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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Michoacán: traer al Estado de regreso
La gravedad y continuidad de lo que ocurre en Michoacán nos obliga a preguntar por las acciones del Sistema de Coordinación y Cooperación anunciado por el gobierno federal, cuyo propósito era la generación de “orden y confianza, mandos claros y corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno”. Nada mejor para aclarar nuestros errores de percepción que saber, por ejemplo, el destino de los más de 59 millones de pesos que la Federación otorgó a la entidad en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito y de los recursos del SUBSEMUN, el FASP y demás aportaciones federales.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
31 de octubre, 2013
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Por: María Teresa Martínez

El fin de semana pasado Michoacán volvió a llamar la atención de todos debido a los ataques contra 18 instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Entonces aparecieron las declaraciones vagas de los funcionarios, las exigencias –politizadas o no- de la oposición, las conjeturas de propios y extraños.  Las coberturas especiales de la prensa acusan episodios de violencia, aparición de grupos denominados de “autodefensa”, alcaldes despachando fuera de sus sedes de gobierno, bloqueos de caminos y carreteras, empresarios abandonando la región, es decir, una verdadera situación de emergencia y un Estado muy cercano a la incapacidad. Sin embargo, la postura de los gobiernos estatal y federal no corresponde a esa evaluación, pues oscila entre el silencio y una narrativa que minimiza lo que sucede en la entidad. Pero no apresuremos la crítica sentenciando a los gobiernos estatal y federal por falta de estrategia, concedamos que ésta existe, ¿cómo podemos decir si está dando resultados o no? ¿Podemos objetivamente evaluar el avance del Estado ante lo que ocurre? ¿La situación en Michoacán refleja una crisis de la capacidad del Estado?

En el influyente libro Bringing the State Back In, se sugería a los estudiosos de las ciencias sociales devolver la noción de Estado al centro del análisis. Una de sus editoras, Theda Skocpol, acentúa para ello la capacidad del Estado, es decir, la habilidad de este conjunto de organismos administrativos y coercitivos para cumplir con su objetivo de extraer recursos y ofrecer seguridad. Tomando este concepto podemos buscar indicios de la existencia de un Estado capaz y, más aún, podremos evaluar si la estrategia de seguridad del gobierno ha mejorado o no la capacidad del Estado.

El gobernador Fausto Vallejo, que recién regresa a hacerse cargo de sus funciones, apura a declarar que la crisis de violencia ocurre en una zona específica y acotada de la entidad y desacredita cualquier intención de discutir sobre una eventual disolución de poderes. Priistas de la talla de Manlio Fabio Beltrones cierran filas para apoyar al Gobernador y endosan la responsabilidad a los gobiernos anteriores. El Gobierno Federal se refiere a los hechos ocurridos el fin de semana como actos vandálicos, evitando acepciones cercanas a la idea de ‘actos terroristas’. El presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, parece ver con cierta normalidad su gobierno itinerante y el Gobernador de la entidad nos hace saber, a través de sus redes sociales, que estuvo en el DF coordinando acciones con la Federación para recuperar la tranquilidad en el estado.

La actitud de los gobiernos estatal y federal sugiere que los demás estamos sobre- reaccionando y que hay una estrategia que funciona, que nos equivocamos al pensar que la administración de Enrique Peña Nieto se estrenó aletargando la que implementó su antecesor,  replegándose y cediendo espacio a las organizaciones criminales, quienes sin reparo emboscaron a las fuerzas federales en Apatzingán en un episodio que muestra muy poco de estratégico. Esta vez, la falta de coordinación mostrada entre los tres niveles de gobierno no puede atribuirse a las diferencias partidistas pues el edil, el gobernador y el gobierno federal comparten emblema partidista.

