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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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El Sistema Nacional Anticorrupción: no más dilaciones legislativas
La reforma en materia anticorrupción aprobada por la Cámara de Diputados en febrero pasado es producto de un esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de la sociedad civil con los legisladores. Restan menos de ocho sesiones en el Congreso. Los senadores no pueden retrasar el análisis de esta minuta. En dicho análisis tendrán que tener sensatez de cara a los tiempos legislativos, pues, de incluir modificaciones a lo aprobado por la colegisladora, es previsible que no alcanzaría el tiempo para que los diputados puedan retomar las observaciones y decidir si las ratifican o no.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
10 de abril, 2015
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Por: Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm)

Esta semana el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados dio a conocer los resultados de una encuesta telefónica a nivel nacional que llevó a cabo durante el mes de marzo, en la que 85 por ciento de las personas interrogadas considera que hay mucha corrupción en el país y 74 por ciento enfatiza el problema de la impunidad. Las cifras confirman la percepción de que la corrupción es una práctica muy extendida en el país. Esto queda demostrado en múltiples escándalos que se han dado a conocer en los últimos meses, el más reciente el del uso para propósitos personales del helicóptero de la Conagua por parte de su ahora ex-titular, David Korenfeld.

Por ello no es exagerado afirmar que México no puede esperar más. Con el fin de atajar este problema nacional, es necesario hacer un llamado para que a la brevedad los señores senadores aprueben la minuta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción que tienen bajo su análisis.

Como he argumentado anteriormente, la reforma en materia anticorrupción aprobada por la Cámara de Diputados en febrero pasado es producto de un esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de la sociedad civil con los legisladores. Esta reforma no es perfecta, pero sí representa un avance sustantivo respecto al marco vigente con el fin de crear un verdadero sistema nacional anticorrupción, a través del cual se articulen las distintas instituciones del Estado Mexicano para combatir frontalmente este fenómeno. También es cierto que hay precisiones fundamentales que tendrán que incorporarse en las múltiples legislaciones secundarias (hemos identificado por lo menos 10) que deberán reformarse producto de la reforma constitucional.

Celebramos que en el análisis de las distintas iniciativas en esta materia, los legisladores retomaron varias de las propuestas que México Evalúa y otros colegas de la sociedad civil, como la Red de Rendición de Cuentas, compartimos en múltiples reuniones con los representantes de los partidos encargados de dictaminar sobre este rubro.

Destacan algunas de las disposiciones de la minuta:

1. Fortalece las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que pueda iniciar sus trabajos de fiscalización desde el primer día hábil del año fiscal siguiente. También es positiva la inclusión de informes parciales de su labor de fiscalización de la cuenta pública, de forma tal que el Congreso tenga insumos con mayor prontitud para el análisis subsecuente del presupuesto de egresos.

2. Otorga la facultad tanto a la ASF como a la Secretaría de la Función Pública de presentar juicios de revisión ante problemas de potencial inacción de la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción. Dicha facultad provee de incentivos institucionales necesarios para evitar situaciones como las que ocurren hoy y así permitir, que investigaciones sobre funcionarios y agentes privados potencialmente corruptos, no se detengan por una labor deficiente de la fiscalía encargada de integrar los expedientes para presentar los casos ante los tribunales respectivos.

3. Amplía los plazos de prescripción del delito de corrupción de 3 a 7 años. Hemos señalado en diversos foros que a nosotros nos hubiera gustado que dicho plazo fuera aún mayor (por lo menos de 15 años). Sin embargo, entendemos que en todas las negociaciones legislativas y de implementación de las políticas públicas hay posiciones que deben conciliarse entre las partes involucradas, con el fin de lograr acuerdos que permitan legislaciones y políticas lo más óptimas posibles dentro del universo de las posiciones encontradas bajo discusión.

4. Prevé la creación de una sala especializada dentro del Tribunal de Justicia Administrativa que se encargue de juzgar los casos de corrupción y de faltas administrativas graves. La discusión para precisar en la legislación secundaria este término de gravedad será clave, pues este término será el que defina los casos que investigue la Auditoría Superior de la Federación y que se presentarán ante dicho tribunal para su consideración.

Sin embargo, es preciso que la legislación secundaria incluya salas regionales especializadas en materia de delitos de corrupción y faltas administrativas que dependan de la sala del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa para que se puedan desahogar los casos que lleguen a esta instancia. De lo contrario, la sala especializada del pleno estará sobrepasada y no podrá atender correctamente los casos que lleguen para su proceso legal.

