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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Omisiones educativas a un año de la partida de Gordillo
Pensar que la aprehensión de Elba Esther Gordillo no fue significativa es injusto. Pero afirmar que su permanencia en la cárcel confirma el compromiso de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción en general –y en el sistema educativo en particular- es una ilusión.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
27 de febrero, 2014
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Por: Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm)

A un año de la detención de la antes toda poderosa lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, existen señales encontradas sobre el avance que el Estado mexicano está realizando para transformar el sistema educativo, recuperar su rectoría y brindar calidad a la educación que se imparte en las aulas del país. Pensar que su aprehensión no fue significativa es injusto. Afirmar que su permanencia en la cárcel confirma el compromiso de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción en general –y en el sistema educativo en particular- es una ilusión. Los retos para mejorar la calidad de la educación persisten, pese al encarcelamiento de Gordillo, por lo que la sociedad debe exigir a la autoridad que acelere los esfuerzos para mejorar la calidad educativa y atajar la corrupción en la enseñanza en el país.

En estos 365 días desde que Gordillo fue detenida, la clase política confirmó su acuerdo por impulsar una reforma educativa al aprobar modificaciones constitucionales y de leyes secundarias en la materia, las cuales, nos han dicho, buscan contribuir a mejorar la calidad de la educación. Al centro de estos esfuerzos se señaló desde entonces que esta aprehensión era el primer paso en los esfuerzos del Estado para recuperar la rectoría de las políticas públicas que se implementan al interior del sistema educativo.

Sin embargo, tres pendientes nos recuerdan el largo camino que enfrentan las autoridades para que en verdad retomen el control sobre el sistema educativo y así puedan desarrollar políticas efectivas a favor de la calidad:

1. El ausentismo magisterial y sus consecuencias negativas para el rendimiento escolar de los estudiantes.
2. El desvío de los presupuestos educativos y la impunidad ante la corrupción en su ejercicio.
3. La captura institucional de posiciones clave en los sistemas educativos estatales por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

1. El desafío de identificar cuántos maestros se ausentan de sus labores, quiénes son ellos y cuáles son las consecuencias para el aprendizaje de sus alumnos

En su último informe en materia educativa, la UNESCO nos recuerda los efectos nocivos de que los maestros no acudan al aula, afectación que es aún mayor para los estudiantes que asisten a las escuelas en comunidades rurales y en las zonas de mayor pobreza urbana. Pese a que el ausentismo magisterial es un problema serio en diversos estados de la república, dado que las autoridades no pueden hoy tener un indicador preciso de esta situación, no pueden cuantificar sus consecuencias sobre el aprovechamiento escolar. No cuentan con esta información porque la supervisión sobre el sistema educativo sigue hoy fuera de su control.

No es aceptable que bajo una malentendida solidaridad gremial dicho ausentismo no sea reportado por los directores de las escuelas, cuyas estadísticas en la materia tampoco son revisadas de forma crítica por los supervisores o jefes de zona escolar, provocando escenarios de impunidad contrarios a la mejora de la calidad de la educación en el país.

Por ende, recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo implica el desarrollo de mecanismos institucionales y de estrategias que atajen estas malas prácticas. Por ejemplo, encuestas entre los alumnos (con garantías para evitar represalias en su contra en caso de denunciar el ausentismo de sus profesores) pueden servir de herramienta para dimensionar el tamaño de este problema y poder así aplicar eficazmente lo que contempla la recién aprobada reforma educativa: sanciones contra aquellos individuos que se ausenten sin causa justificada de sus labores docentes por más de tres días consecutivos. Lamentablemente la debilidad de la autoridad en diversos estados tales como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo ante el recurrente ausentismo magisterial observado en los últimos meses, vuelve a evidenciar la larga brecha por recorrer para que realmente el Estado mexicano recupere el control del sistema educativo.

2. El problema del desvío de los presupuestos educativos y la impunidad ante su ejercicio corrupto

De tiempo atrás diversos actores políticos y sociales en México han argumentado que el país necesita gastar más en educación para llegar al menos al 6% del PIB como lo recomienda la UNESCO. Estos llamados constantemente omiten los problemas serios de desvío y corrupción que acompañan el ejercicio de los presupuestos educativos federales y estatales en el país (Mexicanos Primero, 2013). Gastar mucho en educación es un despropósito social y una irresponsabilidad de las autoridades, cuando significa gastar mal. Desde hace al menos siete años la Auditoría Superior de la Federación ha documentado diversos desvíos de las transferencias educativas por parte de las autoridades estatales para realizar pagos indebidos. La prensa ha documentado diversos abusos por parte de los liderazgos magisteriales. Todas estas denuncias han quedado impunes, incentivando que se siga abusando de los presupuestos en el sector.

La crónica en la denuncia de los abusos puede anticiparse y refleja el cinismo que acompaña a los corruptos que se insertan en el sistema educativo. La ASF y la prensa documentan desvíos. El gobierno federal promete mano dura. Los gobiernos estatales señalados buscan evadir responsabilidades. Los líderes de las secciones magisteriales y del comité ejecutivo nacional del SNTE se esconden de los reporteros o responden con evasivas y nunca están dispuestos a exhibir a quienes han podido estar relacionados con el abuso de los recursos públicos educativos. En la red de complicidades todos parecen tener cola que les pisen, por lo que el silencio asegura la sobrevivencia. Todas las denuncias de la corrupción son inútiles, pues no han sido acompañadas de sanciones eficaces, demostrando que la autoridad ha sido hasta ahora incapaz de hacer valer el Estado de derecho en el sistema educativo.

