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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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El rompecabezas michoacano: la institucionalización sin la gobernabilidad
La búsqueda del bien común parece haber desaparecido de la acción política en Michoacán, una dinámica que fue alimentada por la táctica del Gobierno Federal. Ésta nunca fue más allá de los arreglos personales. Tal y como lo temíamos, la vieja máxima « divide y vencerás » siguió siendo la pauta de la gestión pública.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
4 de junio, 2015
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Por: Romain Le Cour Grandmaison (@romainlecour)

Durante el último año, Michoacán pasó de ser un mosaico a ser un rompecabezas. Es como si fuera ahora un Cubo Rubik de 113 piezas donde a cada una le corresponde un municipio. Cuando se mueve una pieza, afecta a otra, que puede estar al lado, ser vecina, pero también puede ubicarse en la otra cara del cubo.

Cuantitativamente, el panorama de actores que participan en este rompecabezas ha cambiado poco en doce meses. Todavía operan grupos de autodefensas, principalmente en la parte más occidental de Michoacán, o en las zonas que colindan con Jalisco. Las estructuras criminales, a veces difíciles de identificar por la complejidad de sus alianzas o su perfil bajo, siguen operando en las zonas estratégicas del estado, ya sea para el trasiego o la producción de drogas. Encargadas de luchar contra éstas, encontramos fuerzas armadas gubernamentales y corporaciones policiales de todo tipo que siguen sin coordinarse, ya sean federales, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería, o estatales como la Fuerza Rural, la Policía Ciudadana y la Fuerza Delta, aunque nadie parece capaz de explicar quién hace qué en la entidad. En medio de este florilegio de instituciones, a veces aparece la sociedad civil no armada, en búsqueda de un espacio para organizarse.

Cualitativamente, todos estos actores siguen fluctuando entre la amistad, el acercamiento, la lealtad y la convergencia puntual de intereses, así como la desconfianza, la resignación y hasta el enfrentamiento violento, un recurso recurrente. Así, al recorrer Michoacán, desde el Bajío a la Costa, pasando por la Tierra Caliente y sus sierras, uno se da rápidamente cuenta de un fenómeno que se fue intensificando durante los últimos meses: el atrincheramiento de los grupos de poder en la región, sean armados o no.

Cuando entrevistamos a diferentes actores el año pasado, en preparación del estudio “Entender para atender: Por una estrategia de Estado en Michoacán” que publicamos con México Evalúa, identificamos que los grupos presentes en la entidad, sean autodefensas, algunas autoridades, o ciudadanos de a pie, parecían compartir una “causa común” que podría definirse por el rechazo a los grupos del crimen organizado. Hoy, eso ha desaparecido y cada actor va por su cuenta, atrincherándose en su municipio, en su territorio, en su feudo. “Lo que sucede en otros municipios ya no es problema nuestro. Ahora vamos cada uno por nuestro lado”, nos comentaba un ex-dirigente de autodefensas. Esta actitud es asumida tanto por estos grupos como por los candidatos políticos locales o los aspirantes a cargos estatales. La búsqueda del bien común parece haber desaparecido de la acción política en Michoacán, una dinámica que fue alimentada, como ya lo comentábamos el año pasado, por la táctica del Gobierno Federal. Ésta nunca fue más allá de los arreglos personales. Tal y como lo temíamos, la vieja máxima « Divide y vencerás » siguió siendo la pauta de la gestión pública.

Esta situación queda muy lejos de la tranquilidad reivindicada por los responsables políticos encargados de «devolverle» la paz a la región, como lo planteó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en enero del 2014. Algo que el Comisionado Alfredo Castillo consideró haber logrado un año después, ya que para entonces “la gente a comer tacos a las tres de la mañana” en la entidad. Más allá del aspecto anecdótico y trivial de esta última declaración, queda por aclarar qué tanto puede aplicarse el concepto de paz a la realidad michoacana actual. A pesar de los mensajes alegres difundidos por diferentes entidades gubernamentales, la situación en el estado no invita al optimismo.

