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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Michoacán, la gran ilusión
Quizás estemos hoy frente al momento más crítico del conflicto en Michoacán. Todos los actores presentes parecen proclives a apostar por el caos: dejar o provocar que se deteriore aún más la situación para presentarse después como el único actor viable.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
3 de junio, 2014
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Por : Romain Le Cour Grandmaison

Después de meses de intervención del Gobierno Federal en Michoacán, y al momento de que se exporte el modelo a Tamaulipas, los resultados de las autoridades están en tela de juicio. Por una parte, la seguridad en Michoacán, o por lo menos en la zona donde se conduce el operativo del Gobierno Federal, no ha mejorado significativamente. Por otro lado, pese a las detenciones y ejecuciones de capos que se han llevado a cabo, parece que las estructuras criminales siguen en pie o se están reconstruyendo. Peor aún, no se ve que el Gobierno Federal esté atendiendo las condiciones sociales y políticas de la crisis ni tampoco que se preocupe por sus dimensiones humanas o psicosociales.

Al enfocar sus esfuerzos en la militarización de la región, sin dedicar atención a los asuntos profundos que permitan llegar a la resolución del conflicto, el Gobierno Federal ha implementado una táctica superficial, basada en tres tipos de espejismo: la ilusión de la legalidad, la ilusión de control y la ilusión de equilibrio.

La ilusión de legalidad

La creación de la policía rural el 10 de mayo de 2014, etapa presentada como una primera conclusión de la crisis michoacana, ilustra la precipitación del Gobierno Federal. Además de agregar un enésimo grupo armado a la región, ya que en la práctica no desaparecen las autodefensas, conlleva muchas dudas: 1) algunos de sus miembros han pasado, en menos de un año, de formar parte de los Caballeros Templarios a obtener el reconocimiento del Estado, sin ningún proceso de control de confianza; 2) estas fuerzas carecen de cualquier capacitación, a pesar de estar equipadas con armas de alto calibre; 3) el Gobierno Federal crea una nueva organización coercitiva sin haber atendido las problemáticas de impartición de justicia y sin tener en mente la recurrente falta de coordinación y cooperación que ya caracteriza las relaciones entre sus fuerzas armadas, y 4) finalmente, se produce una nueva fractura entre grupos “amigos” y “enemigos” del Gobierno, un proceso ahora ratificado oficialmente.

Esto ilustra una conducta que funciona con “parches”. La cooptación de los grupos de autodefensas no aporta una solución viable a la presencia de grupos armados en la región. Sin haber creado las condiciones de transparencia y de seguridad mínimas en Michoacán, las autoridades federales han avalado la fundación de un nuevo cuerpo policiaco en un contexto de desconfianza total, tanto entre los actores locales, armados o no, como entre ellos y el Gobierno. Ni siquiera desde el punto de vista de la “razón de Estado” puede entenderse el actual papel del Gobierno Federal. De la misma manera que la policía municipal, y quizás estatal, no obedecía a ningún mandato público, es utópico creer que la policía rural, en el contexto actual, pueda representar una fuerza pública legítima. Esta política, que buscaba generar un golpe mediático a través de uniformes, armas y camionetas rutilantes, no aporta nada más que una etiqueta de legalidad.

La ilusión de control

La apuesta del Gobierno Federal parece ser la siguiente: confiar en acuerdos verbales con los líderes de la policía rural, ex autodefensas, para controlar sus acciones. Sin embargo, al no contar con un marco jurídico claro ni garantías en los procesos de funcionamiento, lo más seguro es que sus miembros sigan obedeciendo a los que fueron sus jefes dentro de los grupos de autodefensas, sin vínculo con cualquier autoridad pública. Los mismos líderes podrían asumir una doble cara: por un lado, su función dentro de la policía rural reconocida por el Estado mexicano, con el prestigio que implica, y por el otro su papel de líder de un grupo armado local. Resulta poco probable que los ex miembros de las autodefensas renuncien, en la práctica, al interés y a la conveniencia de actuar de forma autónoma.

