¡Muchas gracias!

Por: Jimena David (@jimena_dag), Jonathan Furszyfer (@JonFdr) y Jesús Gallegos

A partir del 2008, México comenzó a experimentar una profunda crisis de inseguridad caracterizada, principalmente, por un aumento sistemático de homicidios dolosos. A 10 años del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la tendencia de la violencia letal en el país no se ha logrado revertir e incluso se ha agudizado en los últimos dos años –siendo el 2016 uno de los más violentos desde la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa[1]. En esta coyuntura, ¿qué papel juegan las estadísticas delictivas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)?

La recolección y clasificación de delitos son indispensables para diagnosticar las diversas dinámicas de violencia a nivel local, municipal, estatal y federal. Siempre y cuando sean veraces y de calidad, las estadísticas delictivas son vitales para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de prevención y reducción de la violencia y la delincuencia, fortalecer el sistema de procuración e impartición de justica y asignar recursos federales y estatales a la seguridad pública local, entre muchos otros ámbitos. En consecuencia, es fundamental contar con estadísticas delictivas confiables para identificar y combatir cada uno de los patrones de violencia en nuestro país con el objetivo de garantizar la paz y el orden social.

En este contexto, es necesario preguntarse cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la incidencia delictiva del SESNSP[2] en nuestro país para analizar y detener eficazmente la ola de violencia por la que estamos atravesando.

Fortalezas

1. Acceso y rapidez. México es uno de los países que publica con mayor prontitud y accesibilidad sus estadísticas delictivas, en comparación con varias de sus contrapartes que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los datos de delitos del fuero común se publican de manera mensual, con un mes de retraso, y cualquiera puede consultarlos a través de la página de internet del SESNSP.

2. Clasificación y capacitación. El Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ha forjado una serie de alianzas con las procuradurías y fiscalías locales para fortalecer los procesos de clasificación de los registros delictivos y de capacitación de los funcionarios encargados de esta clasificación. Lo anterior ha permitido contar con información de mayor calidad, a través de mejoras en los procesos de identificación, recolección, clasificación y publicación de estadísticas delictivas.

3. Nivel de agregación. A partir de 2011, el SESNSP empezó a publicar la información delictiva desagregada a nivel municipal. Si bien en un inicio la suma de los delitos de alto impacto a nivel municipal no cuadraba con los estatales, desde hace algunos meses se ha corregido este problema. Así desde septiembre de 2016, el SESNSP ha conseguido obtener y publicar los registros delictivos de todos los municipios que integran al país, a excepción de Oaxaca.

Oportunidades

1. Contabilización de víctimas. Antes de 2014, el SESNSP contabilizaba averiguaciones previas y carpetas de investigación, pero no el número de víctimas totales por delito. En este sentido, un gran paso ha sido la publicación del número de víctimas individuales para los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, a partir de esa fecha. Sin embargo, como veremos en los siguientes puntos, la contabilización de víctimas abre una serie de ventanas de oportunidad para el registro de estadísticas delictivas.

2. Geolocalización. Si bien las carpetas de investigación y averiguaciones previas registran, para varios delitos (vg.r. homicidios dolosos y culposos), el lugar exacto de su ocurrencia (domicilio, calle e intersecciones viales), los registros delictivos del SESNSP no cuentan con esta información, sino que solamente presentan el dato del municipio. Con información desagregada a nivel coordenada geográfica, sería posible estudiar, detectar y entender patrones delictivos híper-locales, puesto que éstos no están distribuidos uniformemente en una sola área, sino que tienden a concentrarse en ciertas zonas dentro de un mismo municipio.

3. Inclusión de variables demográficas, sociales y forenses. Las averiguaciones previas también cuentan con campos para identificar el sexo, edad y domicilio de las víctimas y presuntos culpables. En algunos casos, también se cuenta con información pericial y forense relevante para investigaciones criminológicas. Sin embargo, estos elementos no son reportados al SESNSP por las procuradurías, cuando podrían facilitar el diseño de estrategias de prevención y predicción delictiva, a la medida de las necesidades de ciertos perfiles de víctimas.

4. Homologación y clasificación. Desde su publicación en 2011, la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos mejoró sustancialmente la homologación de delitos para que puedan analizarse y compararse bajo las mismas métricas y clasificaciones. No obstante, varios estados todavía clasifican ciertos delitos con base en sus propios criterios, por lo que es importante finalizar la homologación de la Norma Técnica.

