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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Lo que debe incluir la nueva estrategia contra el delito
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
28 de junio, 2012
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Por: Leticia Ramírez de Alba, Coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa

 

En 2010 México Evalúa publicó el Reporte sobre el Gasto en Seguridad, el cual analizó los hallazgos más relevantes del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 de la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con este reporte, a precios constantes de 2000, el gasto público en seguridad pasó de alrededor de 20 mil millones de pesos en 2000 a más de 120 mil millones de pesos en 2010. No obstante el considerable aumento en el gasto, la eficacia de las autoridades no ha mejorado y la incidencia delictiva y la violencia se han incrementado marcadamente desde 2007.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de homicidios dolosos en nuestro país durante 2000 fue de 13 mil 849 en 2000 y en 2010 alcanzó los 20 mil 681. Por su parte, las cifras de defunciones por presunto homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también registraron un marcado aumento al pasar de 10 mil 356 en 2000 a 25 mil en 2010.  Mientras que, según el SESNSP, la diferencia del número de homicidios dolosos entre un año y otro es de 49 por ciento, el INEGI reporta un aumento de 141 por ciento en las muertes por presunto homicidio. La diferencia entre una fuente y otra es considerable, lo que hace necesario un análisis detallado que dé explicación a ello. Una primera explicación es que las clasificaciones de ambas fuentes difieren: mientras que las estadísticas del SESNSP se refieren a registros de delitos y clasifica a los homicidios como dolosos y culposos, las del INEGI se refieren a registros de defunciones por varias causas, entre las que se encuentran las muertes causadas por presunto homicidio, suicidio, accidente y enfermedad.

 

Gráfica 1

Gasto público en seguridad vs homicidios dolosos (SESNSP) y muertes por presunto homicidio (INEGI), comparativo 2000 – 2010

 

Con todo y estas diferencias, estas cifras nos dejan claro que a pesar de la creciente cantidad de recursos destinados a las instituciones de seguridad pública en nuestro país, los crímenes violentos como los homicidios dolosos han aumentado marcadamente. Ante este panorama, ¿qué debería incluir la estrategia en materia de prevención y combate al delito del Ejecutivo federal en el próximo sexenio? Para responder a esta pregunta es necesario hacer un balance general de las acciones seguidas durante la administración saliente.

¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos que nos llevaron a estos resultados? Entre los aciertos está el fortalecimiento del marco institucional en torno a la seguridad y justicia penal: la aprobación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y el inicio de su implementación, y la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la profesionalización de policías y agentes del Ministerio Público y la carrera policial, entre otras, así como su implementación en el ámbito federal y en las entidades federativas.

A lo anterior se suman importantes desaciertos como: la acelerada renovación de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal que derivó en la baja calidad en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza (debido a la falta de psicólogos y poligrafistas preparados para estas tareas) y en la capacitación de policías; la alta rotación de funcionarios de alto nivel al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Policía Federal, Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación, que provocó interrupciones y modificaciones continuas en la implementación de acciones tendientes a dar cumplimiento a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales  2007 – 2012; la escasa vinculación y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia penal al interior y entre los distintos órdenes de gobierno, y la falta de evaluación de los resultados de los operativos conjuntos en contra del crimen organizado y el subsecuente ajuste a los mismos.

 

Gráfica 2

Estatus de las evaluaciones de control de confianza en altos mandos estatales en 2012

También encontramos que la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas se quedaron a la zaga en lo que se refiere a la profesionalización y capacitación de sus agentes. Asimismo se observó una escasa atención y canalización de recursos a la prevención del delito y fortalecimiento del tejido social.

Dado lo anterior, la nueva administración federal, además de continuar con el fortalecimiento institucional y con la implementación de la Reforma Penal, tendría que promover los vínculos y la coordinación entre instituciones, dedicar más recursos a la prevención del delito (incluyendo acciones tendientes a fortalecer el tejido social y la vinculación entre autoridades y ciudadanos). Asimismo, se esperaría que contara con una estrategia clara para combatir la violencia generada por el crimen organizado que contemple esquemas objetivos de evaluación de resultados. Además, sería deseable que minimizara el uso de la fuerza y maximizara el uso de tipo de herramientas como la inteligencia.

Sin importar de qué fuerza política provenga el próximo Presidente de la República, estas son tan solo algunas de las líneas de acción que se espera que el nuevo gobierno contemple en la nueva estrategia contra la violencia y el delito.

 

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