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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Las víctimas colaterales de la cárcel
Un amplio porcentaje de los presos en cárceles del país nunca recibe visitas por parte de sus familiares por falta de dinero y las distancias que tienen que recorrer, de acuerdo con una encuesta del CIDE (el 69.7 por ciento de los presos en el penal norponiente y el 90.5 por ciento en Rehilete). De los que sí reciben visitas, el 55 por ciento señala que sus familiares son maltratados por el personal de las prisiones.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
31 de julio, 2014
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Por: Leslie Solís (@Leslie_fs)

El sistema penitenciario mexicano está en crisis. Como lo argumentó Edna Jaime en un artículo reciente, las prisiones son nuestra vergüenza nacional. En efecto, allí se registra sobrepoblación, mala calidad de los servicios médicos, escasez de comida y agua potable, incomunicación, violencia y autogobierno por parte de los internos, entre otras prácticas. En resumen, los derechos humanos de las más de 240 mil personas que actualmente se encuentran en reclusión en el país son violados de forma cotidiana y recurrente, tal como se expuso en el estudio de México Evalúa, La cárcel en México: ¿Para qué?

Ahora bien, los internos no son los únicos afectados. Existen cientos de miles de víctimas colaterales o secundarias del sistema penitenciario, léase hijos, familiares, parejas y personas cercanas a las personas privadas de su libertad que son severamente afectados por el internamiento de sus familiares. A nivel internacional, como lo destaca un estudio realizado por Oliver Robertson, se ha registrado que los hijos de los presos “sufren traumas, miedos, vergüenza, culpa y baja autoestima”, incluso presentan problemas de salud, su desempeño en la escuela empeora, algunos inician o aumentan su consumo de drogas, alcohol y tabaco, y también pueden sufrir estigmatización o rechazo social por tener a un padre en prisión. En México, además de todo lo anterior, los familiares de los internos son víctimas de controles abusivos, cuotas, incomunicación y traslados arbitrarios que no les permiten visitar a sus familiares.

Actualmente no existe información sistematizada que documente las experiencias de estas víctimas colaterales del sistema penitenciario mexicano. Sin embargo, sí contamos con datos que reflejan la opinión de los internos. Así, de acuerdo con la encuesta a población interna en centros federales de readaptación social elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2012, alrededor del 80 por ciento declaran tener hijos (78.8 en el caso de los hombres y 88.4 en el de las mujeres). La misma encuesta señala que algunos internos no tienen ninguna comunicación telefónica con sus familiares. Por ejemplo, 25.8 por ciento de las personas privadas de su libertad en el penal federal norponiente mencionaron que nunca hablan con sus familiares. Por su parte, la mayoría de quienes sí tienen comunicación con sus familiares señaló que carece de privacidad para hacerlo, lo cual afecta tanto a los internos como a sus familiares.

De igual forma se registró que un amplio porcentaje de los internos nunca recibe visitas por parte de sus familiares. Así lo declararon el 69.7 por ciento de los presos en el penal norponiente, y el 90.5 por ciento en Rehilete, por citar algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, el principal motivo por el cual no reciben visitas es por falta de dinero, así como por las distancias que sus familiares tienen que recorrer. En cuanto a los internos que sí reciben visitas, 55 por ciento señala que el trato que reciben sus familiares o su pareja por parte del personal que labora en los centros de privación de la libertad suele ser malo o muy malo. Esta situación, a todas luces, es inaceptable, pues el contacto con la familia y otras personas cercanas no solamente es parte importante del proceso de reinserción social de cada interno —lo cual es el objetivo primordial del sistema penitenciario, de acuerdo con la Constitución—, sino que también es fundamental para los propios familiares de los internos.

Una de las soluciones que se propone para resolver los problemas señalados anteriormente es la aprobación y correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Más allá de la propuesta de crear la figura de un juez de ejecución con la capacidad para proteger y garantizar los derechos de los internos, esta ley también beneficiaría las ya mencionadas cientos de miles de víctimas colaterales del sistema penitenciario, pues entre otras cosas, propone reglamentar las visitas personales, familiares e íntimas.

En el caso específico de las hijas y los hijos de las internas, la Ley Nacional de Ejecución Penal busca que se respete el artículo cuarto constitucional que garantiza el interés superior de la niñez —“entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible”.

Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal propone, en primer lugar, que las mujeres privadas de la libertad que estén embarazadas cuenten con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica antes, durante y después del parto. También, que las niñas y niños que estén bajo custodia de madres en reclusión tengan acceso a alimentación especial cuando por prescripción médica la requieran. En tercer lugar, que cuenten con atención médica, alimentación y educación inicial adecuadas. De igual manera, que los lugares destinados a visitas sean distintos para los niños que para los adultos y que éstos contengan instalaciones adecuadas, entre otras previsiones.

Además de lo planteado en la propuesta de Ley Nacional de Ejecución Penal, es vital que las autoridades tomen en cuenta los demás intereses de los niños y niñas de madres y/o padres encarcelados, como su derecho a la educación, a la salud y a contar con una buena alimentación.

Es tiempo de que el sistema penitenciario mexicano se organice, tal como se establece en el artículo 18 constitucional, sobre la base del respeto a los derechos humanos. Además, es importante que éstos no sólo se limiten a los internos, sino que se extiendan a todas las personas que actualmente son víctimas invisibles u olvidadas del encarcelamiento en este país, en especial a los hijos de las internas, pues ellos tienen derecho a desarrollarse plenamente sin que los barrotes que padecen sus padres los limiten.

 

*Leslie Solís es investigadora del área de Seguridad Pública y Justicia Penal de México Evalúa.

 

 

Un juez o tribunal de ejecución es “la persona titular del órgano jurisdiccional de primera instancia responsable de impartir justicia en la ejecución de las sanciones y medidas penales y los tribunales de los órganos similares de segunda instancia”, de acuerdo con la propuesta de Ley Nacional de Ejecución Penal antes mencionada.

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