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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Prevenir el delito con menos recursos: ¿cómo?
En cualquier lugar del mundo, un recorte presupuestal de 26 por ciento para un programa público no puede considerarse otra cosa que una mala noticia. Sin embargo, no se puede dejar de señalar que en el caso del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se abren oportunidades para afinar estrategias y prioridades con miras a su tercer año de implementación.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
16 de abril, 2015
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Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)

“Recorte preventivo”: fue como el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, denominó al ajuste de 124 mil millones de pesos al gasto público para 2015 que anunció en enero pasado. Entre los damnificados, se informó después, se encuentra presupuestalmente hablando el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) de la Secretaría de Gobernación, que en 2014 manejó un subsidio de 2 mil 595 millones de pesos, a repartir entre las 32 entidades federativas .

En cualquier lugar del mundo, un recorte presupuestal de 26 por ciento para un programa público no puede considerarse otra cosa que una mala noticia. Sin embargo, no se puede dejar de señalar que en el caso del Pronapred se abren oportunidades para afinar estrategias y prioridades con miras a su tercer año de implementación. ¿A qué nos referimos exactamente? Para responder parte de la pregunta, un anuncio antes: en próximas semanas publicaremos un análisis del segundo año del Programa, en el que revisamos y clasificamos todas las 5 mil 500 acciones implementadas en 2014 el marco del mismo.

Teniendo como referencia lo que observamos en 2013 y 2014 (aquí puede accederse a nuestra evaluación del primer año), compartimos las siguientes consideraciones en torno a lo que estimamos necesario ajustar ante un recorte presupuestal de tal magnitud:

1. Afinar prioridades: optar por intervenciones con teoría de cambio sólida y resultados medibles

¿Cómo contribuirá un determinado proyecto, intervención o acción a prevenir la violencia y el delito? ¿En qué medida se espera que lo haga?

Partamos primero de que en el terreno científico, para la criminología, la prevención del delito puede medirse en términos de: delitos, perpetradores de actos delictivos, victimización y re-victimización o daño infringido. Ahora, es cierto también que no todas las acciones deben estar pensadas forzosamente para impactar en la incidencia delictiva o en la victimización como resultado inmediato. Es decir, una buena parte de los proyectos tiene por objetivo fortalecer, por ejemplo, la organización y los vínculos comunitarios por medio de la conformación y capacitación de redes vecinales. Sin embargo, dado que las acciones se enmarcan en un programa nacional de prevención del delito, se espera que este tipo de proyectos tenga algún impacto en la vulnerabilidad ante la violencia y el crimen que padece la ciudadanía en los territorios donde se implementan. Si el objetivo fuera únicamente crear vínculos comunitarios, un marco adecuado para este tipo de acciones sería por ejemplo, un programa de convivencia ciudadana. Esto implica que las autoridades encargadas de validar el financiamiento de las acciones propuestas por cada municipio contemplado en el Programa deben subir el estándar aplicado en 2013. Ese año, como mostró nuestra evaluación, se aprobaron proyectos que no contaban con lo básico que constituye un diagnóstico local. La Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como primer filtro en las entidades, y la Subsecretaría de Prevención del Delito de Segob, como la instancia que valora y aprueba las acciones a implementarse con los recursos federales, pueden y deben dejar en claro que se dará prioridad en términos presupuestales a los proyectos en cuyo diseño y propuesta se incluya una teoría de cambio sólida y se respondan las preguntas con las que inició este párrafo.

