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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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¿Por qué los delincuentes deben tener acceso a una buena defensa legal?
Cuando un juez sentencia a un imputado que efectivamente cometió el delito por el que se le acusó, pero que su defensa fue mediocre, el proceso, y por ende la sentencia, pierden legitimidad, aunque resulten en una sentencia merecida.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
1 de octubre, 2014
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Por: Néstor de Buen (@nestor_d)

Ahora que el país se encuentra en pleno proceso de reforma del sistema de justicia penal, las autoridades encargadas de su implementación ven con gran inquietud el casi nulo avance que presentan algunos estados, donde, por ejemplo, no se han empezado a construir las salas donde deberán llevarse a cabo los juicios orales. Aunque los cambios en la infraestructura y en la forma son importantes, pocos parecen prestar atención a temas de fondo como la defensa, y en particular la defensa pública.

Sin embargo, el sistema de justicia acusatorio o adversarial que se está implementando actualmente requiere que los abogados tengan un papel más preponderante todavía que en el sistema actual. En el nuevo sistema, la defensa y el Ministerio Público (MP) son los protagonistas del juicio: cada una de las partes debe presentar distintos puntos de vista y tratar de convencer al juzgador no solamente con pruebas, sino también con argumentos.

[contextly_sidebar id=”IxNbymFMrKd6fPp39cli4kwBnz0XrTD4″]En el sistema mixto, que hasta ahora se ha implementado en México, el MP es la institución sobre la que recae la conducción de la mayor parte del procedimiento, por lo que la defensa, y los defensores públicos en particular, a menudo llegan a asumir una postura pasiva. Para que funcione el nuevo sistema, la defensa debe tomar una actitud más proactiva y para ello se requiere cambios más allá del marco normativo. Las nuevas reglas, que establecen que la defensa y el MP deben enfrentar sus puntos de vista, no son suficientes. También es necesario que las personas que actúan como defensores, y en particular como defensores públicos, tengan mayor capacitación y profesionalización, lo cual ayudará a que aumente la calidad del sistema en su conjunto. Si el MP se enfrenta a una defensa mejor capacitada, entonces también tendrá que elevar su nivel de argumentación.

Ahora bien, el papel de la defensa pública no parece ser bien percibido por algunos sectores de la sociedad mexicana. Para entenderlo mejor, imaginemos por un momento dos situaciones hipotéticas. En la primera una persona es acusada de un homicidio que no cometió. Desafortunadamente, no puede pagar un abogado y el defensor público no realiza bien su trabajo. Al final, la persona es sentenciada a 20 años de prisión. En el segundo caso, una persona comete un homicidio, tampoco puede pagar un abogado y el defensor público no tiene la mejor actuación. Al igual que en el caso anterior, la persona es sentenciada a 20 años de prisión. Es evidente que en el primer caso sería necesario contar con un buen defensor público que evite esta injusticia, pero ¿por qué es importante que en el segundo caso también se cuente con una sólida defensa?

Hoy en día, de acuerdo con un principio ampliamente aceptado en las democracias, el artículo 20 de la Constitución prevé que el imputado debe contar con la mejor defensa posible, y si no tiene los recursos suficientes para pagarla, el Estado debe proporcionársela. Esto implica, es cierto, que una parte de los impuestos de los ciudadanos que cumplen con la ley va a ser utilizada para defender a las personas que no cumplieron con ella y hasta cometieron delitos graves. Por más injusto que esto pueda parecer, esta disposición es una de las mínimas condiciones que se requieren si se espera contar con un sistema de justicia penal confiable para todos los ciudadanos.

El argumento más utilizado para justificar la obligación del Estado de proveer una buena defensa pública a los imputados de manera gratuita es que una persona debe de ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad[1], tal como lo establece el artículo 20 de la Constitución[2]. Esto debería de ser suficiente para aceptar la existencia de una defensoría pública sólida disponible para quien la necesite.

Sin embargo, en el tema de la defensa pública no necesariamente hay un consenso. Para entender por qué es correcto y está en el interés de todos contar con una defensoría pública fuerte, regresemos por un momento al ejemplo del inicio. Tenemos una persona inocente y una culpable, ambas con la misma sentencia y la misma mediocre defensa. Algo debe estar mal con el sistema de justicia cuando sentencia a una persona culpable y a una inocente por medio de procesos similares. Idealmente, ambas situaciones deberían llegar a resultados distintos si cada una de las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal hiciera su trabajo como debería.

Si el proceso se desarrolla conforme a derecho, una persona realmente culpable debe ser sentenciada aun contando con la mejor defensa[3]. Parte de lo que hace que la defensa sea necesaria es que nos permite tener una mayor certeza de que la persona sentenciada es efectivamente culpable. Cuando un juez sentencia a un imputado que efectivamente cometió el delito por el que se le acusó, pero que su defensa fue mediocre, el proceso, y por ende la sentencia, pierden legitimidad, aunque resulten en una sentencia merecida.