La división arbitraria de la región entre “amigos” y “enemigos” sigue siendo el hilo conductor del Gobierno Federal en Michoacán. Lo que se les reprocha a ciertos personajes se tolera de otros, reforzando la imagen de una autoridad pública que busca arreglos siguiendo un razonamiento clientelista e intereses personales, puntuales y, por definición, variables. El primer resultado de esta postura es la aparición de nuevos caciques, sin duda muy ligados al paisaje criminal michoacano, así como la cacofonía de los actores políticos que se contradicen continuamente entre sí (el Comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam).

Peor aún, ha provocado la fractura que observamos entre grupos armados en Michoacán. Por un lado se encuentran los grupos de autodefensas que gozan de cierta legitimidad popular, integrados en un proceso político de mediano y largo plazos, pero que rechazan el reconocimiento del Estado. Por otro, están los que usan la “etiqueta” de autodefensas para llevar a cabo actividades ilícitas y controlar territorios, fuera de cualquier control público. Finalmente están los “híbridos”, que quedan en tela de juicio a pesar de llamarse policía rural. Así queda el nuevo mosaico de poderes armados, reconocidos o no, que actúan más o menos libremente en Michoacán, así como de la violencia, que sigue en niveles alarmantes, no obstante la declaración del Secretario de Gobernación, según la cual se puede transitar “libre y tranquilamente” por el estado.

La ilusión de equilibrio

Quizás estemos hoy frente al momento más crítico del conflicto en Michoacán. Todos los actores presentes parecen proclives a apostar por el caos: dejar o provocar que se deteriore aún más la situación para presentarse después como el único actor viable. Es la postura clásica de “yo, o el caos” que sostuvieron los Caballeros Templarios durante muchos años. O quizás, mejor dicho en este caso, “el caos, y después yo”. Pese a ser presentada como un proyecto que ofrece certidumbre, la policía rural, tal y como está siendo desarrollada, puede terminar logrando todo lo contrario. La desmovilización de las autodefensas, un proceso complejo pero inevitable, debió ser concretada a través de iniciativas que buscaban la participación y el consenso de todos los actores presentes en Michoacán, representando así el desenlace de un proceso de negociaciones claras y vinculantes. En tal contexto, la policía rural hubiera sido un avance. Al contrario, hoy encarna la nueva fragmentación de la región, bajo la manta pública, agudizando la incertidumbre y las rivalidades.

Lo que se está logrando en Michoacán no es el restablecimiento de la ley, sino la reinstalación rápida de un equilibrio basado en relaciones pragmáticas de apoyo a ciertos grupos armados para regresar, poco a poco, a una configuración de monopolio de violencia, legítima o no.

***

El hecho de acercarse a la realidad local para entenderla es el ingrediente indispensable para superar la paradoja de la situación en Michoacán: los actores involucrados se necesitan mutuamente, pero ninguno confía en el otro. Es momento que el Gobierno actúe como Estado, fuera de una lógica partidista. De no lograr este giro, las estructuras criminales, que llevan décadas formándose, seguirán en pie, bajo una etiqueta nueva. Como nos lo mencionaba en febrero un ex presidente municipal de Tierra Caliente, los cárteles “aquí pasan de un nombre a otro en apenas un mes, y todo sigue igual”. Bajo este escenario, como lo mencionaba recientemente un habitante de esa región michoacana, “el riesgo es que la gente ya empiece a decir que estaban mejor antes”.

 

 

* Romain Le Cour Grandmaison es co-Director de Noria Research. Obtuvo en 2011 una Maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional de Sciences Po Paris. Actualmente es candidato a doctorado en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona (Paris 1). Es autor del estudio “Entender para atender: por una estrategia de Estado en Michoacán” realizado para México Evalúa.

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