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Que la pandemia no aleje (más) a la justicia
Si bien el cierre temporal de algunas agencias del MP busca mantener la seguridad sanitaria de víctimas, acusados y personal operativo, lo cierto es que dejan serias dudas sobre la manera en que las fiscalías están cumpliendo su mandato constitucional de procurar justicia.
Por Jorge Carbajal
8 de mayo, 2020
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En el imaginario colectivo, cualquier incursión en una agencia del ministerio público provoca una sensación que combina –además de la angustia, tanto para víctimas como para acusados, por el probable delito– la desconfianza, el temor y la incertidumbre sobre la forma en que será atendida la denuncia penal correspondiente. Las medidas gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 lo único que han provocado, en este renglón, es acentuar la incertidumbre.

La procuración e impartición de justicia es una actividad esencial, así definida por el propio Consejo de Salubridad General. Es decir, no puede ‘suspenderse’. Por ello, las fiscalías han tenido que acompañar las medidas básicas de higiene y distanciamiento físico con acciones que permitan mantener la atención al público. Por ejemplo, se han habilitado o ampliado medios digitales o telefónicos para recibir denuncias (o predenuncias) sobre delitos de bajo de impacto, y se han implementado sistemas electrónicos de citas para atender a las víctimas que quieren interponer una denuncia.

Sin embargo, también se han cerrado temporalmente algunas agencias del ministerio público, y se ha priorizado la atención a denuncias sobre delitos considerados de alto impacto (como homicidio o violación). Si bien se busca mantener con estas medidas la seguridad sanitaria de víctimas, acusados y personal operativo, lo cierto es que dejan serias dudas sobre la manera en que las fiscalías están cumpliendo su mandato constitucional de procurar justicia. ¿Cuáles son los criterios y procedimientos con los que se prioriza o discrimina la recepción y atención de denuncias? ¿Cómo atienden las denuncias por delitos que han aumentado durante la contingencia, como la violencia familiar, las agresiones al personal médico o los saqueos en tiendas? ¿Cómo se procesan los delitos de alto impacto —homicidio culposo, violación o desaparición forzada—? ¿Qué está ocurriendo con los procedimientos derivados de las carpetas de investigación abiertas antes de la contingencia?

Precedentes de opacidad

Esté o no la justicia ‘en cuarentena’, lo cierto es que el deficiente proceso de transición de procuradurías a fiscalías no ha logrado remontar el proverbial déficit de credibilidad que tiene de cara a la ciudadanía. Hay tres datos que todo mexicano y mexicana termina digiriendo (mal), ya que todos podemos ser usuarios del sistema de justicia penal en cualquier momento, ya sea como víctimas o como acusados: el de la cifra negra de delitos, de confianza ciudadana y de percepción de corrupción en las instituciones de gobierno —particularmente en materia de procuración de justicia—. En México, 93.2% de los delitos no se denuncian o no se inicia una carpeta de investigación; 54.8% de la población confía en el Ministerio Público y procuradurías estatales y 65.5% percibe que hay corrupción en estas instituciones1.

¿Cómo contrarrestar esta situación? Además de los retos propios del proceso de consolidación del modelo de justicia penal de corte acusatorio, el estándar democrático exige a las fiscalías rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actuación, incluso en tiempos de la emergencia sanitaria.

¿Cómo rinden las fiscalías cuentas a la ciudadanía sobre su desempeño? Un elemento clave es contar con información para evaluar el desempeño. Hoy día existen diversos indicadores que nos dan información útil para ello, elaborados por instituciones públicas (como el Inegi) o por organizaciones independientes (como nuestro reporte Hallazgos). No obstante, falta claridad sobre la manera en que las fiscalías generan o aprovechan este tipo de información.

Sin intención de ser exhaustivos o hacer una evaluación de transparencia completa, dimos un vistazo a los indicadores de resultados relacionados con la atención de denuncias penales que algunas fiscalías estatales de justicia2 ponen a disposición del público a través de su portal de transparencia. Aquí encontramos indicadores de eficacia en la resolución de carpetas de investigación en general (Ciudad de México) o desagregadas por tipo de delito (Yucatán, Chihuahua, Estado de México). También encontramos indicadores de eficacia en la ejecución de procedimientos, órdenes ministeriales y medidas cautelares (Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Estado de México); indicadores de eficacia en la resolución de mecanismos alternativos (Yucatán, Chihuahua); así como sobre la calidad del servicio en el Centro de Atención de Víctimas y el Centro de Justicia para las Mujeres (Yucatán).