3. La captura institucional de los sistemas educativos estatales

La incapacidad de la autoridad para implementar políticas a favor de la calidad y garantizar el buen uso de los recursos públicos educativos es frecuentemente reflejo de su complicidad. Esto es posible porque diversos individuos al frente de posiciones claves en los sistemas educativos de los estados son miembros del sindicato magisterial. Como se observa en el cuadro siguiente, al día de hoy al menos 35 autoridades clave en los sistemas de educación a nivel estatal son miembros del SNTE. Si bien se debe reconocer el legítimo derecho de la organización sindical por buscar que su voz sea escuchada para defender los intereses laborales de sus agremiados, este derecho no significa que definan las políticas educativas y ser, como hasta ahora, juez y parte de los ejercicios de evaluación docente, de la asignación de los maestros a las escuelas. Una situación de esta naturaleza atenta contra los intentos del Estado por recuperar su rectoría sobre el sistema educativo. La selección de directores y supervisores mediante los concursos que se contemplan en el nuevo marco jurídico educativo pueden, de implementarse adecuadamente, contribuir a corregir este problema de captura institucional del sistema educativo, pero no garantizarán por sí mismos su completa eliminación.

Tabla

 

Desde la caída de Gordillo, la autoridad federal ha buscado centralizar el control político e institucional sobre el sistema educativo mediante diversas medidas. Una de ellas es la implementación de una evaluación docente que llevará a cabo junto con el INEE con insumos –aún sin precisar cómo ni cuáles- de las autoridades estatales. Debido a las imprecisiones en la ley, esta evaluación se anticipa tenga un aire centralista, ya que se hará bajo lineamientos establecidos por el INEE y con perfiles para los nuevos docentes definidos por la SEP. Asimismo, la autoridad ha decidido centralizar la nómina magisterial, sin entender que los abusos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) pudieron atajarse con mejores facultades a la ASF y sanciones a quienes malversan los fondos federales.

La implementación de estos esfuerzos de centralización está en marcha, pero en la batalla por avanzar una agenda de calidad educativa, el combate frontal y efectivo contra la corrupción en el sistema educativo es el gran ausente. Ninguno de los líderes de las secciones sindicales ni miembros del comité ejecutivo del SNTE ha sido llamado a cuentas por sus acciones en el manejo de los recursos magisteriales y de fondos públicos de los sistemas educativos en sus estados.

[contextly_sidebar id=”b4e43a84fe6622aa15bcc524414b3194″]Elba Esther Gordillo está en la cárcel acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero en las acusaciones en su contra hasta ahora no se avizora que la autoridad esté investigando desvíos graves en rubros tan diversos como el fondo de vivienda magisterial, los fideicomisos para el financiamiento de las laptops a maestros, los recursos que compraron por muchos años plazas. Es imposible pensar que la corrupción se circunscribía a la “Maestra” y por ende, preocupa que en un año no se haya avanzado en identificar y procesar a quienes han cobijado las redes de corrupción al interior del sistema educativo.

Estas omisiones son graves y representan un reto para la implementación de la reforma educativa (Del Valle, 2014). La calidad de la educación no puede construirse sobre cimientos de corrupción e impunidad. Gordillo se ha ido. Quienes se benefician de la corrupción en el sistema educativo, no. La estructura institucional que los protege sigue intacta y afecta negativamente el funcionamiento del sistema educativo en su conjunto al permitir un malgasto en el sector, al proteger el ausentismo magisterial, al boicotear esfuerzos por generar insumos básicos para el diseño de políticas educativas como lo son un censo de los maestros y centros escolares en el país, y la implementación de evaluaciones tanto de educandos como de docentes, necesarias para hacer los ajustes en la formación y capacitación de los maestros mexicanos y así avanzar en los esfuerzos paraalcanzar una mejor calidad educativa.

Ante el escenario de justicia selectiva que hasta hoy parece guiar las acciones gubernamentales, la sociedad mexicana tiene que dar un paso al frente y exigir que se ataje la corrupción al interior de las aulas nacionales. Su participación activa es vital para que se vuelva costoso para la autoridad tolerar el ausentismo magisterial. Sus exigencias deben llevar a que las autoridades estatales y federales en verdad reporten con detalle el ejercicio de los presupuestos educativos –y en especial- de su gasto en las escuelas públicas. Transparentar todas las estadísticas educativas en un formato que permita su análisis no puede entenderse como una “concesión de la autoridad” a sus ciudadanos, sino como una obligación. Ojalá su incumplimiento sea mucho más difícil de cara a la definición de la legislación secundaria en materia de transparencia.

El esfuerzo colectivo para que el país produzca campeones a favor de la calidad educativa debe estar cimentado en la decisión firme de la sociedad y de las autoridades para enfrentar los intereses que se resisten a la implementación de políticas educativas encaminadas a mejorar lo que se enseña en las aulas mexicanas. Dicho esfuerzo debe terminar, de una vez por todas, las prácticas de corrupción que tanto daño provocan en el aprovechamiento de los niños y jóvenes, y que generan costos elevados para el país.

 

* Marco Antonio Fernández es Director de Investigación de México Evalúa ([email protected])

 

 

Referencias

Del Valle, Sonia (2014). “Preocupa a expertos cogobierno del SNTE”, en Reforma 26 de febrero.

Fernández, Marco Antonio (2012). From the Streets to the Classroom: The Politics of Education Spending in Mexico. Durham, Duke University.

Fernández, Marco Antonio (2014). El SNTE en los estados: repercusiones de la reforma educativa (mimeo).

Mexicanos Primero (2013)  Mal(gasto): Estado de la educación en México. Ed. Mexicanos Primero

 

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