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La extorsión empresarial: un delito invisible... hasta que estalla
La ‘credibilidad’ de los grupos criminales debe ser desactivada desde el Estado, al tiempo que cobra un papel activo en la reducción, a mediano y largo plazo, de la serie de afectaciones violentas que se derivan de la extorsión y el cobro de piso.
Por Romain Le Cour, María Teresa Martínez y Milena Sorzano
22 de septiembre, 2022
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En México, la extorsión es un delito central en el debate público, a pesar de quedar escondido detrás de una cifra negra de 97.4 % (ENVIPE, 2022). Junto con el cobro de piso, suele emerger en momentos de crisis, como la que ocurrió en la central de abasto de Chilpancingo en junio de 2022, 1 o la del 12 de agosto pasado en Tijuana. 2 Estas crisis de violencia, asociadas con prácticas de extorsión sistemática, son reveladoras: arrojan luz sobre dinámicas sociales difíciles de entrever fuera de los episodios de alta tensión.

Para remediar la falta de documentación sobre este ‘delito invisible’, desde el Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa presentamos el estudio Extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana. ¿quién protege a quién?

Basado en una inmersión de campo en Tijuana, nuestro trabajo analiza las dinámicas específicas de la extorsión y del cobro de piso, el impacto que tienen en la economía y en la vida cotidiana de quienes los padecen, y las respuestas ofrecidas por las autoridades y la sociedad civil. Pusimos el foco en la victimización de empresarios, pymes y comerciantes de sectores formales e informales de la ciudad.

Extorsión y cobro de piso: las protecciones que condenan

Nuestra investigación entiende a la extorsión y el cobro de piso como la oferta de protección ante una amenaza de daño, en un escenario en el que la persona que ofrece tal servicio es también la fuente del peligro. En otras palabras, amenaza y protección tienen el mismo proveedor, lo que da pie a un intercambio que, en lugar de aliviar (o proteger), inquieta. Esto nos llevó a poner en el centro una pregunta: en ¿quién protege a quién en Tijuana? Si bien en teoría el Estado debería ser el principal –acaso único– proveedor de protección, en la realidad mexicana ésta nunca es completa, por lo que existe un mercado con múltiples oferentes de protección, ya sea legales o ilegales, públicos, privados o híbridos.

Existen diferencias importantes entre extorsión y cobro de piso. La primera puede ser una oferta de protección episódica, que ocurre una sola vez; en el cobro de piso, en cambio, víctima y victimario establecen una relación sostenida en el mediano o largo plazo, que afecta de manera continua la actividad comercial o productiva. Cada semana o cada mes, el “proveedor de protección que inquieta” visita a su cliente para cobrar su cuota.

Las comunidades más marcadas por la extorsión en Tijuana pertenecen a las zonas populares o marginadas de la ciudad, principalmente en lo que se conoce como la zona este. Ahí, la población afirma que ser neutral o desobedecer las órdenes de los cobradores es una osadía, y la denuncia, por descontado, nunca es una opción. El hecho mismo de vivir o tener un negocio en tal o cual lugar, obliga a elegir un bando. Con esa crudeza lo explican nuestros entrevistados: una vez que se impone el control y la dominación territorial, no hay más que obedecer.

Y es que para lograr la imposición del cobro de piso es indispensable la construcción de un ambiente violento que estimule la necesidad de protección: mientras mayor reputación de violencia y capacidad de generarla se atribuya a los perpetradores, más probable es que sus víctimas paguen. Esto puede ser el origen de un ciclo interminable de violencias, cada vez más graves. El ambiente violento genera necesidad de protección; se abre una ventana en la que los actores criminales “ofrecen” sus servicios; éstos, a su vez, usan la violencia para garantizar el apego al acuerdo y “sancionar” a quienes no lo respetan.

Por eso decimos que la extorsión y el cobro de piso, que nacen y se desarrollan a partir del silencio impuesto a sus víctimas, suelen crecer rápidamente en una serie de prácticas violentas ahí sí muy visibles como las agresiones físicas, levantones, incendios o incluso homicidios, destinados a disciplinar a la población y volverla cautiva de la protección inquietante.

El Estado como un proveedor de ‘atención privada’

En este contexto, resulta fundamental la presencia de la autoridad y el rol que juega en el ejercicio –o no ejercicio– de la voluntad, fuerza y justicia formal. En ciertos casos, nuestros entrevistados denuncian que agentes públicos pueden estar involucrados o hacer caso omiso al delito, en diferentes variantes de corrupción, colusión, falta de atención o incapacidad de protección.

Por ende, aceptar el acuerdo de extorsión-protección es resultado del miedo y de la desconfianza que las autoridades inspiran. Si a través de la denuncia las víctimas tuvieran acceso a protección confiable y eficaz, entonces sería factible no pagar. Pero en boca de nuestros interlocutores, muchas veces “el remedio es peor que la enfermedad”.

Por otra parte, nuestro trabajo muestra que la protección del Estado, que debería alcanzar a cualquier ciudadano, funciona en cierta medida como un servicio personalizado. Es decir, las personas que cuentan con suficiente capital social y/o económico logran un acceso directo a los funcionarios de más alto nivel, lo que transforma un servicio público en atención privada. Los que no gozan de estos contactos, no logran acceder a las autoridades.

