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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
La corrupción y la agenda modernizadora del país
No hay reforma estructural ni crecimiento económico que aguante los niveles de corrupción que tiene México. El cinismo con el que se acepta la corrupción como un fenómeno común en el país debe ser combatido frontalmente... y empezar por el Congreso.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
28 de noviembre, 2013
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La corrupción, entendida como el mal uso de un puesto público para la obtención de una ganancia privada, tiene efectos negativos para la sociedad en su conjunto.  Una extensa literatura ha analizado cómo la corrupción afecta el ámbito económico, de convivencia social y de confianza en las instituciones de un país.  La corrupción está asociada con menores niveles de crecimiento del PIB (Mauro 2001), limita los beneficios de la apertura comercial y hace más probable que países con altos niveles de corrupción tengan crisis monetarias (Wei 2001).  Mediante la corrupción es recurrente el uso ineficaz e ineficiente de los presupuestos públicos en diversos ámbitos que deberían ser clave para el bienestar ciudadano como lo son la salud, la educación y el desarrollo de infraestructura. Finalmente, la investigación comparada advierte sobre cómo, cuando la población percibe la corrupción como un fenómeno ampliamente extendido en la sociedad, se merma considerablemente tanto la confianza interpersonal como aquella que los ciudadanos tienen en su gobierno (Mishler and Rose 2001).  En el caso de América Latina, las encuestas sugieren que el fenómeno de la corrupción está asociado con niveles menores de legitimidad de los gobiernos democráticos e incluso con mayores simpatías por alternativas autoritarias como forma de gobierno (Seligson 2002).

Recientemente el expresidente Felipe Calderón —ansioso por mantener algún grado de protagonismo en la agenda de debate público nacional— señaló en una entrevista al periódico ABC de Paraguay: “es una desgracia, pero la corrupción es un mal endémico de México. Acabó la seguridad. Con su poder sobre la policía extorsionan, secuestran empresarios, cobran cuotas a la tienda de la esquina, cobran por protección a los comerciantes, a los ganaderos. Matan periodistas…”.  Calderón tiene razón, aunque tiene una memoria selectiva, por lo que omite hablar de prácticas corruptas bajo su gobierno como la inexplicable riqueza de antiguos colaboradores o las omisiones para actuar en contra de la corrupción de su antigua aliada en el magisterio, Elba Esther Gordillo.

Sin embargo, Calderón dice lo que hoy es lamentablemente una obviedad: la corrupción tan extendida en el país es una desgracia para su desarrollo y para la posibilidad de desarrollar un capital social robusto para consolidar la joven democracia mexicana.  El último informe de competitividad global preparado por el Foro Económico Global (WEF) señala que en México el principal factor que afecta el hacer negocios es la corrupción (18% de los entrevistados), incluso por encima del crimen y la delincuencia (14%). Asimismo, el país ha empeorado en su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional al pasar del lugar 72 en 2008 al 105 en 2012. Por otro lado, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno ha identificado al menos 200 millones de actos de corrupción en el pago de sobornos para acceder a trámites y servicios en los tres niveles de gobierno, en los cuales son los hogares más pobres quienes cargan el mayor costo.  No sorprende que bajo estas condiciones sólo una minoría de los mexicanos vea a la democracia como la mejor forma de gobierno (37% de acuerdo a la última encuesta de Latinobarómetro).

Un breve recuento de casos emblemáticos de corrupción en todos los niveles y poderes públicos de México, ilustran el tamaño del problema al que nos enfrentamos como sociedad de tiempo atrás, y al que hasta hoy, las jóvenes instituciones democráticas del país han sido incapaces de combatir eficazmente:

1.En abril del año pasado, el New York Times documentó la serie de prácticas corruptas en las que mediante el pago de sobornos, los directivos de Wal-Mart en México lograron incrementar el número de sus tiendas en el país.  El reportaje ha dado origen a una investigación por parte de las autoridades norteamericanas, ya que las leyes de aquel país estipulan explícitamente sanciones contra aquellas empresas que incurran en actos de corrupción fuera de sus fronteras para beneficio comercial.  El reportaje entonces se acompañó de furor en la discusión pública nacional.  Sin embargo, hasta ahora no hay investigación oficial en la materia, detenido alguno, procesos administrativos y penales contra los involucrados en estas prácticas.  La prensa nacional, a lo mejor por un absurdo celo profesional hacia el diario extranjero, por incapacidad técnica para incursionar en el periodismo de investigación de excelencia en este rubro, por presión de los dueños de los medios que tienen intereses comerciales de la publicidad que reciben de la multinacional, o por alguna extraña razón desconocida ha sido incapaz de documentar quiénes son los implicados en esta red de corrupción.  ¿Qué funcionarios municipales, estatales e incluso federales? ¿Cómo se alteraron los permisos de uso de suelo para la construcción de las tiendas?  ¿A qué partidos políticos pertenecen los funcionarios? ¿Dónde están hoy dichos sujetos? ¿Por qué el caso no se ha podido seguir judicialmente también en los tribunales del país?

