

Urge un andamiaje constitucional que reconozca el interés supremo de las niñas, niños y adolescentes y su derecho a una educación que les permita su desarrollo integral, en el que se enfoque la igualdad sustantiva y donde las oportunidades educativas no dependen del origen étnico, condición socioeconómica, del código postal en el que vivan. Una educación que sea por fin la escalera de ascenso social, que permita un combate efectivo contra la pobreza y la desigualdad. Se trata, al final, de saldar una deuda añeja. Ojalá se alcancen los consensos legislativos necesarios a los que ha exhortado el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para actuar a favor del interés de la educación de todos los mexicanos.

 

* Marco Antonio Fernández Martínez es investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

 

 

Texto adaptado de las ponencias del 13 de febrero pasado ante las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en el contexto del foro de discusión pública ante la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa y del foro de análisis sobre la reforma educativa convocado por la Comisión de Educación del Senado el pasado 25 de febrero.

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