Lejos de existir un clima de confianza y de ley, lo que se siente hoy en la región es una gran tensión. Desde el lanzamiento de la Fuerza Rural el 11 de mayo del 2014, Michoacán ha vivido al pulso de una reconfiguración permanente de sus fuerzas políticas, sean armadas o no, sean públicas o privadas, legales o ilegales, o solapando estas categorías. Estos procesos fueron marcados por la revocación el 22 de enero del 2015 del Comisionado Alfredo Castillo y su sustitución por un mando militar, el General Felipe Gurrola Ramírez. La Comisión para el Desarrollo y la Seguridad apareció como desapareció, es decir por decreto presidencial, sin la más mínima rendición de cuentas o evaluación pública de su acción.

La misma opacidad rodea varios enfrentamientos armados, que ritman el calendario michoacano: La Ruana, el 16 de diciembre del 2014; Apatzingán, el 6 de enero; Yurécuaro, con el asesinato del candidato a alcalde Enrique Hernández, el 14 de mayo; Tanhuato, donde murieron 42 civiles y un policía federal el 22 de mayo, y, finalmente, en los últimos días, el municipio de Aquila, y la comunidad de Ostula en particular, un franja de tierra costeña que sigue «olvidada», o más bien marginada, por las autoridades públicas. Ninguno de estos casos fue plenamente esclarecido por la justicia.

Ni paz, ni guerra sería una valoración quizás más oportuna de lo que sucede actualmente en Michoacán ya que gran parte de los ingredientes que han conformado las crisis de los últimos años siguen vigentes. Concretamente: las armas siguen masivamente en circulación; la droga se sigue transportando o produciendo; a raíz del hundimiento de los Caballeros Templarios, los grupos criminales son más numerosos, fragmentados y “pandillerizados” que nunca, y, finalmente, la desconfianza, mutua o hacia las instituciones, sigue siendo la matriz social más compartida por la sociedad civil.

Peor aún, la falta de compromiso público hacia las iniciativas políticas no armadas, un obstáculo que ya habíamos identificado el año pasado, siguió favoreciendo el sistema de promoción y movilidad social basado en la violencia, con fines políticos y/o criminales, y terminó creando la nueva paradoja michoacana: la institucionalización sin la gobernabilidad. Ésta corresponde al uso de las instituciones como parche de legalidad. Es decir, las autoridades federales usan su facultad de crear instituciones – la Comisión de Seguridad, la Fuerza Rural y la multiplicación infinita de fuerzas de seguridad nuevas o renovadas, como la Fuerza Ciudadana y la Fuerza Delta – para sostener la imagen de legalidad y la ilusión de que buscan el restablecimiento del Estado de derecho.

Sin embargo, lo que se ha logrado en Michoacán es la creación de instituciones sin fundamento, sin institucionalidad y, por ende, sin gobernabilidad. Las instituciones existen, cuentan con un marco legal, asignaturas y recursos importantes, pero a la vez carecen de transparencia y de legitimidad. Y si bien resulta más fácil implementar la primera que construir la segunda, ninguna de las dos parece estar en la agenda política actual. Una vez más, las autoridades terminan confundiendo legalidad con legitimidad y, finalmente, no logran ninguna de las dos cosas.

Eso sí, resulta claro que la situación en Michoacán representaba un reto inmenso para cualquiera que buscaba transfórmala: Roma no se hizo en un día, y seria deshonesto pretender que nada ha cambiado en Michoacán. La caída de los Caballeros Templarios, por ejemplo, es un éxito mayor, que se valora localmente. Así, durante nuestros recorridos, pudimos oír que “las cosas han mejorado”. En general, la gran mayoría de los interlocutores que hemos conocido durante nuestros recorridos explican que la vida ha retomado su curso, que se vive «casi normalmente», con más tranquilidad. Sin embargo, estos comentarios suelen acompañarse de una constatación más amarga, que revela frustración y desencanto: la vuelta a la «normalidad» no es suficiente y la gente, es decir la ciudadanía –otro concepto olvidado en Michoacán–, la interpreta precisamente como algo normal, lo básico que se le puede pedir al Gobierno.

