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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
¿Qué mensaje se envía con Tanhuato?
La legitimidad de los operativos federales de seguridad se fue en picada desde junio de 2014, como resultado del abatimiento por el Ejército de 12 individuos que ya se habían rendido, en Tlatlaya, Estado de México. Si a ello se suman los aún no esclarecidos sucesos en Apatzingán que protagonizaron policías federales (PF) y autodefensas en un tenor que se sospecha similar, se vislumbra un terreno muy fértil para la duda --ahora generalizada -- en torno a lo ocurrido en Tanhuato el pasado 22 de mayo.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
28 de mayo, 2015
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Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian) y Alejandra Betanzo (@abetanzo)

Algo va mal con la estrategia de la presente administración federal contra grupos del crimen organizado. La letalidad de episodios como el de Tanhuato no puede dejar tranquilo a nadie medianamente convencido de que cualquier individuo acusado de violar la ley debe ser presentado ante un juez, o de que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado debe ser el último de los recursos y utilizarse solamente ante agresiones que sean una amenaza inminente a su vida, no como una estrategia de contención de presuntos delincuentes.

La legitimidad de los operativos federales de seguridad se fue en picada desde junio de 2014, como resultado del abatimiento por el Ejército de 12 individuos que ya se habían rendido, en Tlatlaya, Estado de México. Si a ello se suman los aún no esclarecidos sucesos en Apatzingán que protagonizaron policías federales (PF) y autodefensas en un tenor que se sospecha similar, se vislumbra un terreno muy fértil para la duda –ahora generalizada — en torno a lo ocurrido en Tanhuato el pasado 22 de mayo.

Algo no suena bien de la versión oficial: 42 presuntos delincuentes murieron a manos de policías federales y solamente se realizaron tres detenciones en un operativo que contó con la participación de nada menos que 100 elementos del Estado. Ni un herido por parte de los que se habrían negado a rendirse: todos fueron privados de la vida. Aunque también se registró un fallecimiento por parte de los agentes federales –hecho incuestionablemente lamentable–, el contexto hace difícil creer que realmente se haya intentado utilizar medidas no-letales para llevar a los presuntos criminales ante la justicia antes de tomar la decisión de terminar con la vida de todos ellos.

Ahora que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de queja por estos hechos, el gobierno deberá demostrar que la PF hizo uso de la fuerza “de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos (…)”, como lo establece la Ley que rige a la corporación y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Estos obligan a los elementos de la PF a garantizar las condiciones para que no se produzcan violaciones al derecho fundamental a la vida. También, exigen que se respete la vida humana y se reduzcan “al mínimo los daños y lesiones”, como lo mandatan los lineamientos generales para regular el uso de la fuerza pública por parte de instituciones policiales, aplicables a la PF.

En este contexto, no podría descartarse la posibilidad de la actuación de la Policía Federal haya tenido la intención de enviar un mensaje al Cartel de Jalisco Nueva Generación, al que se le adjudican varios asesinatos de elementos de las fuerzas federales en distintos puntos de la emproblemada zona circunvecina entre Jalisco y Michoacán. Menos de un mes ha transcurrido desde los hechos del 1ero de mayo, cuando un helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional fue derribado presuntamente por dicho grupo, con un saldo de seis militares fallecidos y otros tantos heridos (incluyendo a dos agentes de la Policía Federal). La señal consistiría en que cualquier ataque a elementos de la autoridad federal tendría una respuesta altamente mortífera por parte de ésta.

El gran problema es que mientras lógicamente no puede esperarse de los miembros de este tipo de organizaciones delictivas alguna clase de respeto por la ley, del Estado y sus representantes, en cambio, no puede aceptarse algo distinto: es decir, no pueden permitirse actuar fuera de la ley como vía para hacer cumplir la misma. Incluso la respuesta más enérgica por parte del Estado en respuesta al más doloroso de los ataques no puede sino limitarse a las vías legalmente establecidas.

Además del elemento relativo a la legitimidad del uso de la fuerza letal, otro componente de la estrategia genera dudas: el de la comunicación de la información y la rendición de cuentas por parte del gobierno federal en hechos con saldos tan mortíferos. La misma falla que en Tlatlaya y Apaztingán. Éste no ha sido capaz de explicar los procedimientos seguidos y el racional detrás de las decisiones tomadas aportando evidencia sólida que las respalde. Sobre Tanhuato fluye a cuentagotas la información que se refiere al número de elementos que participaron, la cantidad de armas incautadas y, sobre todo, brilla por su ausencia un boletín por parte de la Comisión Nacional de Seguridad o de la propia Secretaría de Gobernación sobre los hechos.

Un ejemplo: nos enteramos que en el rancho que fue lugar de los hechos se cultivaba alfalfa, dos días y medio antes de que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informara en una entrevista el pasado 26 de mayo el número de elementos que participaron en el operativo.

Frente a un escenario de serios cuestionamientos a la legitimidad y credibilidad del proceder de las fuerzas federales en el combate al crimen organizado, éstas deben ser capaces de informar y justificar su proceder de manera oportuna, veraz y con elementos de evidencia que sustenten la racionalidad de las acciones tomadas por el Estado en nombre del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Hoy sigue siendo pertinente la iniciativa del Insyde para crear una figura de vigilancia externa de la actividad policial que complemente la labor de la CNDH en beneficio de todas las partes involucradas. La tarea policial no puede funcionar adecuadamente si carga en sus espaldas la duda y desconfianza en torno a su complejísima labor.

 

* Alejandra Betanzo es Cordinadora del Proyecto de Prevención del delito de México Evalúa financiado por la Delegación de la Unión Europea en México y Lilian Chapa Koloffon es investigadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa.

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