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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
¿El sexenio de los jueces?
La mayoría lograda en ambas cámaras del Congreso por integrantes de Morena es inédita en el periodo democrático, por lo que el Poder Judicial Federal, en la práctica, fungirá como el único contrapeso institucional a los poderes políticos.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
13 de diciembre, 2018
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Por: Laurence Pantin (@lpantin)

Si bien en el mundo entero las democracias representativas enfrentan serias críticas, como lo dijo Winston Churchill con otras palabras, hasta la fecha no se ha encontrado mejor sistema de gobierno. Sin embargo, dos elementos de las democracias que no se cuestionan son la división de poderes, como la definió Montesquieu en 1748, y el sistema de pesos y contrapesos que la acompaña, pues previenen el abuso de poder.

En México, la transición a la democracia dio lugar a gobiernos divididos, es decir, donde el Ejecutivo no disponía de una mayoría en ambas cámaras del Congreso, como resultado de la desconfianza que generaba el recuerdo de la hegemonía priista. Esto fue así hasta las elecciones de este año que dieron a la coalición del presidente el control en ambas cámaras.

Esta configuración, inédita hasta ahora en el periodo democrático, le dará sin duda un papel aún más relevante al Poder Judicial Federal, pues en la práctica fungirá como el único contrapeso institucional a los poderes políticos.

Ahora bien, la relación entre el presidente, la mayoría legislativa y el Poder Judicial Federal no ha empezado con el pie derecho, por decir lo menos. El conflicto surgió a raíz de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos propuesta por Morena y aprobada en noviembre, que establece que ningún servidor puede ganar más que el presidente. Pese a que la Constitución establece que las remuneraciones de los más altos funcionarios judiciales no pueden ser reducidas durante su encargo, esta Ley incluye al Poder Judicial, por lo que ha sido interpretada como un ataque a la independencia del mismo.

Si bien esta disputa no augura buenas relaciones, será fundamental que el Poder Judicial Federal ejerza su papel de contrapeso de manera responsable y transparente.

Responsable significa que deberá tomar sus decisiones con base en criterios constitucionales y legales y no respondiendo a motivos políticos.

Se perfila que muchas de las reformas propuestas por el nuevo gobierno pudieran llegar a la Suprema Corte, como ya es el caso de la Ley Federal de Remuneraciones[1] y podría ser el caso de la reforma constitucional en materia de seguridad que crea la Guardia Nacional, misma que está pendiente de aprobación.

Imagine una Corte que decidiera sus casos únicamente con la finalidad de imponerse ante el Ejecutivo y no con base en los mejores criterios jurídicos. Imagine una Corte que revirtiera sistemáticamente las reformas del gobierno impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y demás amparos, incluso cuando éstos no presentan suficientes méritos, solamente guiada por un criterio político de contrarrestar la mayoría legislativa. Esto podría ser considerado antidemocrático, tanto como si, por el contrario, abdicara de su rol de defensa del orden constitucional. Por ello, el Poder Judicial Federal deberá ser contrapeso, mas no oposición.

Transparente implica que tendrá que rendir cuentas, explicar y justificar sus decisiones, sus procesos y comunicar eficientemente sobre ellos.

Pero, ¿qué tan transparente es el Poder Judicial Federal en la actualidad?

Si nos referimos al ejercicio de verificación diagnóstica del cumplimiento con las obligaciones de transparencia que realizó el INAI en 2017, vemos que el Tribunal Superior de Justicia de la Federación cumple al 82.6%, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 89.95% y el Consejo de la Judicatura Federal al 92.86%. Estos niveles parecen bastante altos, pues los sujetos obligados del ámbito federal cumplen en promedio al 62.74%.

