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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Prioridades no prioritarias
En un escenario de escasos recursos se necesitan utilizar los presupuestos con inteligencia y con la mejor evidencia empírica posible. Por ende, casos emblemáticos por su problemática criminal como Chalco y Lázaro Cárdenas tendrían que estar en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Es increíble, en el contexto del desafío michoacano, que Apatzingán haya quedado fuera del programa, pero que Mérida reciba recursos para prevenir el crimen, cuando sus tasas de actividad delincuencial son similares a las observadas en países europeos.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
13 de febrero, 2014
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Por: Leonel Fernández Novelo (@leoxnv)

Una prioridad se define, de acuerdo con la Real Academia Española, como algo que tiene anterioridad “respecto de otra cosa, en tiempo o en orden”. Este concepto es clave al momento de concebir cualquier política pública, ya que en la vida real, los recursos de los que disponen las autoridades para enfrentar un problema (trátese de tiempo, de personal o de dinero) suelen ser limitados. Por lo tanto, siempre resulta necesario definir las prioridades que se deben atender.

Lo anterior puede parecer evidente, pero al analizar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), uno se da cuenta de que sus prioridades no son prioritarias.

El Programa Nacional de Prevención, que inició con el primer año del actual gobierno, contempla 100 demarcaciones divididas en dos ámbitos de intervención. El primero incluyó 57 demarcaciones que fueron definidas como prioritarias y que recibieron recursos económicos para la creación e implementación de proyectos de prevención locales. En el segundo ámbito se incluyeron 43 más, que si bien no recibieron recursos del fondo, fueron partícipes de acciones realizadas por otras Secretarías con un enfoque de prevención social del delito.

En consonancia con el espíritu del programa, que consiste en prevenir el crimen, esperaríamos que las demarcaciones clasificadas en el primer ámbito de prioridad y que recibieron recursos fueran las que muestran mayores factores de riesgo, de acuerdo a los términos definidos por la autoridad. Esto es, aquellas condiciones que permiten el surgimiento o permanencia de las diferentes formas de violencia o delincuencia, como pueden ser las altas tasas de migración o el número de jóvenes desocupados.

[contextly_sidebar id=”027f4601177b1cff5a72a44e8bfb277f”]Interrogada sobre la metodología utilizada para seleccionar las demarcaciones, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación reportó que su metodología surgió a partir de una base de datos con la cual se realizó un índice de factores de riesgo e incidencia delictiva[1]. De acuerdo con la autoridad, este índice de factores de riesgo fue elaborado a partir de la Aplicación de la Base de Datos municipal (BDM-ECCA 2012) creada por Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC  y Fundación Este País AC[2]. Hasta aquí, todo bien: parece loable y lógico que las autoridades determinen sus ámbitos de intervención en función de niveles de factores de riesgo y de incidencia.

La siguiente gráfica muestra un ranking de las 100 demarcaciones seleccionadas en los dos ámbitos de intervención del Programa obtenido a partir del índice de factores de riesgo mencionado por la Subsecretaría. Un análisis de este ranking demuestra que éste no fue la base de la selección que la autoridad hizo de las demarcaciones. Dentro de las 57 demarcaciones determinadas como prioritarias por la autoridad, al menos 28 no cuentan con factores de riesgo lo suficientemente graves para que fueran incluidas en el programa gubernamental. Peor aún, 35 demarcaciones que, de acuerdo al índice, tendrían que haberse incluido dentro del primer ámbito de prioridad quedaron en el segundo y no recibieron recursos.

Imagen 1

Por ejemplo, los municipios de Chalco, Valle de Chalco y Chimalhuacán presentan un índice de factores de riesgo más elevado que las tres demarcaciones seleccionadas como prioritarias en el Estado de México: Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Podría argumentarse que Ecatepec enfrenta serios problemas de criminalidad pero sus factores de riesgo son menores a los observados en Chalco. Por otra parte, municipios como Tecate, y Tampico, que se encuentran dentro de los primeros 10 municipios con mayores factores de riesgo,  no recibieron apoyos federales mediante esta estrategia mientras que Mérida, Ciudad del Carmen o La Paz –lugares con bajos problemas de criminalidad y de riesgo delictivo- sí los recibieron.

