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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Los tiempos de la justicia en México
Los tiempos en que transcurren la fiscalización de recursos y las investigaciones penales en México dificultan, en buena medida, la procuración y la impartición de una justicia expedita y eficaz.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
31 de enero, 2013
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Por: Mariana García

 

En días pasados, el caso Cassez fue, como diría Edna Jaime en este artículo, un retrato fiel de nuestro sistema de justicia disfuncional donde la legalidad no está en el centro de la agenda y la legitimidad de la autoridad y las instituciones está sumamente deteriorada. Existen otros ámbitos de la vida pública relacionados con la erogación de recursos públicos en procesos electorales o en la entrega de contratos públicos, donde la legalidad y el sistema de justicia también están socavados.

Los tiempos en que transcurren la fiscalización de recursos y las investigaciones penales en México dificultan, en buena medida, la procuración y la impartición de una justicia expedita y eficaz. El ciclo de la justicia mexicana excede por mucho la temporalidad que cualquier país desarrollado podría permitirse.

Aquí dos casos emblemáticos que retratan otras caras de la justicia en México:

  • Justicia electoral. El caso Monex y la multa al PRD: Desde la semana pasada, el Instituto Federal Electoral (IFE) revisa y discute los informes de precampaña y campaña entregados por los partidos políticos sobre las erogaciones realizadas con motivo de la pasada elección presidencial y de legisladores. En otra entrada para este blog titulada Auditorías post-mortem, ya refería los absurdos de un proceso de fiscalización electoral tan ex post de los gastos de campaña.

Algunos datos destacables de ese análisis eran:

i)                    Los partidos políticos entregaban al IFE los informes definitivos de gastos de campaña en octubre de 2012, es decir, 3 meses después de la jornada electoral y un mes después de la declaración de validez de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

ii)                  Según lo previsto en la legislación electoral (Art. 84 del Cofipe), el Consejo General del IFE debía aprobar el dictamen definitivo sobre el uso de recursos públicos en las campañas políticas hasta 3 de julio de 2013, es decir, exactamente un año después del día de la jornada electoral.

iii)             El otro dato referido en esa entrada fue que, en un “atisbo de lucidez”, el Consejo General del IFE aprobó en mayo de 2012 la fiscalización adelantada de las campañas presidenciales y la entrega del informe sobre ingresos y gastos de campaña por parte de la Unidad de Fiscalización para moverlo del 3 de julio de  2013 al 30 de enero de 2013. A pesar de ese acuerdo para la fiscalización de las campañas, el tiempo transcurrido entre el dictamen de validez de la elección y la aprobación del informe final de ingresos y gastos de campaña por parte del Consejo General del IFE es todavía de casi 4 meses.

Hoy, precisamente el día en que se cumple la nueva fecha perentoria, el Consejo General del IFE decidió posponer la discusión de topes de campaña hasta la semana entrante. El principal argumento: el tiempo. Los Consejeros del IFE debían aprobar y resolver en tan sólo 48 horas el dictamen elaborado por la Unidad de Fiscalización de ese Instituto durante esos 4 meses, el cual supuestamente consta de 2 mil páginas aproximadamente.

Las discusiones que tendrán lugar la próxima semana en el órgano electoral  son relevantes pues sacarán a flote los incentivos perversos que genera el método empleado para reportar los gastos de campaña, el cual otorga una enorme discrecionalidad a los partidos políticos para repartir los gastos realizados entre candidatos a diferentes puestos de elección popular y eventos varios. “La regla, surgida de la reforma electoral de 2011, da lugar a que, con un acucioso registro contable, el candidato presidencial pueda librarse de cargar con la mayor parte de los gastos” (referencia tomada de esta nota de Animal Político).