Llama la atención la heterogeneidad de los indicadores, y también que la mayoría de los casos no reflejan la calidad de las resoluciones considerando estándares de actuación con perspectiva de derechos humanos. Tampoco se observan —salvo el caso de Yucatán— indicadores sobre la experiencia de los usuarios —tanto víctimas como acusados—: calidad del servicio, atención de quejas, tiempos de respuesta.

Otro elemento clave son los mecanismos habilitados para la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. En términos formales existen algunos que abonan a este proceso por parte de las fiscalías. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, por mandato constitucional su titular tiene la obligación de presentar anualmente un informe de actividades, así como un informe de resultados del plan de persecución penal al Congreso de la Unión. Asimismo, debe contar con un Consejo Ciudadano —que a la fecha no se ha instalado— con la facultad de opinar y hacer recomendaciones sobre distintos aspectos, entre los que destacan el plan de persecución penal, el presupuesto, la normatividad interna y el desempeño de la fiscalía.

A estos mecanismos se suman las iniciativas que desde la sociedad civil buscan impulsar procesos de rendición de cuentas de las fiscalías de justicia. Por ejemplo, desde el Colectivo #Fiscalíaquesirva se elaboró una propuesta de plan de persecución penal con perspectiva de derechos humanos a partir del cual se da seguimiento a este proceso, que es responsabilidad de la Fiscalía federal. En ese objetivo se inscribe nuestro Observatorio de la transición3.

El problema inmediato

Como ven, la puja por una mejor rendición de cuentas, desde el interior de las instituciones y a partir de la sociedad civil organizada, es de largo aliento. Pero tenemos una cuestión de atención urgente: ¿cómo fortalecer la rendición de cuentas de las fiscalías durante la contingencia?

Aquí proponemos una serie de medidas de corto plazo:

  • Emitir los acuerdos correspondientes para dar a conocer públicamente los criterios y procedimientos para la atención de denuncias, de acuerdo con los distintos tipos de delitos.
  • Utilizar indicadores de desempeño basados en la calidad de servicio, así como en la calidad de las resoluciones ministeriales con base en los principios reconocidos por el propio sistema de justicia penal y otros estándares de derechos humanos.
  • Publicar informes con los resultados de los indicadores de desempeño, así como con la resolución de quejas o inconformidades contra el personal operativo.
  • Habilitar mecanismos digitales para la presentación de quejas por la actuación del personal, y supervisar el cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos para la recepción y atención de denuncias.

La rendición de cuentas es un acto público que debe estar estructurado en torno a mecanismos y procesos deliberativos y valorativos abiertos a la participación de la ciudadanía, y debe contar con información relevante que permita evaluar el desempeño de las instituciones de gobierno. No es un acto protocolario o de comunicación social.

Como desde México Evalúa hemos planteado, los mecanismos de rendición de cuentas no tendrían que limitarse sólo a los realizados con el Poder Legislativo ni a los contemplados explícitamente en la normatividad. El rol de las fiscalías debería ser mucho más proactivo, innovador y cercano a la sociedad, a fin de lograr que la procuración de justicia opere con una lógica de Estado abierto. Empezar a caminar por esta ruta justo a mitad de una emergencia sanitaria –y social, en lo más amplio del término–, cuando la ciudadanía está más necesitada de certezas, es lo más deseable. No es tolerable que la pandemia aleje (más) a la justicia.

* Jorge Carbajal es investigador del programa de Justicia de México Evalúa.

 

 

1 ENVIPE 2019, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

2 Se observaron los casos de la Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Querétaro y Guanajuato en el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2019; en el Estado de México sólo se encontró la información correspondiente al tercer trimestre de 2019.

3 De PGR a FGR: Lineamientos hacia la Transición (México Evalúa, 2019) Disponible aquí.

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