Por ende, cuando las autoridades y la sociedad civil afirman que lo más importante ante la extorsión es promover la denuncia, apuntan sólo a un componente de la ecuación, la cual quedará irremediablemente incompleta a menos que el reporte detone una acción gubernamental rápida y confiable, seguida por una oferta de protección capaz de desactivar la criminal y, desde luego, susceptible de ser acompañada por una investigación judicial. De lo contrario, denunciar puede ser contraproducente, inútil o peligroso. Como hemos explicado, el cobro de piso es un delito que entraña una relación de largo plazo y una denuncia puede provocar que el extorsionador incremente el nivel de violencia para imponer su protección. Esto es: el criminal, el único proveedor real de protección, puede tomar represalias contra su ‘protegido’, pues osó denunciar.

Conviene reiterar: la denuncia sólo es parte de la solución si cumple con dos condiciones. Primero, tiene que detonar, inmediatamente, una oferta alternativa de protección que le permita a la víctima prescindir de la oferta ‘original’, la criminal. Es decir, si la policía tiene capacidad para brindar protección ante la extorsión y otras amenazas, la denuncia se convierte en la demanda de una “protección que alivia”.

Segundo, la denuncia tiene que desencadenar una investigación y eventualmente un proceso judicial que garantice la reparación del daño para la víctima y la neutralización de estos actores violentos. De acuerdo con la Envipe (2022), considerando sólo los casos de extorsión que tienen una carpeta de investigación (es decir, el 2.6%), sabemos que en el 60% de los casos no ha pasado nada; en el 26%, la investigación está en trámite, el 0.3% recuperó sus bienes y sólo en el 1% hubo reparación del daño. En pocas palabras, mientras las fiscalías no asuman su rol, de nada sirve que la población tome el riesgo de denunciar.

La repartición de responsabilidades

Cualquier vía de solución debe partir de la pregunta esencial: ¿cuál es el mecanismo que le da viabilidad a esos delitos?  Y no es otro que la materialización siempre cercana, creíble de la amenaza por parte del extorsionador. Así, abundan los relatos de “al señor lo mataron porque dicen que no quiso pagar”. Estas historias, difundidas en círculos de amigos, forman parte de lo que anima a empresarios y comerciantes a pagar. Los grupos criminales, por supuesto, hacen alarde de violencia para reforzar su ‘credibilidad’.

Hemos acompañado nuestro trabajo de campo con documentación de las iniciativas llevadas por la sociedad civil, en el caso de Tijuana por agrupaciones de ciudadanos vinculados con el empresariado, que trabajan bajo la figura de un Comité Ciudadano.

Al ser percibido como confiable y eficiente, hay una expectativa amplia de que este tipo de instancias “operen” y hagan de la protección un bien asequible. Su gran reto es, con recursos siempre escasos, lograr tejer un vínculo de confianza con la población afectada, así como recrear un ambiente en el cual los habitantes pueden, finalmente, considerar a los funcionarios o a la policía como aliados, y no como un desdoblamiento de la amenaza.

Sin embargo, y sin negar el valor de estas iniciativas, el riesgo estará siempre en cómo trazar los límites de la responsabilidad entre ciudadanos, empresarios y autoridades. ¿Cómo hacer que estas iniciativas devengan en procesos institucionalizados y no se limiten a ser atenciones personales, individuales, puntuales? En otras palabras, aunque las cámaras, asociaciones, comisiones y comités hagan una labor central para procurar alternativas de protección no criminales, la apuesta debe seguir siendo el involucramiento de las agencias del Estado como único proveedor de protección para la ciudadanía. La ‘credibilidad’ de los grupos criminales debe ser desactivada desde el Estado, al tiempo que cobra un papel activo en la reducción, a mediano y largo plazo, de la serie de afectaciones violentas que se derivan de la extorsión y el cobro de piso.

El primer paso, en todo caso, es poner el fenómeno sobre la mesa. Estamos frente a delitos inicialmente callados por el temor de la población y su desconfianza frente a las autoridades. Son inexistentes en las estadísticas oficiales, pero muy pronto se transforman en un delitos de alto impacto. A pesar de lo difícil, o imposible, que resulta documentar una correlación directa entre la expansión de la extosión y el cobro de piso en Tijuana, y las dinámicas de violencia que se viven en la ciudad, nos resulta claro que estos delitos no se pueden atender sin un enfoque integral, que entienda su proclividad a la escalada, más allá del hecho promover, sin más, la cultura de la denuncia.

* Romain Le Cour Grandmaison (@romainlecour) es coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa. María Teresa Martínez Trujillo (@TereMartinez) es profesora-investigadora en el Tec de Monterrey e investigadora de dicho programa. Milena Sorzano Rodríguez es profesora-investigadora en CETYS, Campus Tijuana.

 

1 En junio de 2022, una serie de asesinatos relacionados con el cobro de piso en diferentes mercados de Chilpancingo, Guerrero, causó un fuerte desabastecimiento y una crisis política en la capital del estado.

2 El 12 de agosto de 2022, la ciudad de Tijuana sufrió una serie de bloqueos y quemas de vehículos por parte de grupos delincuenciales, después de cual la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, “pidió a los criminales que actúen solamente contra (quienes no les pagaron) o con quienes tienen (facturas) pendientes, (y no contra la población civil en general)“.

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