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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Las cárceles en México vs los derechos humanos
Si los encargados del funcionamiento de las cárceles en el país son incapaces de hacer respetar los derechos humanos, resulta prácticamente imposible cumplir el objetivo de “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad”, tal como lo establece el artículo 18 constitucional.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
12 de diciembre, 2013
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Por: Leslie Solís

A raíz del estudio de México Evalúa publicado en agosto pasado La cárcel en México: ¿Para qué? (disponible aquí), el gobierno del Estado dePuebla presentó el 4 de diciembre una iniciativa de ley para sustituir la pena de prisión en casos de infractores que cometen un delito por primera vez y que éste no sea violento ni grave, facilitar la reinserción social y racionalizar el tamaño de la población penitenciaria. Esta iniciativa contempla la aplicación de sanciones alternativas, como el trabajo a favor de la comunidad, la educación o la capacitación para los internos, así como el tratamiento de sus adicciones (ver la Iniciativa de Ley de Resocialización de Infractores Normativos). Aunque actualmente la propuesta carece de claridad en algunas áreas —como el presupuesto y administración para la supervisión de las sanciones alternativas y requiere una revisión minuciosa por parte del congreso local para corregir posibles márgenes de discrecionalidad en su aplicación como se contempla en el artículo 8 de la iniciativa— la propuesta es un primer paso muy importante para contar con cárceles que cumplan con su función de reinsertar exitosamente a los sentenciados.

El anuncio coincide con la presentación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 (DNSP), que nos recuerda desafortunadamente que hay un largo camino por recorrer para tener prisiones medianamente funcionales en el país. Como documentamos hace tres meses en nuestro estudio, la evidencia presentada por la CNDH retrata problemas graves de hacinamiento, condiciones deplorables en las instalaciones de las cárceles tanto federales como estatales. Dicho estudio evalúa la condición que impera en los 101 centros de reclusión más poblados del país, 17 penales federales y 3 prisiones militares, que en su conjunto concentran el 79.9 por ciento de la población penitenciaria del país. En 65 centros se detectaron problemas de autogobierno, en 41 centros estatales se observa una tasa de ocupación superior al 120 por ciento y en 11 una tasa superior al 200 por ciento.

A nivel nacional, el DNSP 2012 documenta que, con relación al 2011, empeoraron las condiciones de gobernabilidad así como aquellas relacionadas a garantizar la integridad física y moral de los internos y su estancia digna. Asimismo, los cuidados para los grupos de internos con requerimientos específicos se mermaron. Dentro de las escasas noticias positivas, la CNDH reportó una ligera mejora en su indicador referente a la reinserción social del interno, al pasar de 6.41 a 6.63.

Tabla 1. Comparativo DNSP 2001-2012, a nivel nacional

Rubro 2011 2012
Condiciones de gobernabilidad 5.84 5.68
Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno 6.35 6.09
Aspectos que garantizan una estancia digna 6.73 6.45
Reinserción social del interno 6.41 6.63
Grupos de internos con requerimientos específicos 6.86 6.73

Fuente: DNSP 2012, CNDH.

Los indicadores de este estudio son particularmente relevantes a la luz de la reforma constitucional de 2011 que estableció el respeto a los derechos humanos como un aspecto fundamental para la correcta operacióndel sistema penitenciario. Si los encargados del funcionamiento de las cárceles en el país son incapaces de hacer respetar los derechos humanos, resulta prácticamente imposible cumplir el objetivo de “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad”, tal como lo establece el artículo 18 constitucional.

Sin embargo, es preciso considerar la variación existente entre las distintas cárceles de las entidades federativas y entre las diferentes modalidades, ya sea bajo el control federal o bajo el local. En el caso estatal, prisiones como el CERESO Femenil de Aguascalientes presentan calificaciones satisfactorias en todos los rubros anteriormente mencionados, mientras que centros como el de Santiago Ixcuintla en Nayarit muestran deficiencias importantes.

