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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
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En México, los delitos violentos han ido en constante aumento desde mediados de 2008. En el caso de los homicidios dolosos, los mayores niveles observados a nivel nacional en los últimos seis años se registraron en 2011.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
17 de noviembre, 2012
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Por: Leticia Ramírez de Alba

En México, los delitos violentos han ido en constante aumento desde mediados de 2008. En el caso de los homicidios dolosos, los mayores niveles observados a nivel nacional en los últimos seis años se registraron en 2011. Cabe destacar que entre enero de 2011 y septiembre de 2012, una cuarta parte de los homicidios dolosos que se registraron en nuestro país se concentraron en siete municipios, cinco de los cuales se encuentran en entidades federativas que se encuentran en la frontera norte del país (ver Gráfica 1). En todos estos municipios la crisis violenta está muy lejos de ser resuelta.

Si bien se han observado avances en lugares como Ciudad Juárez y Tijuana, en donde se han logrado reducir los niveles de incidencia, la caída no ha sido suficiente para que estos municipios salgan de la lista de los diez que registran más homicidios. De hecho, Tijuana registró más de la mitad de los homicidios que ocurrieron en Baja California en este periodo y Ciudad Juárez poco más del cuarenta por ciento de los que se perpetraron en Chihuahua. Estas cifras nos hablan de un fracaso en materia de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno. Aunque se llevaron a cabo operativos conjuntos y se han realizado reformas institucionales con vistas a mejorar su desempeño, los homicidios no se han reducido.

Promedio mensual de homicidios en los municipios que registraron la mayor incidencia, 2011 y 2012*, SESNSP.

*En 2012 sólo se considera el periodo de enero a septiembre.

Porcentaje de homicidios en el municipio con respecto al de la entidad a la que pertenece, ene 2011- sep 2012, SESNSP

Lo anterior apunta a la necesidad de revisar las medidas para desincentivar la comisión de estos delitos. La entrada del nuevo sexenio nos ofrece una gran oportunidad para revisar las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad. El que está por concluir nos brindó muchas lecciones al respecto. Una de las más importantes es que la solución al problema de inseguridad requiere medidas adicionales a los operativos conjuntos y profundizar los trabajos de modernización de las instituciones.

Algunas de estas medidas podrían estar enfocadas en reforzar todos los eslabones de la cadena de seguridad y justicia penal con el fin de reducir la impunidad, de modo que el sistema desincentive las actividades delictivas. Si uno de los eslabones falla, el sistema completo está condenado al fracaso. En 2010, la impunidad en homicidio a nivel nacional superó el 80 por ciento. En este sentido, la amenaza de sanción no es real para muchos de los perpetradores. Por tanto, ellos siguen cometiendo delitos. A nivel federal, por ejemplo, en el sexenio que está por concluir observamos muchos esfuerzos por fortalecer a la Policía Federal, pero no se registraron avances importantes en materia de Procuración de Justicia. En otras palabras, se fortaleció un eslabón, pero el otro se mantuvo débil. Lo anterior se tradujo en un sistema débil que no logró reducir la incidencia delictiva.

También habría que implementar medidas complementarias a las de seguridad y justicia que se encuentran en otras esferas, como la económica y social. Buena parte de los delitos graves son llevados a cabo por el crimen organizado. En el caso del homicidio, por ejemplo, de acuerdo a datos del INEGI y de Presidencia de la República, la mitad de los que se perpetraron entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 pueden atribuirse a la delincuencia organizada. Lo anterior indica que buena parte de la violencia en nuestro país sigue una lógica económica. En este sentido, además de mejorar los sistemas de seguridad y justicia, deben revisarse los esquemas de regulación tanto del sector público como del privado. La idea es desincentivar las labores ilegales e incentivar las legales.

¿Qué medidas tomará el nuevo Presidente? Al parecer, ya tiene un plan definido dado que ya dio el primer paso y tiene que ver con cambios en las instituciones de seguridad. A mediados de este mes, propuso dos iniciativas que afectan el papel que desempeña el gobierno en la reducción de delitos. En una propone que desaparezca la Secretaría de Seguridad Pública federal y que las funciones que realiza sean asumidas por la Secretaría de Gobernación. Esto significa que, de ser aprobadas estas iniciativas, las labores de seguridad en el ámbito federal y de coordinación de las mismas en el ámbito local recaerán de nuevo sobre el titular de la dependencia de Bucareli. Las facultades del Secretario de Gobernación se reforzarán e incluso serán mayores a las que tenía anteriormente dado que la Policía Federal ahora tiene las funciones que antes recaían en la Policía Federal de Caminos y en la Policía Fiscal, que en la antigua época priísta estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. Ahora falta saber qué planteará con respecto a la procuración e impartición de justicia.

La gestión de Calderón demostró que la modernización del aparato institucional requiere un cambio integral en las instituciones de seguridad y justicia penal. Es necesario que, además de la policía preventiva, se mejore el trabajo de los ministerios públicos y del sistema penitenciario. Asimismo, tendrían que proponerse la modernización de las instituciones del Poder Judicial. Ojalá las medidas propuestas por Enrique Peña vayan en esta dirección.

*Leticia Ramírez de Alba, coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa.

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