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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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La justicia: el qué vs. el cómo
En un contexto de inseguridad y violencia crecientes como el que se vive en México actualmente, es fácil caer en la tentación de incumplir el debido proceso ante la prioridad de sancionar al mayor número de delincuentes. Sin embargo, es un camino peligroso de seguir.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
5 de junio, 2014
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Por: Néstor de Buen (@nestor_d)

Para muchos, los problemas de la justicia penal en el país parecen asuntos ajenos, que sólo afectan a víctimas y delincuentes. Desde ese punto de vista, temas como el debido proceso son meros tecnicismos legales poco relevantes para la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando prácticas como estos “tecnicismos” comienzan a erosionarse? Ocurren injusticias como la que vivió Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí acusada y sentenciada a 21 años de prisión por supuestamente secuestrar a ocho agentes de la AFI, antes de ser liberada en apelación. Como lo reconoció hace unos días el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) al condenar a la PGR a repararle el daño, la acusación se hizo con base en evidencia fabricada y circunstancial, como una foto de una riña entre los representantes del orden público y un grupo de comerciantes en la que aparecía la cara de Jacinta observando la escena. Condenas como ésta ponen en evidencia la necesidad de contar con procesos penales justos. Lo preocupante del caso no es sólo que se haya señalado a Jacinta como posible responsable sino que a pesar de la mala calidad de la evidencia se haya llegado hasta su condena. Esto no hubiera sucedido si se cumpliera con apego el debido proceso: mientras éste no se respete, cualquier arresto puede terminar en una condena de forma completamente arbitraria.

¿Cómo saber si el resultado de un procedimiento penal es justo? ¿Cómo evaluar a un sistema penal más por la calidad de sus resultados que por la cantidad de casos que trata y resuelve? No es un tema trivial, pero su resolución tampoco es sencilla. Para ello, tomemos otro ejemplo: el caso de la matanza de Acteal en 1997, uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente del país. En este suceso, 45 personas de la comunidad tzotzil de Acteal en el estado de Chiapas fueron masacradas por un grupo armado de aproximadamente cien personas, y hasta la fecha no han sido sancionados los responsables.

A raíz de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, fueron encarceladas 58 personas de un total de 84 que fueron responsabilizadas por las autoridades de haber participado en los actos de violencia. Sin embargo, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a 36 de ellas y ordenó la reposición del proceso de las otras 22 bajo el argumento de que se utilizaron pruebas obtenidas ilegalmente, y por ende, se violó el debido proceso, el cual se define como las reglas que el Estado debe de seguir para poder afectar legítimamente los derechos de una persona.

Este caso presenta un dilema interesante. Por una parte, hay quien podría pensar que la liberación de estas personas fue una injusticia. Las pruebas pueden haber sido obtenidas de manera ilícita, pero en el fondo, ¿por qué debería de importar cómo fueron obtenidas si a partir de ellas se puede determinar quiénes fueron los responsables de un crimen tan serio? ¿Por qué no dar a las autoridades cierta libertad de acción de manera que les sea más fácil encontrar a los culpables y lograr su condena? Este razonamiento puede ser atractivo para algunos sectores de la población, y por supuesto el resultado del procedimiento es muy importante, pero de ninguna manera es lo único que debe preocuparnos.

Por otra parte, se encuentran los que argumentan que la importancia del proceso es clara cuando se considera que las consecuencias que un proceso penal tiene para una persona son potencialmente muy graves. Cuando el procedimiento tiene fallas hay razones para dudar de la confiabilidad de la evidencia que se obtiene. Estas pruebas, sin embargo, pueden resultar en el encarcelamiento de una persona inocente, como en el caso de Jacinta. Ésta fue una condena a todas luces injusta y basada en evidencia muy dudosa, a pesar de lo cual, Jacinta tuvo que pasar más de tres años en prisión. Este último punto es especialmente relevante, ya que el sistema de justicia penal debe de sancionar exclusivamente a aquellas personas que cometieron delitos, y aunque decirlo puede parecer un lugar común, la realidad es que esto no ocurre.

En México se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la manera en que se resuelve un proceso penal. La reforma de 2008 incluye figuras como el juez de control, que tiene como función principal velar por las garantías individuales durante el proceso. La SCJN, por su parte, ha emitido tesis jurisprudenciales para definir lo que significa el derecho a una defensa adecuada. Para que se considere que este derecho fue respetado se tienen que cumplir con ciertos parámetros mínimos, como por ejemplo, que el defensor tenga el suficiente conocimiento jurídico. No obstante, aún hay mucho camino por andar: poco importa que la Constitución establezca el derecho al debido proceso si en la práctica es difícil hacerla valer.