Tabla 2. Centros estatales con las calificaciones más altas y más bajas en los cinco rubros del DNSP 2012

Rubro Centros estatales con mejor calificación Centros estatales con peor calificación
Condiciones de gobernabilidad Aguascalientes: CERESO Femenil de Aguascalientes (9.18) Durango: CERESO 2, Gómez Palacio (2.81)
Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno Guanajuato: CERESO de León (8.36) Quintana Roo: CERESO de Cancún (3.93)
Aspectos que garantizan una estancia digna Aguascalientes: CERESO femenil de Aguascalientes (9.54) Tabasco: CERESO de Villahermosa (3.6)
Reinserción social del interno Aguascalientes: CERESO femenil de Aguascalientes (8.69) Nayarit: Centro de Rehabilitación Social Regional Santiago Ixcuintla (2.12)
Grupos de internos con requerimientos específicos Veracruz: CERESO de Amatlán de los Reyes (8.34) Nayarit: Centro de Rehabilitación Social Regional Santiago Ixcuintla (2.6)

Fuente: DNSP 2012, CNDH.

Además, en diversos CERESOS, existen problemas graves de hacinamiento. Destacan los casos del Centro de Readaptación Social del Estado de Jalisco, con una sobrepoblación de 286 por ciento; del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza en Nayarit, con 269 por ciento, y del Centro de Reinserción Social Lic. Jorge A. Duarte Castillo en Baja California, con 259 por ciento.

En el caso de los 17 Centros Federales analizados, aunque la variación en menor en los distintos indicadores de evaluación del funcionamiento penitenciario, persisten condiciones preocupantes. Llama la atención el caso de los centros en las Islas Marías, ya que en todos se observan indicadores reprobatorios, de los que el CEFEERESO Femenil “Rehilete” tiene las cifras más bajas en tres de los cinco rubros que se incluyen en el estudio de la CNDH.

Tabla 3. Centros federales con las calificaciones más altas y más bajas en los cinco rubros del DNSP 2012

Rubro Centros estatales con mejor calificación Centros estatales con peor calificación
Condiciones de gobernabilidad Coahuila: CEFERESO 10 (9.04) Islas Marías: CEFERESO Femenil “Rehilete” (6.59)
Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno Tabasco: CEFERESO 6 (8.10) Islas Marías: CEFERESO Femenil “Rehilete” (3.49)
Aspectos que garantizan una estancia digna Jalisco: CEFERESO 2 (9.50) Islas Marías: CEFERESO de Seguridad Máxima “Laguna del Toro” (3.28)
Reinserción social del interno Jalisco: CEFERESO 2 (8.16) Islas Marías: CEFERESO Femenil “Rehilete” (4.29)
Grupos de internos con requerimientos específicos México: CEFERESO 1 (7.8) Tabasco: CEFERESO 6 (3.02)

Fuente: DNSP 2012, CNDH.

Finalmente, destaca el hecho que las tres prisiones militares incluidas en el estudio poseen calificaciones más altas que los CERESOS y los CEFERESOS.

Con la finalidad de transformar el uso actual de las cárceles en el país, en México Evalúa hicimos seis recomendaciones de política pública:

  1. Hacer una revisión profunda de la legislación penal para eliminar la sanción carcelaria para algunos delitos,
  2. Desarrollar normativa y organizacionalmente las sanciones no privativas de libertad,
  3. Hacer un uso prudente de la prisión preventiva,
  4. Mejorar e institucionalizar los programas y las técnicas de reinserción,
  5. Hacer una revisión de la infraestructura con la que cuenta el Sistema Penitenciario, y
  6. Profesionalizar al personal administrativo, técnico y de custodia.

Estas propuestas resultan relevantes en el contexto de la discusión de un Código de Procedimientos Penales Único, el cual entre otras cosas, debe buscar el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales del país, así como privilegiar la justicia restaurativa por encima de la cuestión punitiva —es decir, la reparación del daño antes que una sanción privativa de la libertad. El diagnóstico de la CNDH debe guiar los esfuerzos legislativos para buscar que en los cambios a las penas se evite la tentación de endurecer castigos en donde la cárcel se vuelve el principal medio de combate a la inseguridad sin distinción de los delitos que se trate. Pensar en que la solución al problema de la inseguridad es un aumento desproporcionado de las penas sería un error que terminaría por agravar la situación de los penales en el país, lo que merma aún más la posibilidad de lograr la reinserción social de los internos y que eventualmente, como hemos argumentado, terminará siendo una medida que afecte directamente a la sociedad.

 

* Leslie Solís es investigadora de México Evalúa

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