2. Dar continuidad presupuestal a acciones bien focalizadas, y no a aquellas con alcance difuso

Este punto guarda una relación con el anterior. En un contexto de recursos (aún más) limitados, no debería estar en duda la continuidad de proyectos debidamente dirigidos a poblaciones prioritarias para el Programa –como jóvenes, mujeres e infancia– en escenarios de alta vulnerabilidad social como la que se presenta en los polígonos Pronapred, y en los que además se ha logrado detectar y atender a individuos cuya situación o contexto implica factores de riesgo adicionales. Me refiero, por ejemplo, a madres adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley o niños en riesgo de deserción escolar. Resulta más crítico aún darles prioridad a estos proyectos, en contraste con otro tipo de acciones cuya focalización resulta complicada y cuyos efectos son difíciles de medir. Un ejemplo pueden ser las campañas mediáticas para promover el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol o de consumir drogas, implementadas mediante la repartición masiva de folletos, pósters o por medio de recorridos con altavoces. Ante el recorte, las acciones que involucran de manera directa a poblaciones prioritarias deben encabezar las listas.

3. Afinar estrategias: el análisis de resultados de las acciones Pronapred 2013 y 2014 debe aportar elementos para guiar los ajustes

Desde el inicio del Programa en 2013, los lineamientos del mismo han establecido que las entidades federativas deberán informar al cierre de cada año a la Secretaría de Gobernación “los resultados de las acciones realizadas”. Incluso, para 2013, se precisó que dicha dependencia federal incluirá en su evaluación una estimación de los “resultados alcanzados en materia de prevención del delito”, además de valorar los procesos de implementación de las estrategias. Esto implica que respecto de ese año, y muy probablemente también de 2014 por encontrarnos en el cuarto mes del año, la Subsecretaría de Prevención del Delito ya debería tener una muy buena noción del tipo de acciones –o incluso estrategias– más frecuentemente implementadas con éxito y, sobre todo, de las que muestran ser más eficaces en lograr sus objetivos. Por ejemplo, ¿en qué medida sobrevivieron las micro empresas que se echaron a andar con el objetivo de generar empleo en la localidad? O ¿cuántos ingresos o ahorros le generaron los huertos comunitarios a sus beneficiarios, en los casos en los que era ese el objetivo? Este tipo de información es clave para tomar mejores decisiones ante un recorte presupuestal. Sin ella, las decisiones se estarían tomando prácticamente a ciegas.

Un ejemplo ilustrativo. En Chihuahua, un funcionario declaró a medios de comunicación que frente a la disminución presupuestal del Pronapred, el ajuste podría hacerse en infraestructura: “por ejemplo, disminuir el número de luminarias en los parques, asegurar que haya iluminación pero disminuir el gasto”. Ojalá que se trate de una idea mencionada a bote pronto, pero iniciativas como ésta pueden surgir de la nada si no se cuenta con la evidencia necesaria, producto de la evaluación.

Ante la adversidad presupuestal, los responsables del Pronapred tienen frente a sí una oportunidad ante la que no tienen opción: elevar forzosamente los estándares de calidad para el diseño de las acciones que reciben su subsidio. Por supuesto, esto implica contar con mayores capacidades en las entidades federativas y en los municipios, pero la normatividad del Programa establece mecanismos de revisión en la Comisión Estatal y en la Subsecretaría por buenas razones: prevenir el delito y la violencia requiere de conocimientos técnicos, de ciencia. No cualquier acción, por bien intencionada que sea, puede efectivamente atender los factores que hacen vulnerables ante la violencia y el delito a varias decenas de comunidades atendidas por el Programa.

Por nuestra parte, en México Evalúa próximamente publicaremos los resultados de nuestro análisis de las acciones del programa, con la intención de aportar elementos que sean de utilidad para los encargados de diseñar las acciones a nivel local así como para los responsables del Programa programa en el gobierno federal.

 

* Lilian Chapa Koloffon es investigadora del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa.

 

 

Esta referencia se tomó de una lectura obligada en este tema: Lawrence W. Sherman,  Denise Gottfredson,  Doris MacKenzie,  John Eck,  Peter Reuter y Shawn Bushway. 1997. Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising. A Report to the U.S. Congress. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice.

“Acción” es el término contenido en el Pronapred para referirse a la actividad o conjunto de actividades por medio de los que se busca cumplir objetivos específicos, de acuerdo con las estrategias del Programa.

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