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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
¿Por qué tanto alboroto con el Estado de México?
¿Por qué solamente cuando el problema de seguridad pública se convirtió en una crisis, decidió el gobierno del Estado de México solicitar ayuda a la autoridad federal? ¿Desde cuándo existen indicios del creciente problema de inseguridad en ese estado, y por qué no se atendieron? Y finalmente, ¿por qué fue Rubido quien tuvo que reconocer el crecimiento de inseguridad en la entidad, después de que las autoridades locales lo negaron por meses?
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
3 de abril, 2014
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Por: Leonel Fernández Novelo (@leoxnv) y Rodrigo Elizarrarás A. (@rodaxiando)

Algo está pasando en el Estado de México que curiosamente no se puede explicar del todo al consultar la incidencia delictiva en la entidad. Desde principios de año, varios medios han señalado el incremento de la violencia en algunos municipios. El tema ha llamado la atención incluso de los medios internacionales. No obstante, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran información un tanto contradictoria: mientras se observa un aumento importante en algunos delitos, otros se han mantenido en el mismo nivel. Si bien el número de homicidios no se ha incrementado tanto, algunos advierten que el grado de la violencia es lo que ha cambiado y que se deriva de la presencia del crimen organizado a sólo unos cuantos kilómetros de la capital del país.

Finalmente, después de varios meses de ignorar y minimizar el tema, el último día de marzo el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el inicio de un operativo de seguridad en el Estado de México para combatir a la delincuencia en esa entidad. A escasos días de que el recién nombrado Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconociera públicamente el incremento delictivo en la entidad, la calificación como “atípica y temporal” de la violencia en el estado por parte del propio gobernador Eruviel Ávila dejó de ser válida de un momento a otro, sin que sepamos exactamente qué motivó este cambio de postura. ¿Será la presión de los medios? ¿El clamor de la población mexiquense? ¿Tendrán otro tipo de información más certera que la mostrada por el SESNSP? Es probable que nunca lo sepamos.

De entrada, podemos revisar los datos del SESNSP, encargado de la recopilación de la información, para ir despejando algunas dudas.

Grafica 2 Post 3 abril

Grafica Post 3 abril

Como se puede observar en las gráficas, los datos oficiales de incidencia delictiva (basados en averiguaciones previas a cargo de las procuradurías estatales, como se indica claramente aquí) arrojan resultados disímbolos. Por un lado, el Estado de México lidera en el robo de vehículos con violencia, pero por el otro, el homicidio se encuentra al mismo nivel que la tasa nacional sin ser uno de los estados que muestran mayores incrementos. En cuanto al secuestro, a pesar de que tenemos un repunte del 234% desde 2007, aún se encuentra por debajo de la tasa nacional y de la de los estados vecinos. En extorsión también se nota un aumento considerable entre 2012 y 2013, pero debemos recordar que antes de esa fecha este estado no reportaba al SESNSP ningún dato sobre este crimen. En resumen, el Estado de México muestra algunos incrementos en su incidencia delictiva, pero sus tasas son superadas por las de otras entidades que quizá necesitarían una intervención del gobierno federal prioritaria, como son los casos de Guerrero y Morelos. ¿Entonces, en qué información se basan el gobernador y el Comisionado de Seguridad Pública para determinar que la situación en el Estado de México es de gravedad?

Sin datos precisos es difícil dar explicaciones puntuales sobre lo qué está sucediendo en el Estado de México, pero lo que sí podemos haceres identificar al menos tres problemas importantes en las acciones u omisiones de la autoridad que hay que resolver: 1) la falta de claridad y transparencia de la información estadística delictiva, 2) la negación y evasión de la realidad como estrategia política, y 3) la falta de interés y compromiso por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales, para afrontar el tema delictivo.

1. Falta claridad en la información delictiva

No sabemos realmente cómo se capta y recopila la información que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (o cualquier otra fiscalía estatal del país) envía al SESNSP. Podemos imaginar que el conteo se hace de determinada forma y que existen ciertos controles y formatos para hacer llegar esta información al Secretariado, pero éstos, si existen, no son públicos.

A pesar de que se ha logrado un proceso de homologación de delitos con fines estadísticos y de comparación entre estados, cada entidad federativa es responsable de la veracidad, precisión y consistencia de los datos, como se señala en la página del SESNSP. Sin embargo, faltan mecanismos de auditoría que permitan evaluar la calidad y forma de los datos que envían las agencias del Ministerio Público. El Secretariado tampoco cuenta con herramientas legales para obligar a los estados a enviar la información cumpliendo con algunos estándares de recopilación y sistematización. Sabemos, al final del día, que todo este proceso es parte de los acuerdos entre las entidades y la federación. No hay tampoco sanción alguna contra aquella autoridad que reporte información falsa en esta materia.