Ahora bien, no basta con publicar mucha información, sino que es necesario publicar información útil. Por ello, realizamos un estudio exploratorio con base en sus páginas web para saber qué tipo de información publica el Poder Judicial Federal. Los resultados aparecen en las siguientes tablas:

Si bien observamos que el Poder Judicial Federal publica bastante información en temas jurisdiccionales y administrativos, encontramos que todavía le falta dar a conocer datos, en particular con respecto a la gestión de recursos humanos y a la carrera judicial. Contar con esta información sin duda sería de interés para la ciudadanía en un contexto en que el Poder Judicial Federal enfrenta acusaciones de nepotismo.

Por ejemplo, respecto a los concursos de oposición, sería útil conocer los criterios específicos de evaluación en cada etapa, los antecedentes curriculares y las calificaciones de los aspirantes, así como los nombres de quienes elaboran y califican el examen, sobre todo en su etapa oral. Por otra parte, es fundamental transparentar los procesos de adscripción ya que son comunes los señalamientos en contra del Consejo de la Judicatura Federal por el cambio de lugar de jueces o magistrados para que éstos decidan sobre asuntos de relevancia política o económica, lo cual pone en riesgo la independencia judicial.

Pero también importa la forma en que se publica la información. Así, si bien el Poder Judicial Federal publica muchas de sus sentencias (aunque desafortunadamente no todas), éstas suelen ser muy largas y en un lenguaje poco accesible para no especialistas. Por ello, también debería de hacerse un esfuerzo en dos sentidos: por una parte, para reducir el tamaño y simplificar el lenguaje de las sentencias (como se ha realizado en otros países y como lo han hecho el ministro en retiro José Ramón Cossío y la Magistrada electoral María Silva, entre otros juzgadores); por otra parte, para comunicar de una mejor manera el sustento jurídico detrás de las sentencias de mayor trascendencia.

Otro ejemplo es el de la información relativa a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial Federal. En el contexto actual de debate exacerbado en torno a este tema, llama la atención que la Suprema Corte haya publicado un tweet para desmentir la declaración del presidente según la cual algunos altos funcionarios del Poder Judicial ganan hasta 600 mil pesos mensuales.

Sin embargo, ni en el enlace de este tweet ni en ninguna otra página oficial, se publica la remuneración mensual total de cada uno de los ministros de la Corte. Publicar esta información en línea sería la manera más efectiva y transparente de informar sobre el tema salarial. Este debate refleja una problemática más general: la insuficiente desagregación de la información sobre el presupuesto y su ejercicio por parte de este Poder.

La falta de información, así como la falta de entendimiento de la misma, explican en parte por qué cerca de 45% de los mexicanos todavía confía poco o nada en los jueces, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Es importante recordar que, a diferencia de los demás poderes, el Poder Judicial no emana de una elección popular y, sin embargo, sus decisiones afectan directamente a los ciudadanos. Por ello, su legitimidad depende de la cercanía que desarrolle con los mismos, mediante mecanismos de transparencia que informen acerca de su trabajo y sus procesos internos[2].

No es casualidad que este tema haya sido mencionado como parte de su agenda por algunos de los candidatos a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal a partir de enero próximo. En el contexto polarizado en el que nos encontramos actualmente, y que seguramente marcará buena parte del sexenio, parece evidente que no le quedará más al Poder Judicial Federal que volverse cada vez más transparente.

El tema no es menor. En varias partes del mundo, se ha pronosticado que el siglo XXI podría ser el siglo de los jueces. Sin ir tan lejos, en México, ¿será éste el sexenio de los jueces?

 

*Laurence Pantin es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. La autora agradece la colaboración de Karina Aguilera y Gustavo Marín, así como el apoyo de Laura Romero con la recolección y sistematización de datos. También agradece los comentarios de Edna Jaime y Cecilia Román y el diseño de Miguel Cedillo.

 

@mexevalua

 

[1] De hecho, la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 7 de diciembre, hasta que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un grupo de senadores de oposición.

[2] No sobra decir que la transparencia no sólo es útil para el Poder Judicial, sino que también funge como una herramienta para que los ciudadanos logren acceder a la justicia con mayor facilidad.

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