En la presentación ante los medios del análisis que México Evalúa preparó sobre el Programa Nacional de Prevención, el Subsecretario Roberto Campa argumentó que el programa busca atender también un factor de territorialidad en el que al menos todas las capitales del país estén incluidas. “Creemos que la prevención es para corregir problemas, pero también para evitar que otros lugares tengan problemas”, declaró en esta ocasión, siguiendo el viejo adagio de que más vale prevenir que lamentar.

Aunque en principio pudiéramos coincidir con este argumento, es pertinente insistir que en un escenario de escasos recursos se necesitan utilizar los presupuestos con inteligencia y con la mejor evidencia empírica posible, para alcanzar las metas de lo que ha presentado como su programa estrella, en un enfoque “distinto” para atajar la problemática del crimen en el país. Por ende, casos emblemáticos por su problemática criminal como Chalco y Lázaro Cárdenas tendrían que estar en el programaEs increíble, en el contexto del desafío michoacano, que Apatzingán haya quedado fuera del programa, pero que Mérida reciba recursos para prevenir el crimen, cuando sus tasas de actividad delincuencial son similares a las observadas en países europeos.

Es por ello que en México Evalúa argumentamos que las entidades a las que se distribuyan recursos deben ser aquellas con factores de riesgo delincuencial más graves. Por ejemplo, en aquellas entidades con un mayor porcentaje de jóvenes desocupados, con crecimiento urbano descontrolado o con mayores tasas de migración y población flotante.  Eventualmente, es fundamental que la autoridad precise con evidencia empírica más robusta los denominados factores de riesgo. Los mencionados anteriormente son algunos de los que la experiencia internacional ha identificado como factores asociados a una mayor probabilidad de incidencia delincuencial, pero en México aún no se tienen estudios sólidos que hayan identificado con precisión cuáles son estos factores.

Finalmente, en las demarcaciones del segundo ámbito de intervención, la autoridad tiene que privilegiar estrategias conocidas como de prevención primaria, tales como programas de vigilancia vecinal, programas de empleo temporal para jóvenes, o becas para estudiar carreras técnicas que representen futuras oportunidades laborales. Esta prevención primaria servirá para llevar a la práctica el principio de prevenir antes que lamentar y así evitar que lugares que hoy no tienen problemas de incidencia delictiva los pudieran tener por no atender circunstancias socioeconómicas que propician el crimen.

La autoridad federal ha insistido que el elemento que diferencia a su estrategia contra el crimen respecto a sus antecesores es hacer de la prevención el hilo conductor de los esfuerzos de política pública. Hasta ahora los primeros esfuerzos en la materia tienen serias deficiencias que tienen que solventarse con el fin de implementar políticas que en verdad contribuyan a prevenir la actividad delincuencial en el país. Los tomadores de decisiones en esta materia deben tener muy claro que, ante un escenario de recursos limitados, es importante desarrollar su capacidad para diseñar adecuadamente políticas que, basadas en evidencia empírica sólida, les permitan brindar a la ciudadanía buenos resultados. La selección de las demarcaciones sobre las que se debe actuar en primera instancia es un elemento básico en esta materia. Su prioridad debe ser consistente con la gravedad de las circunstancias que han permitido el desarrollo de actividades delincuenciales, y por ende, necesita escapar a criterios ad hoc, de forma que se destinen los recursos donde realmente son necesarios. Lo prioritario debe permitir a la autoridad diferenciar entre las zonas que urge atender, para luego abrir paso a aquellas en las que se debe evitar que la delincuencia se abra paso impunemente.

 

* Leonel Fernández es investigador en el Programa de Seguridad y Prevención de la Justicia



[1] Este índice se calculó a partir de 21 variables de factores de riesgo relacionados con cuestiones socioeconómicas como el porcentaje de deserciones escolares, los hogares monoparentales o la desigualdad y 2 variables de incidencia delictiva: robos con violencia y homicidios ambas por cada 100,000 habitantes.

[2] Esta Aplicación se obtuvo como respuesta a las solicitudes de acceso a la información 400168113 y 400249813 y al recurso de revisión RDA4883/13. Es muy importante destacar que, a partir de información que obtuvimos después de la presentación de nuestro estudio, aparece que las organizaciones Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC y Fundación Este País AC no intervinieron en la selección de las demarcaciones prioritarias.

 

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