Incluso antes de que el SESNSP publicara la información sobre el total de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión, algunos de los estados reportaban indistintamente el número total de víctimas, mientras otros supuestamente reportaban el número de averiguaciones previas. La información a nivel municipal todavía no se encuentra correctamente georreferenciada. Muchos delitos se reportan en el municipio donde inician las averiguaciones previas y no donde ocurrieron. En fin, se acumulan pequeños errores de captura que hacen que al momento del análisis surjan más interrogantes que respuestas.

Hace un par de años, el Gobierno del Estado de México estuvo envuelto en un escándalo sobre el conteo de homicidios en la entidad, lo que genera dudas sobre su capacidad para reportar datos de manera fidedigna: el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, había anunciado un importante descenso en los homicidios como un gran triunfo de su administración, cuando en realidad  se debió a un cambio en la metodología de registro, el cual no fue reportado en un primer momento. The Economist se dio cuenta del error y lo evidenció públicamente. Por tanto, la pregunta es inevitable a la luz de la persistencia en las inconsistencias en la estadística que se reporta en esta materia: ¿cuántos pequeños cambios u omisiones habrán sucedido sin que ninguna autoridad competente haya revisado la calidad de la información? ¿Qué mecanismos necesitamos para auditar y verificar el control de estas cifras nacionales?

Nos parece que sin información clara y válida no se podrá comprender la magnitud del problema de inseguridad que enfrentamos, ni mucho menos diseñar políticas públicas que puedan resolverlo. Al no contar con mediciones cercanas a la realidad, nuestras aproximaciones al problema siempre serán parciales y basadas en información incompleta y quizá hasta errónea. El que el gobierno federal tome decisiones una vez que el agua le llega al cuello a cada gobernador no es la forma oportuna de atender estas situaciones. El sentido de intervención estratégica en esta materia se pierde ante la falta de estadísticas confiables. Si esperamos a que sea demasiado tarde, perdemos la oportunidad de prevenir el crimen y evitar su crecimiento y expansión. Entonces estamos condenados a vivir crisis de inseguridad permanentes.

Por lo tanto, creemos que es muy importante generar los acuerdos necesarios para que los gobiernos estatales, a través de sus procuradurías, se comprometan a revisar y elevar la calidad de su información sobre incidencia delictiva con el fin de contar con mejores herramientas de diagnóstico.  En estos acuerdos debieran establecerse algunos mecanismos de sanción a quienes oculten información o reporten estadísticas sistemáticamente erróneas.

2. La negación de la realidad como estrategia

Durante semanas, incluso meses, la respuesta de los funcionarios estatales y municipales ante los cuestionamientos del crecimiento de la delincuencia en el estado consistió en minimizar la situación de inseguridad. No solamente el gobernador sino también algunos presidentes municipales del área conurbada del Valle de México, como Karim Carvallo, de Cuautitlán Izcalli, y David Sánchez Guevara, de Naucalpan, comentaron que la violencia era un fenómeno “temporal y atípico”, que la gente era “paranoica” (min 3.14) o argumentaron que el problema era nacional, por lo que no había que exagerar en la preocupación específica sobre el Estado de México.

Bajo esta lógica de minimización, las autoridades no tomaron medida alguna. Se convirtieron en simples observadores del crecimiento delictivo. No establecieron políticas para la depuración de sus cuerpos policiacos o para dotar al estado con capacidad de inteligencia para acotar el fenómeno delictivo. Dejaron pasar así tres meses sin reconocer la gravedad de la situación, hasta que literalmente se desbordó y la presión de los medios terminó por provocar una reacción del gobierno federal.

Ante esta situación surgen las siguientes dudas: ¿Por qué solamente cuando el problema se convirtió en una crisis, decidió el gobierno estatal solicitar ayuda a la autoridad federal? ¿Desde cuándo existen indicios del creciente problema de inseguridad del Estado de México, y por qué no se atendieron? Y finalmente, ¿por qué fue Rubido quien tuvo que reconocer el crecimiento de inseguridad en la entidad, después de que las autoridades locales lo negaron por meses? Es notoria la divergencia en el discurso entre el gobierno estatal y el federal.

Es muy probable que la dificultad para Eruviel Ávila de reconocer el desastre de seguridad interno con el que tiene que lidiar se deba a su voluntad de evitar que se señale al anterior gobernador de la entidad como corresponsable. Por ello, en el caso del Estado de México, la variable política (y geográfica)  juega un papel crucial para entender y justificar las determinaciones tomadas por la autoridad.