Veamos por qué. Hace 51 años, en Estados Unidos, la Suprema Corte decidió sobre el caso Gideon v. Wainwright, uno de los más emblemáticos del derecho penal norteamericano y que ilustra muy bien este dilema. Un hombre llamado Clarence Earl Gideon fue acusado de allanamiento en el estado de Florida. De acuerdo con la ley estatal de aquel tiempo, el Estado sólo estaba obligado a proporcionar defensa legal a imputados imposibilitados para pagar un abogado únicamente cuando el delito podría significar pena de muerte. Gideon pidió que se le asignara un defensor, pero su caso no cumplía con las condiciones necesarias, pues no podía ser castigado con pena de muerte, por lo que él mismo tuvo que defenderse en el juicio. Finalmente, el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a cinco años de prisión. Ya en la cárcel, envió una carta a la Suprema Corte argumentando que de acuerdo con la Constitución, todas las personas tenían derecho a representación legal durante el juicio. La Corte concedió su petición y en un segundo juicio Gideon fue absuelto[4].

Lo relevante de este caso es el argumento que usó la Corte estadounidense: en el sistema de justicia adversarial no se puede sentenciar a una persona que por falta de recursos no pudo acceder a una buena defensa legal, pues esto implicaría que se llevaría a cabo un juicio injusto[5]. Lo importante es que la Corte no se pronunció sobre si Gideon era inocente o no. En efecto podría haber sido culpable del delito, pero lo relevante de este caso es que su juicio no fue imparcial. No tuvo el derecho a contar con una defensa pública y finalmente, su condena fue inválida.

Ante la imposibilidad de conocer la verdad histórica de los hechos que constituyen un delito, lo único que se puede hacer es tratar de reconstruirlos por medio de evidencia de la manera más fidedigna posible. Si el Estado, a través del Ministerio Público, realiza correctamente su labor de integrar un expediente y construir un caso, encontrará los elementos necesarios para demostrar la culpabilidad de una persona que cometió un delito. Si la persona es inocente, la evidencia que presente el ministerio público debería ser desestimada por la defensa, por lo que la culpabilidad no se podría probar. Esta precisión es fundamental.

El tema de contar con una defensa pública profesional y sólida tiene, además, ventajas evidentes para el sistema de justicia. Una defensa sólida obliga al Ministerio Público a profesionalizarse, integrar y argumentar mejor sus casos, dado que se enfrenta a una defensa profesional y bien preparada que puede tirar abajo su caso en caso de no estar correctamente formulado.

En resumen, un sistema judicial penal que condena a personas realmente culpables con argumentos igual de sólidos que aquellos con los que condena a un inocente carece de toda legitimidad[6] y genera enorme incertidumbre entre los ciudadanos. Lo que se requiere, incluso cuando se trata de personas que cometieron delitos graves, es una defensa pública fuerte, que convierta al sistema de justicia actual en uno capaz de trazar distinciones claras entre las personas que cometen delitos y aquellas que, por error, llegan a enfrentarse a un proceso judicial. Aun si esto implica usar el dinero de todas las personas respetuosas de la ley, pues también está en su interés contar con instituciones de justicia fuertes y con credibilidad.

Finalmente, lo anterior no significa que la posición de un defensor público que representa a una persona que cometió delitos graves sea cómoda[7], o que el sistema vaya a ser infalible. Pero me parece importante devolverle a la defensa pública el lugar central que se merece en el sistema de justicia y verla no sólo como la institución que potencialmente defiende delincuentes. Necesitamos entenderla dentro de un contexto más amplio de todo el sistema de justicia penal, en el cual es correcto, e incluso necesario, invertir dinero público para su fortalecimiento. De lo contrario no se podrá contar con un sistema judicial que produzca resultados confiables.

Este es un tema que no debe de perderse de vista durante el proceso de implementación de la reforma al sistema de justicia penal por el cual atraviesan la mayoría de los estados[8]. Cambiar el marco normativo y las reglas de funcionamiento del sistema no es suficiente si las instituciones no pueden cumplir con el papel que les corresponde. No basta contar con un sistema en el que se enfrentan dos puntos de vista, el del Ministerio Público y el de la defensa, si una de las partes no está bien capacitada y no se encuentra a la altura de su contraparte. Por lo tanto, además de las reformas a las normas es necesario fortalecer a la defensa pública con mejores sueldos, mayor capacitación, así como construir su independencia del resto de las partes involucradas en un proceso judicial.

 

* Néstor de Buen es Investigador del Programa de Seguridad Pública y Justicia de México Evalúa

 

 

[1] Sobre la presunción de inocencia, se recomienda leer la página del Instituto de Justicia Procesal Penal.

[2] Artículo 20 constitucional.

[3] Este supuesto incluye la eficiencia del ministerio público, pero también la ausencia de corrupción durante el proceso judicial. Sabemos que esto no siempre se cumple, pero cualquier propuesta para mejorar el sistema de justicia penal carece de sentido si se asume que la corrupción terminará decidiendo el resultado de los procedimientos.

[4] Se asume que la absolución implica que era inocente debido a la presunción de inocencia, pero en el resumen del caso esto no se dice explícitamente. Sólo se especifica que fue por la violación de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

[5] United States Courts, “Facts and Case Summary: Gideon v. Wainwright”.

[6] Centro de Estudios de Justica de las Américas, Manual de defensoría pública para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 2006) 20.

[7] Para más ejemplos de los dilemas que puede significar defender delincuentes, véase este artículo de Abbe Smith, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown.

[8] El avance de la implementación en los estados se puede consultar aquí.

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