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Los derechos humanos: entre la filosofía y la realidad
Pese a la mención que el Plan Nacional de Desarrollo hace sobre la importancia de promover los derechos humanos en el país, el documento no provee una definición de los mismos ni establece con claridad cómo este componente se incorporará a la estrategia de seguridad de la nueva administración federal.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
20 de junio, 2013
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Por: Néstor de Buen

En el último reporte de Human Rights Watch (HRW) sobre México en 2013 se analizan 249 casos de desapariciones y 149 desapariciones forzadas en nuestro país. Esto constituye una clara violación a los Derechos Humanos que, desafortunadamente, no es un caso aislado. Varios organismos internacionales no gubernamentales como HRW o Amnistía Internacional (AI) e intergubernamentales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC), han señalado que existen diversos casos de violaciones a los derechos humanos de diferente naturaleza. El reporte anual de AI para México contiene, entre otras cosas, información sobre asesinatos de periodistas y casos de tortura, mientras que un reporte del UNHRC de 2011 detalla 20 casos de personas con nombre y apellido presumiblemente desaparecidas por representantes del Estado mexicano.

La nueva administración incluyó los Derechos Humanos como uno de los componentes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente dentro de la primera meta titulada “México en Paz”. La principal acción que se describe en los dos párrafos que se le asignan a este tema es promover e impulsar la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos y juicio de amparo. Esta reforma cambió el texto de varios artículos para incluir en ellos este concepto, de manera que en el Artículo 1º, por ejemplo, ahora se lee “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

El reconocimiento de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales dentro de las leyes mexicanas es positivo, sobre todo tratándose de la conducción de la política de seguridad, pues como se mencionó, los casos documentados de serias violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado mexicano, no son menores y deben ser castigados y eventualmente erradicados del panorama nacional.  Sin embargo, pese a la mención que el PND hace sobre la importancia de promover los derechos humanos en el país, el documento no provee una definición de los mismos ni establece con claridad cómo este componente se incorporará a la estrategia de seguridad de la nueva administración federal. Lo que en un principio pudiera parecer una omisión que debería quizá atenderse en un debate de filosofía política y jurídica en el ámbito de la academia, cobra suma importancia cuando se considera las implicaciones que puede tener dicha omisión para la definición de políticas públicas en el ámbito de seguridad.

La nueva administración ha tomado acciones relevantes en la materia, por ejemplo, puede destacarse la creación de una fiscalía especializada dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación de personas desaparecidas. Incluso organizaciones como HRW y AI señalaron que esto era un avance importante en el tema de desapariciones que consideran como uno de los mayores problemas de Derechos Humanos en México actualmente.  Sin embargo, un análisis más detallado requiere preguntar si en realidad se están tomando en serio los derechos humanos. El personal de esta fiscalía, por ejemplo, hasta ahora es de 12 agentes, que difícilmente podrán atender los 249 casos de desapariciones detallados en el reporte de HRW, y menos los más de 27 mil casos de personas cuyo paradero se desconoce de acuerdo con AI.

La forma en la que este tema se aborda en el PND también es indicativa de este problema. El texto del PND remite a la reforma de 2011 con la que se incluyó en la Constitución el concepto de “los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales”. No obstante, esta misma idea es contraria a la definición de Derechos Humanos. La teoría dice que los derechos humanos deben de ser una clase especial de derechos, es decir no pueden ser lo mismo que los derechos legales, incluso deben tener preeminencia sobre éstos. Esto se debe a que equiparar ambos tipos de derechos es equivalente a decir que sólo tienen Derechos Humanos las personas que viven en países cuyos gobiernos los reconocen. Esto significaría que las personas que viven en regímenes dictatoriales no tienen derechos humanos a pesar de que son las que más necesitan que se hagan valer.

Conducir una política de seguridad con los Derechos Humanos como uno de sus ejes, por tanto, implica que éstos deben ser prioritarios. La pobre asignación de recursos que se le dio a esta nueva agencia de la PGR no es congruente con algo que se considera una prioridad, menos si se toma en cuenta que está encargada de investigar casos en los que se trata de violaciones a dos de los derechos humanos más básicos como son la vida y la libertad de cada persona. También hay que tomar en cuenta que si se le va a dar prioridad a algo es fundamental saber exactamente cuáles son sus límites. Por esta razón, es necesario saber exactamente cuáles son considerados Derechos Humanos y por qué. Uno de los componentes de la reforma de 2011 fue el juicio de amparo, el juicio que permite a una persona acusada protegerse de una sentencia en su contra. Esto es relevante por la lógica detrás de esta figura, es decir, darle al individuo la posibilidad de protegerse ante posibles abusos por parte del gobierno. Una sentencia arbitrariamente dictada contra una persona constituye una violación a sus derechos humanos al igual que una desaparición forzada. Saber por qué lo son, ayuda a distinguir qué clase de derechos merecen ser considerados como tales. En principio puede decirse que los derechos humanos son aquellos que protegen la dignidad del individuo contra abusos externos, en muchos casos por parte del gobierno, pero no únicamente.

El gobierno está en lo correcto al señalar los derechos humanos como uno de los ejes de su política de seguridad no sólo porque es algo necesario sino porque con una definición clara de este concepto, una política de seguridad pública conducida de forma correcta es precisamente una política de protección de los derechos humanos. Una idea que ayuda a entender qué derechos entran en esta clasificación y por tanto el porqué de lo anterior, es el concepto de autopropiedad. Esto significa que cada persona es dueña de sí misma y de su cuerpo. Lo cual quiere decir que cada quién es dueño de su vida, de su libertad y de los frutos de su trabajo. Esto es bastante intuitivo, sin embargo, es muy útil para comprender por qué una desaparición forzada, una sentencia arbitrariamente dictada, un homicidio o un secuestro, constituyen violaciones a los derechos humanos.

Una política de seguridad pública basada en los derechos humanos, por lo tanto, es una política que se conduce respetando la autopropiedad de cada persona sobre sí misma, y la protege de violaciones por parte de terceros. Por lo tanto, la prevención y sanción de delitos como el homicidio y el secuestro y otros delitos violentos son primordiales. Esto resalta la necesidad de reforzar instituciones como la nueva fiscalía de la PGR o el juicio de amparo, pero también de contar con una política eficaz de reducción de la violencia que afecta diariamente a miles de personas. Además, es igualmente importante que las acciones del Estado se conduzcan con base en estos principios, es decir, es necesario respetar también los derechos humanos de las personas procesadas, y no utilizar métodos como la prisión preventiva o la extracción de confesiones por medio de tortura. Estos son temas que no se han resuelto actualmente y que merecen atención urgente.

Como puede verse, hay diversas formas en las que puede demostrarse que en realidad va a tomarse en serio el concepto de Derechos Humanos como uno de los ejes conductores para alcanzar un México en paz. Una muy importante, es empezar teniendo claro qué quiere decir esta idea y exactamente a qué derechos se refiere. Otra acción relevante puede ser que el gobierno se muestre abierto tanto a críticas como recomendaciones de organismos internacionales como HRW o AI, pero también nacionales como las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un tema fundamental por lo que merece la prioridad más alta y esta debe ser mostrada tanto con ideas como acciones.

 

* Néstor de Buen es investigador de México Evalúa.



Human Rights Watch, Mexico’s Disappeared: The Enduring Cost of a Crisis Ignored, 2013, disponible acá.  .

Amnesty International, Mexico Annual Report 2012 .

UN Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 26 de enero de 2011, A/HRC/16/48, disponible aquí .

 

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