La razón por la que el PRI, a pesar de las tarjetas Monex, no rebasó los topes de campaña y el PRD sí es muy sencilla: los priistas supieron acomodar las cuentas para salir airosos, a los perredistas (como en la presentación del recurso de inconformidad de la elección presidencial en 2012) les faltó cálculo y estrategia política. El tiempo nuevamente fue el factor clave: los partidos políticos contaron con 4 meses para armar su caso y sumarle y/o restarle lo necesario a sus gastos de campaña (contando desde que concluyó la jornada electoral hasta la entrega del Informe de ingresos y gastos de campaña en octubre del año pasado). Algunos partidos fueron, sin duda, más hábiles contable, legal y políticamente que otros. Así de débil e irregular fue el esquema de rendición de cuentas y de fiscalización de las pasadas elecciones presidenciales.

  • Justicia administrativa y penal. Corrupción: el caso Walmart. Las investigaciones que realizaba la casi extinta Secretaría de la Función Pública (SFP) y aún realiza el Ministerio Público para sancionar los delitos cometidos por servidores públicos presentan muchas deficiencias, según un informe sobre el marco institucional anticorrupción realizado por México Evalúa.

Si bien el número de sanciones administrativas impuestas por la SFP en su último informe de labores es de aproximadamente 10 mil al año desde 2008 a la fecha, lo cierto es que los grandes casos de corrupción entre públicos y privados siguen siendo un reto para el sistema de justicia. El caso de los sobornos pagados por Walmart a funcionarios públicos mexicanos desde 2005 para obtener permisos de construcción en México, revelado por el New York Times en abril de 2012, permanece sujeto a investigación por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En un inicio, la PGR estaba a la espera de una denuncia para iniciar la indagatoria, pero la creciente presión de la opinión pública forzó al gobierno mexicano a abrir un expediente del caso.

No obstante, de ser necesario el ejercicio de la acción penal por un delito de corrupción, México Evalúa ya había hecho notar, en ese mismo estudio sobre corrupción en la Administración Pública Federal, que la falta de capacitación y recursos para que el Ministerio Público conduzca investigaciones profesionales era el gran obstáculo para que la justicia se hiciera presente en casos de abuso de la función pública y/o desvío de recursos públicos.

En el mismo documento de México Evalúa se reportaban datos que evidenciaban cómo los tiempos de la justicia penal en materia de corrupción presentaban resultados desfavorables: el tiempo promedio del Ministerio Público para integrar una averiguación previa era, en promedio, de 207 días. Asimismo el porcentaje de averiguaciones previas concluidas por acumulación, reserva, incompetencia y no ejercicio de la acción penal para el periodo 2007-2011 fue de 60.5 por ciento, de las que se estima que casi la mitad (30%) corresponden a delitos cometidos por servidores públicos. En repetidas ocasiones, los delitos imputados a los servidores públicos prescriben antes de que sea posible sancionarlos penalmente.

En todos los ejemplos citados anteriormente, en los que está de por medio la procuración o administración de justicia, podemos culpar a los ministerios públicos, a los magistrados, a los jueces, a los consejeros o a los partidos políticos, pero la realidad es que la ambigüedad de las leyes otorga un enorme margen de maniobra a políticos y servidores públicos para evadir el cumplimiento cabal de la ley y ser sometidos a un régimen de auténtica responsabilidad pública.

Mientras las reglas del juego no sean claras y los regímenes de responsabilidad sean tan laxos, México no podrá salir de la subcultura de la ilegalidad y la condenación al subdesarrollo. No podemos avalar un sistema de justicia que no respeta el debido proceso y donde la máxima es la presunción de culpabilidad; no es posible mantener un régimen de financiamiento y fiscalización electoral tan inequitativo y perverso; no podemos permitir que aquellos funcionarios que emplean el cargo público para fines privados queden sin sanción. Si no cambiamos el status quo seremos perdedores en todos los ámbitos de interacción de la vida pública: como ciudadanos, como electores, como consumidores, como sujetos de un proceso judicial, etc.

La legitimidad de la democracia, sus procesos y sus instituciones están en juego. Los riesgos de la inacción para México son altísimos. El tiempo, ese recurso escaso no renovable que los políticos y los partidos han sabido usar a su favor, nos lo exige.

 

*Mariana García, investigadora de México Evalúa.

 

 

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