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La independencia judicial: una lucha permanente
Con el regreso del PRI a los Pinos y la oportunidad de influir en la configuración de la Suprema Corte, resurgió la preocupación, entre ciertos sectores de la población, de que se puedan utilizar las prerrogativas de nombramiento para disminuir la independencia de la Corte como había ocurrido en la época previa a 1994.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
17 de diciembre, 2015
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Por: Ana Cárdenas 

A escasos días de concluir el año laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron designados dos nuevos ministros, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, la primera para sustituir a Olga María Sánchez Cordero y el segundo, a Juan Silva Meza. Estos nuevos nombramientos implican que con el inicio del año 2016 prácticamente estrenaremos una nueva Suprema Corte, en la que el presidente Enrique Peña Nieto, por una coyuntura legal, ha podido incidir profundamente. En total, el actual Presidente de la República ha podido proponer a tres ministros: Eduardo Medina Mora en marzo, y los que acabamos de señalar hace unos días.

Un fenómeno interesante es que durante el proceso de selección de estos tres cargos se registró una participación notoria de la sociedad civil. Grupos diversos, que incluyen a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, organizaciones civiles en materia de defensa y protección de derechos humanos y en materia de rendición de cuentas, así como académicos, entre otros, levantaron la voz para pronunciarse sobre los candidatos y el proceso mismo de nombramiento. Si bien estas tres designaciones provocaron críticas y peticiones específicas de muchos tipos, el interés preponderante o, si se quiere, el común denominador de estas campañas y movilizaciones consistió en proteger la independencia de la SCJN frente al poder político.

Vale la pena recordar que apenas han transcurrido 21 años de la reforma de 1994 impulsada por el presidente Ernesto Zedillo, destinada a convertir la SCJN en un tribunal constitucional independiente. Esta reforma buscó, entre otras cosas, dotar a la Corte de mayor poder para fungir como árbitro en las disputas entre los distintos poderes públicos y también para restringir acciones y determinaciones gubernamentales que resultaran arbitrarias. Los mecanismos introducidos en aquel entonces tenían como objetivo institucionalizar los procesos para resolver posibles controversias sobre los límites de competencias entre poderes y para determinar la posible inconstitucionalidad de leyes.

En general, se puede considerar que cualquier tipo de corte es independiente cuando decide asuntos con base en los hechos probados, así como el derecho y los principios aplicables, sin aplicar ningún sesgo a favor de alguna de las partes y sin ser objeto de amenaza de represalias, como la de perder el cargo o la estabilidad financiera. Ahora bien, para lograr una Suprema Corte (y un Poder Judicial de la Federación en su conjunto) independiente, se precisa de arreglos institucionales directamente relacionados con la conformación del tribunal constitucional, los cuales fueron previstos en la reforma de 1994.

Esos arreglos incluyen la modificación del proceso de nombramiento de ministros, a fin de que su designación no recayera exclusivamente en la Presidencia, así como la creación de una estructura institucional que asegure su permanencia y estabilidad. Este diseño institucional busca que las decisiones que tomen los ministros (y todos los jueces) sean imparciales, libres de favoritismo y de presión por parte de los involucrados.

En contraste, en un contexto autoritario, las supremas cortes suelen ser órganos ratificadores de decisiones y políticas gubernamentales e incluso sirven para identificar a disidentes del gobierno. Una estrategia comúnmente utilizada en estos contextos es la de menguar la independencia de tribunales supremos a través del nombramiento de personas vinculadas, o por lo menos alineadas, con los intereses de quienes ostentan el poder público. Por ello, como atinadamente lo describió Jodi Finkel en 2005, la motivación estratégica del presidente Zedillo para apoyar la reforma del poder judicial de 1994 fue empoderar a un árbitro con mayor independencia que resolviera disputas conforme a leyes prestablecidas, al prever que su partido pronto se convertiría en el de oposición. No le faltó visión, pues él sería el último priista en ocupar la presidencia hasta la llamada “transición democrática”. Ahora, con el regreso del PRI a los Pinos y la oportunidad de influir en la configuración de la Suprema Corte, resurgió la preocupación, entre ciertos sectores de la población, de que se puedan utilizar las prerrogativas de nombramiento para disminuir la independencia de la Corte como había ocurrido en la época previa a 1994.

Lo cierto es que desde la perspectiva de la sociedad civil, el nombramiento de los tres nuevos ministros de la Corte se caracterizó por ser muy cuestionada. En particular, el nombramiento de Medina Mora para integrarse a la Segunda Sala de la SCJN generó inconformidad y crítica, principalmente, debido a su desempeño al frente de distintas instancias de seguridad y justicia penal, tales como la Procuraduría General de la República (2006 a 2009), la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (2005 a 2006) y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN) (2000 a 2005). Distintos grupos plantearon al Senado la falta de idoneidad de este candidato, argumentando que, al encabezar esas instituciones, buscó aumentar el ejercicio discrecional del poder a través de diversas reformas e hizo un uso cuestionable del aparato de procuración de justicia para fines políticos. Asimismo, fue cuestionado por ciertas prácticas arbitrarias y represivas que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y dieron lugar a, por lo menos, una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual no implementó.

De manera paralela a esas críticas, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMJ) solicitó que no se nombrara a Medina Mora como ministro, al considerar que su designación afectaría severamente la independencia de la SCJN. La objeción que expresó la ANJM también muestra una preocupación latente por parte de la propia judicatura de proteger la legitimidad de su institución. Tomando en cuenta que los jueces están obligados a seguir los criterios y directrices de la SCJN, si éstos son emitidos bajo una lógica de independencia e imparcialidad cuestionable, las decisiones que deriven de su aplicación no lograrán soportar el mínimo escrutinio público, ni un examen de legitimidad.