Ningún sistema puede ser infalible y aunque se debe trabajar para que cada vez sean menos, desafortunadamente, en ocasiones habrá inocentes injustamente sancionados. Esta es la base de principio de duda razonable, según el cual mientras se pueda dudar de la culpabilidad de alguien, se le debe considerar inocente. Para tener certeza jurídica, se requiere de reglas de actuación estrictas para todas las autoridades involucradas en el proceso judicial, desde la policía hasta el juez, pasando por el MP. Por ejemplo, obtener un permiso judicial antes de catear una propiedad o proporcionar asistencia legal a los imputados cuando rindan sus declaraciones o enfrenten un juicio son condiciones indispensables para cuidar el proceso de recopilación de información para la investigación del caso. Todas estas normas que limitan la forma en la que las autoridades pueden actuar, junto con otras quizás más evidentes, como la presentación inmediata del imputado al MP para evitar que pueda ser torturado para confesar, son lo que se conoce como debido proceso.

En un contexto de inseguridad y violencia crecientes como el que se vive en México actualmente, es fácil caer en la tentación de dejar estas reglas de lado ante la prioridad de sancionar al mayor número de delincuentes. Sin embargo, es un camino peligroso de seguir. El debido proceso delimita el perímetro de acción de las autoridades con lo que se busca proteger los derechos individuales frente a posibles abusos de autoridad.

Delimitar la libertad de acción de las instituciones de seguridad y justicia sirve, por ejemplo, para que la evidencia obtenida durante una investigación sea lo más confiable posible. Torturar a una persona puede hacerla confesar, a pesar de su inocencia. De la misma manera, allanar una propiedad sin una orden judicial y sin la supervisión de un juez de control le da a la policía la libertad de plantar evidencia falsa, sin que esto tenga consecuencias para ellos. De hecho, este fue precisamente uno de los argumentos utilizados por la SCJN en el caso de Acteal: la manera en la que se obtuvieron las pruebas dejaba abierta la posibilidad de que estas fueran fabricadas.

Poner la reducción de la tasa de impunidad como el objetivo del sistema de justicia penal puede tener consecuencias negativas. La cifra cae igualmente si se condena a un inocente o a un delincuente. Para las estadísticas oficiales, el caso de Jacinta fue un éxito. En cambio, reducir la impunidad real, es decir, el total de responsables de delitos que no se sancionan, es el verdadero reto. Lo que hay que tener en cuenta es que cifras como la el porcentaje de averiguaciones previas en las que no se logra una sentencia no ayudan a conocer la verdadera impunidad: la sentencia condenatoria se registra para las estadísticas, independientemente si el condenado es verdaderamente culpable o no. Lo que debe buscarse es trabajar por un sistema cuyo objetivo sea solamente castigar responsables. Para ello, es necesario contar con un ministerio público capaz de construir una tesis lógica sobre el caso y una defensa capaz de identificar argumentos que no se sostengan. Esto obligará a ambas instituciones a limitar los posibles abusos de la otra ya profesionalizarse. De esta manera será más probable que se castigue a los culpables y se deje en libertad a los inocentes.

Relajar los parámetros para poder procesar a alguien o permitir que un imputado declare sin un abogado podría parecer práctico. Incluso podría lograr que la tasa de impunidad se reduzca en papel, pero la calidad de la justicia no cambiaría. Abandonar, en nombre de la seguridad, el derecho de los imputados a un debido proceso implica desechar los principios democráticos y liberales que deberían de regir una sociedad como la que hemos intentado construir en las últimas décadas, como la igualdad ante la ley, la libertad individual y la protección frente a abusos de autoridad.

No se puede renunciar a estos valores, en una democracia que aspira a construir instituciones fuertes e igualitarias para sus ciudadanos. Dadas las consecuencias que estos principios tienen para los procesos judiciales, es fundamental llevarlos a la práctica. Cumplir con el debido proceso, como ya se vio, tiene efectos muy concretos en el resultado de las investigaciones, pero, además, ayuda a fortalecer la legitimidad del Estado. Si respetan la ley y los principios sistemáticamente, las autoridades de seguridad y justicia serán más confiables a los ojos de la población y, por lo tanto, podrán realizar mejor su trabajo.

 

* Néstor de Buen es investigador en el Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa

 
Amparos directos 9/2008, 16/2008, 10/2008, 8/2008 y 33/2008, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Violaciones al debido proceso en el caso de Acteal”, Crónicas del Pleno y las Salas, p. 4.

Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM. Para explicaciones más detalladas ver, por ejemplo.

Tesis Jurisprudencial 12/2012 (9ª), Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SCJN, “Violaciones al debido proceso…”, p. 4.

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