5. Levanta los secretos bancario, fiscal, fiduciario y bursátil en las investigaciones tanto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) como de la ASF, por lo que éstas podrán allegarse mayores y mejores elementos. Sin embargo, es imprescindible garantizar jurídicamente el buen uso de esta facultad, por lo que la legislación secundaria tendrá que establecer con precisión quienes serán los funcionarios públicos dentro de las instancias referidas que podrán ejercer dicha facultad, por ejemplo, el titular de la SFP y el titular de la ASF.

6. Faculta a la ASF para fiscalizar las participaciones federales en coordinación con las instancias locales de fiscalización. Sin duda es complejo reconciliar la necesidad de respetar el marco federalista de nuestro país y la realidad de atajar espacios a la corrupción en todos los niveles de gobierno. La problemática de la corrupción no es exclusiva sin duda de los ámbitos estatal y municipal, pues diversos casos a lo largo de los años han dejado al descubierto la persistencia de este problema en el ámbito federal. Sin embargo, como expresamos en su momento a los diputados, con preocupación hemos sido testigos de múltiples prácticas de abusos de recursos del erario a nivel estatal y municipal, con un lamentable récord de impunidad en estos niveles de gobierno.

Existen prácticas que apuntan a una labor deficiente por parte de los órganos de fiscalización y de las procuradurías en los estados que debieran investigar y llevar a juicio a quienes han incurrido en este tipo de delitos de corrupción. Dicha labor sugiere problemas serios de ausencia de verdaderos pesos y contrapesos que se agravan en estos niveles de gobierno. Por ello hay que celebrar la decisión de los diputados para incluir dentro de las facultades de la ASF, la capacidad de fiscalizar las participaciones federales en coordinación con las instancias locales de fiscalización. No obstante, nuevamente el diablo estará en los detalles, por lo que se tendrá que precisar en la legislación secundaria los mecanismos para coordinar adecuadamente los esfuerzos de fiscalización en esta materia.

Muchas otras precisiones tendrán que realizarse para lograr una operación adecuada del Sistema Nacional Anticorrupción que deben recogerse en la legislación secundaria. Por ejemplo, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tendrá que mejorarse la definición del conflicto de interés y considerarse aspectos relevantes como la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los funcionarios más importantes del Estado Mexicano. Asimismo, las autoridades encargadas de recibir dichas declaraciones –Secretaría de la Función Pública para la Administración Pública Federal y Auditoría Superior de la Federación en el caso del Poder Legislativo- tienen que contar con las facultades para verificar la veracidad de la información contenida en estos documentos. De lo contrario, dichas declaraciones contempladas como obligatorias en la minuta bajo discusión, no serán instrumentos útiles para combatir la corrupción.

La legislación secundaria también tendrá que privilegiar medidas para la prevención del fenómeno de la corrupción y blindar los mecanismos de denuncia de forma tal que aquellos que tengan la tentación de incurrir en prácticas de corrupción piensen dos veces en cometer este tipo de delitos. De igual manera, dotar en su momento de los recursos necesarios para la contratación de profesionales que apoyen una labor de investigación multidisciplinaria de combate a la corrupción será fundamental. Por ello, desde ahora es necesario subrayar que en su momento los legisladores tendrán que atender la necesidad de fortalecer un verdadero sistema de servicio civil, para que los titulares de órganos de control y el personal de las instituciones que contempla el Sistema Nacional Anticorrupción (ASF, SFP, Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción, Órganos Internos de Control y las respectivas instituciones a nivel subnacional) cuenten con la capacidad técnica y los recursos presupuestales adecuados para llevar a cabo sus funciones.

Son muchos meses de trabajo por delante, en los cuales habrá que acelerar el paso a partir de la conclusión del proceso legislativo de la reforma constitucional en la materia. Restan menos de ocho sesiones en el Congreso. Los senadores no pueden retrasar el análisis de esta minuta. En dicho análisis tendrán que tener sensatez de cara a los tiempos legislativos, pues, de incluir modificaciones a lo aprobado por la colegisladora, es previsible que no alcanzaría el tiempo para que los diputados puedan retomar las observaciones y decidir si las ratifican o no. De ser el caso, sería lamentable que el país tuviera que esperar mucho todavía más para avanzar en la construcción de este sistema. Los asuntos electorales ya están distrayendo a los legisladores y tendríamos entonces que esperar a una nueva legislatura en septiembre para retomar el asunto. La multiplicación de los escándalos de corrupción debería de servir a los senadores para entender que el horno no está para bollos, por lo que urge que ratifiquen la minuta en materia de combate a la corrupción.

 

* Marco A. Fernández es Investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

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