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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Lo que INEGI deja al descubierto en materia de secuestros en México
Las cifras dadas a conocer por el INEGI sugieren que en materia de secuestros lo que ocurre en el país no se trata de una falsa alarma: si bien, no todos los secuestros contabilizados en la ENVIPE son exactamente de la misma naturaleza, podemos tener la certeza de que estos delitos involucran la violación de los derechos más básicos de más de 94 mil víctimas.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
10 de octubre, 2013
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Por tercer año consecutivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y lo que quedó claro es que estamos frente a una crisis de seguridad. En 2012 ocurrieron alrededor de 105 mil secuestros. Específicamente, entre 85 mil y 127 mil, debido al rango de precisión de la estimación utilizada. Esto, frente a los mil 317 secuestros para los que se inició una averiguación previa, lo cual quiere decir que se reflejó una cifra negra de 98.8 por ciento.

Tal como señaló Carlos Puig en su columna en Milenio, si este dato es correcto, sería necesario repensar todas las estrategias de justicia y lucha contra el crimen, pues una política de seguridad claramente no es exitosa si ocurre un secuestro cada cinco minutos. Por otro lado, Jaime López-Aranda escribió en este espacio de Animal Político que se trata de una falsa alarma, puesto que se incluyen datos no sólo de secuestro, sino también de secuestro exprés. Cabe mencionar que la pregunta que se incluyó en el cuestionario fue: “Durante 2012 en este país (México), ¿algún integrante de este hogar sufrió un secuestro o secuestro exprés, para exigir dinero o bienes?” (6.10) De acuerdo con el autor, esta clasificación representa un problema porque se trata de categorías que implican costos distintos para investigarlos y sancionarlos, así como para las víctimas.

Las cifras dadas a conocer sugieren que en materia de secuestros lo que ocurre en el país no se trata de una falsa alarma: si bien, no todos los secuestros contabilizados en la ENVIPE son exactamente de la misma naturaleza, podemos tener la certeza de que estos delitos involucran la violación de los derechos más básicos de más de 94 mil víctimas (pues de acuerdo con la encuesta, cada víctima de secuestro sufrió en promedio 1.12 secuestros). Estos hechos representan la privación ilegal de la libertad de las víctimas, daños físicos y/o morales a las mismas o a terceros, así como la pérdida de bienes materiales o económicos en algunos casos.

Blog México Evalúa 10oct13

Aunque los delitos medidos como secuestros en la encuesta puedan tener distinta naturaleza, es claro que se refieren a hechos que involucran acciones graves como la privación de la libertad de una persona, pues incluso en el caso del secuestro exprés, ésta es una condición necesaria. Además, la precisión con la que la ENVIPE logró estimar la cifra de homicidios demuestra que la metodología utilizada es apropiada para medir otro delito sensible como el secuestro. Las cifras de homicidios obtenidas por fuentes independientes a la encuesta como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son cercanas a la de la encuesta y se encuentran dentro del margen de error de la estimación. Por otra parte, la cifra de homicidios obtenida a partir de los registros de defunción es de 26 mil 37, esta es incluso más confiable que la del SESNSP, pues tiene menos subregistro. La estimación hecha a partir de los resultados de la encuesta se ubica en 25 mil 583. Como puede verse, dos fuentes  independientes metodológicamente confirman el resultado, lo cual es evidencia de que la metodología desarrollada por el INEGI es capaz de arrojar resultados muy cercanos a la realidad.

Lo que la ENVIPE deja al descubierto es que la crisis de seguridad a la que nos enfrentamos es mayor de lo que creíamos y que, además, existe falta de claridad sobre lo que constituye un secuestro o un secuestro exprés. Los códigos penales estatales tienen ciertas variaciones al respecto. De hecho, en la mayoría de los estados sólo existe el delito de secuestro y no el de secuestro exprés. Así, en la encuesta de victimización se hace la distinción al plantear la pregunta para que el entrevistado tome en cuenta ambos casos.

De acuerdo con la legislación vigente en la mayoría de los estados, un secuestro puede definirse como una privación de la libertad con el propósito de: 1) obtener un beneficio económico o cualquier otra prestación; 2) que la autoridad, el secuestrado u otra persona realice o deje de realizar un acto; y 3) causar un daño o perjuicio a la víctima o a otra persona. Por otra parte, son pocos los estados que clasifican por separado el delito de secuestro exprés e incluso no existe consenso entre ellos sobre cuáles son las características que los diferencian.