Eventos como los del fin de semana pasado obligan al gobierno a desplegar militares en algunas regiones, a realizar sobrevuelos, patrullajes permanentes y a resguardar las instalaciones de CFE y Pemex, pero no queda claro si se trata de acciones vinculadas a una estrategia o lo que toca hacer frente a una coyuntura tan escandalosa. En cualquier caso, la confianza en el Ejército se pone en riesgo con un despliegue que existe desde hace meses y que coexiste con grupos de civiles armados.

Si la apuesta principal del gobierno federal aún está en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, entonces ya deberíamos conocer algunos avances sobre el trabajo articulado en la región Occidente, a la que pertenece Michoacán, según la regionalización del Programa. Si, como se proyectó, ha habido un trabajo conjunto del gabinete de Seguridad, los gobernadores y los presidentes municipales, deberíamos tener claridad de los logros en el fortalecimiento de los esquemas de inteligencia y la atención a las causas estructurales del delito, o algunas lecciones de las intervenciones focalizadas, si es que se ha llevado a cabo alguna. En cambio, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sabemos que la Incidencia Delictiva registrada en Michoacán en el periodo julio-septiembre de 2013 se ha incrementado 24 puntos porcentuales, comparado con el mismo periodo el año anterior.

Si el gobernador michoacano está en lo cierto y la crisis es propia de una región y no del Estado entero, entonces eso nos recuerda una vieja pregunta que aún no tiene cabal respuesta: ¿cómo definió el gobierno las demarcaciones prioritarias del Programa Nacional? La pregunta es especialmente relevante porque de Michoacán son dos los municipios considerados bajo esta etiqueta, Morelia y Uruapan. Bajo los criterios de selección, cualquiera que estos sean, quedan fuera Apatzingán, Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y otros municipios en los que los episodios de violencia no han dejado de ocurrir.

La gravedad y continuidad de lo que ocurre en Michoacán también nos obliga a preguntar por las acciones del Sistema de Coordinación y Cooperación anunciado por el gobierno federal, cuyo propósito era la generación de “orden y confianza, mandos claros y corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno”. Nada mejor para aclarar nuestros errores de percepción que saber, por ejemplo, el destino de los más de 59 millones de pesos que la Federación otorgó a la entidad en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito y de los recursos del SUBSEMUN, el FASP y demás aportaciones federales. De paso, no estaría de más tener noticias concretas sobre la creación de la Gendarmería Nacional, un proyecto con dilaciones muy costosas en contextos como el de Michoacán.

Este parece, además, un buen momento para recuperar los 58 compromisos asumidos en el Acuerdo por Michoacán firmado el 29 de agosto pasado por el entonces Gobernador interino Jesús Reyna, los partidos políticos, alcaldes y representantes empresariales y sociales. Para persuadir a quienes este acuerdo nos parecía un mero acto político sin mucho fondo, no se me ocurre coyuntura mejor para que la Secretaría de Gobernación se pronuncie sobre los avances del Acuerdo, a los que prometió dar seguimiento. En cambio, el silencio nos da espacio para recordarles que para que los acuerdos interinstitucionales, intersectoriales y plurales sean útiles hace falta mucho más que sostener reuniones.

Cuando Skocpol se refiere a la capacidad del Estado enfatiza el cumplimiento de objetivos, especialmente en oposición a grupos sociales poderosos o en medio de dificultades socioeconómicas importantes. Éste parece ser el caso en Michoacán, pues el crimen organizado y la crisis de las finanzas públicas retan severamente al Estado.  Hoy los gobiernos cuentan con más mecanismos legales e institucionales para la implementación de la política de seguridad, pero los resultados visibles hablan, si no de incapacidad, al menos de ineptitud. En cualquier caso, cada nueva mala noticia en Michoacán amerita no sólo colocar la noción de Estado en el centro del análisis, sino traer de regreso al Estado en Michoacán.

 



Skocpol, Theda (1985), “Bringing the state back in: Strategies of Analysis In Current Research” en Evans et. al. (eds.), Bringing the State Back In. NY: Cambridge University Press.

 

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