Ahora bien, los nombramientos de Piña Hernández y Laynez Potisek para incorporarse a la Primera Sala de la SCJN también estuvieron precedidos por campañas de la sociedad civil. Estas voces pugnaron para que los candidatos enviados por el Presidente cumplieran con la idoneidad del cargo, especialmente que estuvieran desvinculados del Ejecutivo Federal, y que no respondieran a cuotas partidistas. Asimismo, estas campañas buscaron que el proceso de designación al interior del Senado fuera transparente, ya que cada nombramiento se rige por pautas creadas al momento, con base en meros acuerdos parlamentarios, y que designaciones previas se habían caracterizado por comparecencias privadas y proselitismo secreto por parte de los candidatos en los pasillos del Senado.

El interés de académicos, activistas y defensores de derechos humanos en favor de un árbitro independiente e imparcial es producto del valor que ha adquirido contar con una Corte que resuelva problemas jurídicos distanciándose de afiliaciones o ideologías políticas y que juegue un rol activo en la definición y la protección efectiva de derechos que afectan la vida cotidiana de todos nosotros. Más allá de estar de acuerdo con todas las decisiones de la SCJN, como las relativas al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la interrupción del embarazo, o a la constitucionalidad del arraigo, por ejemplo, el consenso de la sociedad civil radica en contar con un árbitro legítimo e independiente que pueda resolver estas controversias con base en la Constitución y no en una agenda.

Más allá del tema de la independencia de la Corte, en el marco de las últimas dos designaciones, la ANMJ solicitó directamente al presidente Peña Nieto que las ternas estuvieran integradas por personas desligados de cualquier influencia política que afecte la imparcialidad e independencia y, preferentemente, miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF). La ANMJ justifica su solicitud argumentando que es deseable que los integrantes de la Suprema Corte previamente hayan impartido justicia con probidad, eficacia y capacidad. La petición que hizo la ANMJ puede ser leída desde distintas ópticas. En sistemas civilistas como el nuestro, en donde el poder judicial está administrado por una burocracia judicial, la formación está altamente influenciada por la estructura institucional. En nuestra burocracia judicial existe una continua revisión de las decisiones jurisdiccionales. Las sentencias de juzgados de primera instancia son confirmadas siempre que estén apegadas a derecho, pero también siempre que sean conforme a criterios jurisprudenciales de los tribunales de alzada o mayor jerarquía. Esta permanente revisión vertical culmina en el máximo tribunal, el cual vela también por la consistencia interna del poder judicial, restringiendo con ello decisiones y criterios que se salen del camino trazado. La lógica detrás de la petición de la ANMJ es simple: las personas que tienen trayectoria en el PJF pueden fomentar la legitimidad de la judicatura a través de la coherencia y certeza jurídica.

Sin embargo, la otra cara de la moneda de esta lógica es la inercia casi inevitable de favorecer interpretaciones y resoluciones que continúen fomentando la certeza y la consistencia y no buscar otras alternativas. Esto es, la creatividad jurisdiccional resulta ser un ejercicio poco recurrido para quien se ha formado dentro de este sistema. En esta lógica, lo que quiere la ANMJ es un ministro que entienda y comparta los valores de certeza jurídica y consistencia, por sobre uno que busque soluciones a problemas jurídicos “out of the box” o fuera de los criterios e interpretaciones ya aceptados.

El perfil de la recién nombrada ministra Piña Hernández cumple con la petición de la ANMJ pues refleja una carrera preponderantemente jurisdiccional, lo cual posiblemente anticipa su forma de atender y resolver los asuntos que se pongan a su consideración. En contraste, el ahora ministro Laynez Potisek se caracteriza por haber ocupado distintos cargos públicos en instancias tributarias y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Está por verse el rol que ambos desempeñarán al interior de la nueva Primera Sala y la Corte en general.

Lo que es cierto es que el papel de árbitro imparcial impone sus propias dificultades, aunadas ahora a nuevos retos que requieren no sólo de pericia jurídica sino de una labor más amplia. Por un lado, algunas políticas actuales, como la restricción a la jurisdicción militar o el uso recreativo de la mariguana, han empezado a ser sometidas a una revisión jurisdiccional. A su vez, este examen ha logrado el posicionamiento de temas relevantes en la agenda pública que habían permanecido desatendidos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo.

Por otro lado, la Corte tiene a su cargo los retos de coadyuvar a la implementación de la reforma penal, a la operatividad de la nueva Ley de Amparo y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, por mencionar sólo algunas. Para enfrentar estos retos, la independencia de la SCJN es un elemento indispensable. En este sentido, la vigilancia cercana por parte de la sociedad civil y la participación activa de los jueces federales en torno a los nombramientos de los nuevos integrantes de la SCJN ayudan a proteger esa independencia y la colocan como un valor que es preciso garantizar. A su vez, esta participación podría presagiar que la labor de la SCJN será objeto de mayor escrutinio público, lo que por sí mismo representa un avance significativo.

 

* Ana Cárdenas es Doctora en Derecho por King’s College London.

 

 

Finkel, Jodi, Judicial Reform as Insurance Policy: Mexico in the 1990s, Latin American Politics & Society, Volume 47, Number 1, Spring 2005, pp. 87-113.

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