Debilidades

1. Definiciones ambiguas. A pesar de los esfuerzos de homologación, la existencia de categorías como “otros” y “sin datos” es problemática, dado que incentiva clasificaciones inconclusas o incorrectas de los delitos. Como hemos apuntado en otro de nuestros artículos, los delitos reportados en estas categorías han aumentado sistemáticamente en varias entidades del país, dando menos precisión sobre la naturaleza o circunstancia de éstos. Por consiguiente, es necesario que se establezcan claramente criterios homologados para clasificar los delitos que se publican en el SESNSP. En la medida en que se cuente con información más clara y detallada sobre la incidencia delictiva, se podrán generar mejores diagnósticos que promuevan la creación de políticas públicas eficaces para el combate a la inseguridad.

2. Monitoreo y rendición de cuentas. Como indica el propio SESNSP, las fiscalías y procuradurías generales son responsables de la veracidad y actualización de los datos. No obstante, hasta la fecha no existen mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas formales ni a nivel de los estados ni a nivel federal que permitan validar la información delictiva, a partir de un modelo Agente-Principal[3]. En este sentido, un siguiente paso debe consistir en la coordinación entre gobiernos y sociedad civil para consolidar reglas de operación, leyes y auditorías que permitan alinear incentivos, fortalecer sistemas de rendición de cuentas y desarrollar mecanismos de monitoreo que, en conjunto, mejoren la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas del país.

Amenazas

1. Desconfianza en las autoridades. Si bien existen varios factores que desincentivan la denuncia, como, por ejemplo, los costos asociados al reportar un acto ilícito, el equipo de México Evalúa, en su publicación “Justica a la medida. Siete indicadores sobre la calidad de la Justicia Penal en México”, encontró que la mayoría de las víctimas de algún delito no lo denunciaron porque desconfiaban en la autoridad (vg.r. actitud hostil del ministerio público y miedo a ser extorsionados, entre otros). Como se ha descrito hasta ahora, las denuncias son el insumo elemental para construir una base de datos delictiva que permita diseñar políticas robustas contra la inseguridad. Entonces, la cifra negra[4] es una grave amenaza que debe amortiguarse para mejorar la toma de decisiones en la materia.

2. Manipulación de registros delictivos. Con el objetivo de presentar mejores resultados en materia de seguridad, las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen incentivos para manipular la información delictiva. En México Evalúa, hemos encontrado evidencia de prácticas de manipulación de cifras delictivas a lo largo de todo el país. Esta manipulación se suele llevar a cabo a través del subregistro (la autoridad no registra delitos que han sido denunciados de manera injustificada), de la clasificación errónea (la autoridad tipifica un delito de alto impacto como uno menos grave) o de la manipulación a través del tiempo del registro (los delitos se pueden registrar y publicar con retrasos o borrarse meses después, para controlar el flujo de información que se ofrece a la ciudadanía). Al igual que el punto anterior, a medida que la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas aumentan, mejorarán los diagnósticos que nos permitan prevenir y reducir la violencia y la delincuencia.

En suma, optimizar la generación de información delictiva que sirva para la construcción de estrategias de prevención y combate a la violencia es un trabajo continuo. Hasta ahora, se ha conseguido mejorar la clasificación, homologación, prontitud y accesibilidad de las estadísticas delictivas. Sin embargo, existen ventanas de oportunidad valiosas para obtener información más profunda sobre la naturaleza de los delitos, particularmente en torno a las características de sus víctimas y el lugar exacto de su incidencia. En este contexto, los retos más importantes para los tres órdenes del gobierno radican en perfeccionar los procesos de atención a víctimas, recepción de denuncias, registro y publicación de delitos, todos ellos articulados dentro de un sistema que vigile y audite la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas, para advertir cuando se encuentren problemas y colaborar en la construcción de soluciones.

* Jimena David y Jesús A. Gallegos son investigadores del Programa de Seguridad de México Evalúa (@mexevalua) y Jonathan Furszyfer es coordinador del mismo. Los autores agradecen la edición de Laurence Pantin y las ilustraciones de Miguel Cedillo.

[1] Cálculos propios de México Evalúa, con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

[2] La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.

[3] El problema del agente-principal estipula una serie de circunstancias que se originan cuando el desempeño de un actor (vg.r. el principal) está condicionado por las actitudes y preferencias de otro actor (v.gr. el agente), sobre el que se carece de información perfecta.

[4] La cifra negra equivale a todos aquellos delitos que no se denuncian.