Y desafortunadamente, parece ser lo único que se le puede pedir, porque el añorado pasado michoacano se refiere a una temporalidad pre-Caballeros Templarios o pre-Familia Michoacana, cuando «cada uno hacia lo suyo por su lado, los narcos por el suyo, la gente común por el otro, y todos vivíamos bien». Este pasado añorado demuestra la superficialidad de los avances gubernamentales: lo que se ha logrado en el último año es un regreso inestable al estatus quo, donde el narco “no se mete”. Resulta difícil ver esto como un logro en la víspera de elecciones marcadas por la violencia.

Estos comicios, lejos de representar un nuevo arranque, sirven más bien de catalizador para intereses personales en el marco de acuerdos, arreglos y configuraciones fluctuantes que existen en la región entre grupos de poder económicos, políticos y criminales. Sería un error entonces pensar en estas elecciones como un parteaguas. Al contrario, se tienen que leer como el producto de las del 2011, del auge y de la caída de los Templarios, pero también del michoacanazo y de las gubernaturas perredistas de los años 2000, e incluso de las pugnas políticas de los años noventa. Para darse cuenta de esto, basta con observar los nombres y apellidos de los que contienden en estos comicios: las trayectorias políticas michoacanas siguen más vivas que nunca y el deseo de renovación que impulsó el surgimiento de las autodefensas o la creación de consejos ciudadanos locales es letra muerta. De ahí el hartazgo y el desencanto hacia los partidos y la democracia.

Por otra parte, la organización formal de las elecciones, un hecho presentado como un éxito por las autoridades políticas, no puede ocultar el contexto en el cual se dan. Además de los sucesos violentos, la opacidad y la impunidad que caracterizan la gestión del Gobierno federal en Michoacán alimentan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones políticas tomadas para “resolver” el “problema” michoacano.

La mejor ilustración de esto es la farsa de justicia que se dio en torno a los casos de Hipólito Mora y El Americano, la liberación y reaprehensión de Rodrigo Vallejo, hijo del ex-Gobernador Fausto Vallejo. También pueden citarse los comentarios por lo menos sorprendentes del titular de la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE), José Martin Godoy Castro, cuando declaró, acerca del asesinato del candidato Enrique Hernández, que “así como tenía mucha gente que lo estimaba, también hay personas que lo odiaban”. El Estado de derecho y la impartición de justicia quedaron de lado frente a los arreglos y las venganzas personales, ordenadas desde el nivel federal para ser implementadas al nivel local por autoridades que fueron perdiendo cada vez más protagonismo a lo largo de los últimos meses.

En este punto se encuentra hoy Michoacán. La institucionalización se confundió con la creación frenética de instituciones vacías y se llevó a cabo sin justicia. El regreso del Estado, tan deseado, no fue acompañado por el Derecho, sino más bien por la presencia masiva y perpetua de fuerzas armadas. La ley se usó de forma selectiva, personalizada, en función de un parámetro amigo-enemigo que nunca se dejó de lado. Por lo tanto, la reconfiguración de los intereses político-criminales no solamente ha contribuido a mantener la marginación socio-económica de Michoacán sino que parece haber asentado un nuevo feudalismo, profundamente arraigado en la historia política local y sus turbios intereses.

Aquí termina la metáfora del Cubo Rubik: Michoacán no está hecho de plástico de colores, sino de dinámicas socio-políticas largas y complejas. No basta con acomodar bien las piezas para quedar satisfechos. Es decir, no basta con resolver el cubo para ganar. No basta con crear instituciones para crear legitimidad. No basta con organizar elecciones para instalar la paz. Lo importante es el cómo, el proceso, el camino a esa resolución, quién lo emprende, por qué y con qué fines. Por muy expertas que sean las manos que manejan el rompecabezas, si son cuestionadas, lo más probable es que el cubo no solamente siga incompleto, sino que se vuelva a mezclar y que el rompecabezas vuelva a su punto inicial.

 

* Romain Le Cour Grandmaison es co-Director de Noria Research. Obtuvo en 2011 una Maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional de Sciences Po Paris. Actualmente es candidato a doctorado en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona (Paris 1). Es autor del estudio “Entender para atender: por una estrategia de Estado en Michoacán” realizado para México Evalúa en 2014.

 

 

Éste será el eje del informe que México Evalúa publicará próximamente sobre la situación en Michoacán, en seguimiento al documento del año pasado.

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