2.Yo no soy la Virgen de Guadalupe, si fuera la Virgen de Guadalupe, Dios me tendría en un pinche nicho en una iglesia, y era Santa Elisa, y persígnense cabrones. No soy Santa Elisa, soy una mujer que le ha costado mucho trabajar por el bien de la sociedad, tampoco les digo ‘ay no, yo soy la que no…’, ni madres, agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo, no sean culeros, hagamos lo que tengamos que hacer”. Con estas palabras se expresaba hace algunas semanas la hoy ex regidora priista de Guadalajara hacia colaboradores del municipio, a quienes presuntamente regañaba por no serle leales y no repartir con ella los dividendos respectivos en la administración de panteones de la capital.  En el audio se ejemplifica, consistente con la visión de que los puestos públicos son para los beneficios privados, que la política tricolor abiertamente señala que la selección del personal en puestos administrativos clave del municipio, se hizo con base en criterios de pertenencia política que compensa los esfuerzos de campaña y no bajocriterios de experiencia, preparación y probidad.  En pocas palabras, no hay servicio civil de carrera que valga, lo que importa es la conexión política, la cual a su vez pareciera clave para abrir paso por omisión y por acción a las redes que usan los puestos públicos para ganancias privadas.

3. Los diputados federales en San Lázaro se han autorizado 5 mil millones de pesos para el financiamiento de proyectos “sociales”, en los que, en teoría, cada diputado tendrá 10 millones para su distribución en aquellos rubros que considere necesarioNo hay reglas de operación sobre el ejercicio de estos recursos.  Se dice que serán para el financiamiento de carreteras, mejoramiento de escuelas, dotación de despensas en los distritos de los legisladores.  Mera especulación, ya que el detalle de los proyectos que se tienen contemplados es opaco.  En la caja negra del presupuesto —como lo hemos documentado en México Evalúa— hay espacios amplios para la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos.  Lamentablemente, a quienes se les ha exhortado a ser los campeones al frente de los esfuerzos para darle transparencia al presupuesto de la federación, ilustran en los hechos su desinterés en la materia, por más discursos y declaraciones que hagan a favor de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Siendo candil de la calle, oscuridad de la casa, pese a que dicen exigirle al Ejecutivo federal austeridad, transparencia y garantías para el buen uso de los recursos públicos, el frágil compromiso legislativo por la rendición de cuentas está siendo desnudado.

A esto se agrega la denuncia de diversos presidentes y expresidentes municipales de ser víctimas de extorsión por parte de los legisladores, quienes a partir de una cuota “compensatoria”, “moche”, “diezmo” o como se le quiere llamar, etiquetan recursos a favor de aquellos gobernantes que acepten el sistema de pago a cambio de apoyos presupuestales. El coordinador panista Luis Alberto Villareal ha sido señalado como uno de los principales diputados que han incurrido en este tipo de prácticas.  Y aunque para su compañero legislador, el senador tricolor Emilio Gamboa estos son “chismes” y que en caso dado se debe presentar la denuncia contra todo aquel que haya incurrido en una práctica de esta naturaleza, lo cierto es que no se ha iniciado investigación alguna sobre Villareal y sobre ningún legislador más allá de tintes partidistas.

4. En la ciudad de México lamentablemente no cantamos mal las rancheras.  Hace unas semanas la empresa Gas Natural Fesa denunció ser víctima de extorsión por parte de funcionarios públicos en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras, Gustavo  A. Madero e Iztapalapa, todas bajo el control del PRD. El jefe de gobierno ha prometido una investigación exhaustiva hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, hasta hoy no hay ningún funcionario suspendido, despedido o bajo proceso legal.  Los legisladores de la Asamblea del D.F. mostraron su indignación, pero nuevamente los desmemoriados diputados locales omitieron explicaciones sobre cómo manejan los presupuestos públicos. El caso de la corrupción del Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de los Jóvenes, mediante el cual la legislatura anterior aprobó el reparto de 250 millones de pesos a universidades públicas y privadas, exhibe nuevamente el doble discurso del legislativo frente a la corrupción de otros funcionarios públicos.  Bajo el propósito loable de evitar la deserción escolar de miles de jóvenes de la Ciudad de México, los legisladores aprobaron recursos para un programa en el que no se ha podido comprobar el destino de la mayor parte de su presupuesto.  Hay reglas de operación poco claras, un padrón incompleto, criterios de selección opacos tanto de los beneficiarios individuales como de las instituciones públicas y privadas que recibieron los recursos.  Los legisladores han optado que la solución inmediata es cerrar este fideicomiso, pero no hay hasta ahora claridad en si se está haciendo una investigación por parte del ministerio público, si los administradores de las universidades privilegiadas han sido llamados a declarar para que expliquen la recepción y reparto de los recursos públicos, dónde quedaron los recursos sobrantes pues se benefició a un número muy inferior para el que se diseñó el programa.