Generalmente, el secuestro exprés se especifica como el delito de privación de la libertad por el tiempo estrictamente indispensable para ejecutar los delitos de robo o extorsión, sin embargo, otras características que los Estados también han utilizado para hacer la distinción son el tiempo total de duración, el fin específico y la persona que realiza el pago del rescate o la extorsión. Por ejemplo, Baja California define el secuestro exprés como la privación de la libertad con el fin de obligar a la víctima a realizar operaciones monetarias, en Zacatecas se trata de un secuestro que dura menos de 24 horas, mientras que en Guerrero cualquier secuestro se considera exprés si dura menos de 36 horas.

Creemos que, si bien no todos los secuestros tienen las mismas consecuencias para las víctimas y las estrategias de combate deben ser distintas, el problema que la ENVIPE pone de manifiesto es real y es grave. El hecho es que ocurrieron cerca de 105 mil delitos que involucraron la privación de la libertad de alguna persona y un alto costo —monetario, social, o familiar— para la víctima. Es cierto que no todos los secuestros representan los mismos costos, no tienen la misma duración, ni se llevan a cabo de la misma manera. Sin embargo, las distintas modalidades son independientes de si el hecho delictivo se debe tipificar como un delito aparte, en este caso la de secuestro exprés o no, pues como se mencionó, esta clasificación ni siquiera es clara y la mayoría de las veces, las víctimas no son capaces de identificar estas diferencias legales.

Lo que sí es importante entender, es que las autoridades policiales y de investigación deben ser capaces de identificar las distintas modalidades de comisión del mismo delito para poder desarrollar estrategias específicas que sean eficaces y adecuadas para el combate del delito. Por ejemplo, hay secuestros que más allá de la organización por parte de los delincuentes, involucran también la corrupción de ciertas autoridades lo cual debe tomarse en cuenta en la estrategia. Sin embargo, no debe olvidarse que eso no afecta el costo que puede tener para la víctima.

Tampoco debe descartarse que se puedan hacer ciertas distinciones en los códigos penales; sin embargo, hay que hacer dos consideraciones importantes. En primer lugar, aunque la duración o los costos sean menores, cualquier delito que resulte en la privación de la libertad de una persona debe considerarse grave. Por otro lado, la distinción legal con la que se cuenta actualmente es poco útil, incluso hay criterios claramente arbitrarios lo cual es evidente porque distintos hechos pueden considerarse como secuestro exprés, secuestro, u otro delito dependiendo de la entidad. Una distinción legal útil debe de atender este problema.

En términos de política pública, hacer la distinción en el ámbito legal puede servir para guiar la actuación de las autoridades encargadas de investigar los delitos. Por ejemplo, priorizar las denuncias correspondientes a modalidades del delito que tengan mayor impacto para la víctima, sin olvidar que en cualquier caso se trata de delitos graves. Por último, es fundamental recordar que las instituciones policiales deben de distinguir las características de los hechos delictivos y actuar en consecuencia más allá de la modalidad del delito a la que correspondan.



La ENVIPE 2013 corresponde a los delitos ocurridos en 2012, incluye información sobre prevalencia e incidencia delictiva, denuncia de los delitos, caracterización de las víctimas, delincuentes y delitos, percepción de seguridad pública, así como confianza y percepción sobre el desempeño de ciertas instituciones. Es representativa a nivel nacional y estatal. Los principales resultados se pueden consultar en la página de internet del INEGI.

La cifra negra se refiere a la brecha entre los delitos ocurridos y los delitos para los que se inició una averiguación previa.

Tales son los casos de: Aguascalientes (Art. 41), Baja California (Art. 164 BIS), Colima (Art. 199 BIS), Distrito Federal (Art. 163 BIS), Guerrero (Art. 129 BIS), Oaxaca (Art. 348 BIS), San Luis Potosí (Art. 135 BIS), Veracruz (Art. 163 BIS) y Zacatecas (Art. 265 BIS). Así como Hidalgo (Art. 166), Quintana Roo (Art. 117) y Sinaloa (Art. 167), donde se incluye como una modalidad específica dentro del mismo delito.

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