No afrontar la realidad del problema sólo lo complica ya que no se pueden tomar las decisiones correctas de política pública para, en primer lugar, resolver la crisis de seguridad y, en segundo, reducir y prevenir la delincuencia. Permitir que un problema de seguridad crezca al grado de convertirse en una crisis no sólo habla de la incapacidad de las administraciones estatales y locales, sino también de la irresponsabilidad de los funcionarios federales para responder a tiempo y aceptar la magnitud del problema.

3. La ausencia de los gobiernos estatales y municipales

Otro problema, que no es exclusivo del Estado de México, es que los gobiernos estatales y municipales tienden a darle la vuelta al tema de seguridad. La situación de inseguridad tiene ya mucho tiempo arraigada en la zona conurbada del Valle de México y, sin embargo, no sabemos exactamente qué hacen las autoridades para resolver el tema. El gobierno del Estado de México, al igual que muchos otros, no ha presentado una política pública efectiva para el combate de la inseguridad en su territorio. Tampoco a los presidentes municipales se les ocurren medidas o programas interesantes de prevención del crimen. Ni siquiera cuentan con la información para generar diagnósticos que permitan el diseño de un programa de combate a uno o varios delitos en específico, con el fin de reducir su incidencia en las colonias más inseguras de su localidad. La falta de actuación de las autoridades estatales y municipales en este ámbito es la norma y no la excepción.

En México, aún nos falta mucho para contar con medidas claras, focalizadas, en función de los delitos detectados a nivel de barrio, ciudad, localidad o colonia. Ya son lugares comunes las declaraciones sobre el trabajo coordinado entre dependencias o que se realizarán labores de inteligencia, pero difícilmente se traducen en políticas concretas que permitan ver resultados en las calles. En lugar de anunciar nuevos programas o medidas ante la crisis de inseguridad prefieren comunicar como logros las tareas que en principio son su obligación.

Es necesario que los estados tomen cartas en el asunto, sobre todo en lo que corresponde a los diagnósticos necesarios para identificar las causas del delito. Es indispensable que sean los gobiernos locales quienes los elaboren, pues son ellos los que cuentan con la información de primera mano. A través de los C-4 los estados cuentan con información valiosa que puede traducirse en mapeo de los hot spots (zonas de alta incidencia delictiva) y la elaboración de mapas delictivos como éste, que finalmente sirvan para diseñar rondines policiacos, reforzar la seguridad a ciertas horas, en  áreas específicas, donde se concentran cierto tipo de delitos. Si los estados y municipios continúan evadiendo su responsabilidad en el tema de seguridad, tienen que estar conscientes que la Federación no cuenta con los recursos humanos, técnicos y operativos para intervenir en todos los estados del país en situación de emergencia.

4. Apuntes finales

Al final tenemos más dudas que certezas sobre este tema. No sabemos aún por qué en el Estado de México arrancó el 2014 con una crisis visible de seguridad y violencia. Tampoco sabemos a ciencia cierta el estado real de la incidencia delictiva. No conocemos cuáles sean las acciones del gobierno estatal ni por qué tardaron tanto en reconocer el problema de inseguridad.

En México Evalúa estamos convencidos de que lo que no se puede medir, no se puede evaluar, y sin evaluaciones no hay políticas públicas eficaces ni soluciones eficaces a los problemas del país.

Es por ello que reiteramos la necesidad de mejorar la calidad de los datos de incidencia delictiva, el desarrollo de protocolos y la metodología adecuada para el conteo y medición de los delitos por parte de las distintas Procuradurías Estatales de Justicia. En este sentido, el SESNSP, instancia encargada de la recopilación de la información, debe contar con las herramientas necesarias para evaluar la calidad de la información recibida por parte de las procuradurías. Es necesario que también cuente con los instrumentos jurídicos que le permita forzar a los estados a cumplir con estándares mínimos, formatos establecidos  e información fidedigna para el análisis de la incidencia delictiva en el país. Deseamos que el nuevo encargado del SESNSP sea capaz de atender la problemática en materia de falta de información y de acciones contundentes ante las crisis que prevalece al día de hoy. Es sobresaliente que a ocho años de haber iniciado la lucha contra la delincuencia organizada, el Estado mexicano aún no logre construir un sistema confiable de indicadores de incidencia delictiva básicos que nos permitan diseñar políticas públicas focalizadas a problemáticas muy específicas.

Por último, nos parece que el tema sobre el incremento en la calidad de la información disponible sobre incidencia delictiva es de primordial interés, por lo que lo abordaremos con mayor detalle en una próxima entrada de este blog.

 

* Leonel Fernández Novelo es investigador de México Evalúa y Rodrigo Elizarrarás A. es coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa

 

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