A estos casos habría que agregar el despilfarro de recursos públicos en Coahuila mediante deuda con documentos falsificados y funcionarios estatales prófugos y un exgobernador que vive en España supuestamente bajo una beca del magisterio; el reparto de recursos compensatorios para aminorar la resistencia en contra de la reforma educativa, aunque se dice que son para propósitos de mejora de la infraestructura educativa y de preparación magisterial en Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán y Chiapas entre otros.  Hoy hay un senador —el llamado “niño verde”— quien es líder de su bancada pese a que hace algunos años se descubrió un audio en el que pedía 2 millones de pesos a cambio de conseguir permisos de construcción en Cancún.  El exdirector de Operaciones de CFE, Néstor Moreno, a quien se le documentaron propiedades muy por encima de lo que le permitía su salario como entonces funcionario público y que fue denunciado en Estados Unidos por exigir pagos a proveedores a cambio de licitaciones a modo, hoy está libre mediante el pago de una fianza de 15 millones de pesos, mientras que la acusación de enriquecimiento ilícito en su contra es por 33 millones.

En los próximos días se discutirá y probablemente se aprobará una reforma energética sin que hasta ahora se hayan implementado políticas de combate frontal con resultados sustantivos en contra de la corrupción al interior de Pemex, empresa que se pretende y se debe modernizar.  Pero la modernización de una empresa clave como la petrolera, cuando tiene enquistada la corrupción en su interior, pareciera un despropósito.  No importa. Su líder sindical Carlos Romero Deschamps votará con toda tranquilidad a favor de la propuesta gubernamental, pese a la documentación de los excesos de riqueza propia y familiar no respaldada por sus honorarios como funcionario público y líder sindical. Parece tener la confianza que no se le perseguirá por corrupción.

El listado de los actos de corrupción resulta desalentadoramente largo.  Por ello es sorprendente que la discusión de la denominada comisión anticorrupción para sustituir a la Secretaría de la Función Pública se haya pospuesto por tanto tiempo.  Todo funcionario en el gabinete hace declaraciones sobre los beneficios de la reforma energética y lo hizo en su momento a favor de la hacendaria como motores esenciales para el crecimiento económico del país.  Los promotores de estas reformas olvidan que el motor se puede desvielar por recurrentes actos de corrupción que dificultan su funcionamiento. Sin embargo, en el discurso gubernamental y en las prioridades legislativas, los esfuerzos para diseñar instituciones más efectivas para el combate de la corrupción están ausentes.  Esta omisión es un absurdo, máxime si se consideran los efectos negativos de la corrupción precisamente sobre el crecimiento económico.  La falta de celeridad en implementar reformas en la materia es contraria al discurso de la agenda de modernización que ha señalado como prioritaria el presidente Peña Nieto.  Un año prácticamente se ha cumplido y no se ha creado el órgano que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública. Es inevitable observar una aplicación diferenciada de la ley con castigos en contra de la corrupción de Gordillo pero impunidad para los 59 líderes de las secciones del SNTE y otros líderes sindicales como el senador priista Romero Deschamps.

Resulta alentadora la posibilidad de la aprobación de la reelección legislativa como un posible mecanismo de control de los ciudadanos sobre el desempeño de sus representantes (imperfecto, pero mejor que el modelo vigente de no reelección).  Son positivos los avances —sí, con limitaciones, pero avances al fin y al cabo— en materia de transparencia.  No obstante, aún falta mucho camino por recorrer para que la transparencia se traduzca en un verdadero instrumento para la mejor rendición de cuentas de los funcionarios públicos y que disuada la corrupción.  Acotar esta práctica en el país debe ser una prioridad de los gobernantes y la sociedad en su conjunto.  El cinismo con el que se acepta la corrupción como un fenómeno común en el país debe ser combatido frontalmente. El precio colectivo que pagamos por su aceptación es oneroso.  En la modernización del país en materia educativa, de salud, hacendaria, energética, de combate contra el hambre y disminución de la pobreza, en el desarrollo de la infraestructura, en la licitación de nuevas televisoras, en la depuración de las policías y el combate contra el crimen organizado, entre otros cambios que se buscan implementar en México, si no se toman en serio las medidas para avanzar en la reducción de la corrupción, los esfuerzos se verán frustrados y la desilusión del “Mexicandream” será profunda.

 

* Marco Antonio Fernández Martínez es Director de investigación

 

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