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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
¿No que querían prevenir delitos?
El fin último de un programa nacional de prevención de la delincuencia y la violencia debería ser, aunque sea en el mediano plazo, la reducción de los delitos y la violencia. El problema aquí es fundamental, porque aún cuando lo que sugiero está implícito, la reducción de los delitos y la violencia tampoco es uno de los objetivos específicos del Programa.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
15 de mayo, 2014
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Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)

Se anunció en 2012 y se implementó ya en 2013; pero no es sino hasta mayo de 2014 que –silenciosamente– se publicó el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Nadie cuestiona la necesidad de prevenir el delito. El punto es cuál es la manera más efectiva de hacerlo. Además, dado que estamos hablando de recursos públicos destinados a poner en marcha acciones a nivel local (guiadas por el gobierno federal), no queda más que tratar detectar las áreas de oportunidad que saltan a la vista.

Problemas de definición de objetivos

Para empezar, díganme si me equivoco, pero el fin último de un programa nacional de prevención de la delincuencia y la violencia debería ser aunque sea en el mediano plazo la reducción de los delitos y la violencia. Si vamos al texto para observar el objetivo del Programa, tenemos que es “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia”. El problema aquí es fundamental, porque aún cuando lo que sugiero está implícito, la reducción de los delitos y la violencia tampoco es uno de los objetivos específicos del Programa. ¿Cuáles sí los son?:

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias.           

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.              

5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social.

Disculpen la insistencia, pero tal parece que estamos ante un programa público de prevención social de la violencia y la delincuencia que no se propone reducir índices delictivos ni de violencia. A esto podría responderse que pretender disminuir la comisión de estas conductas desde el nivel federal tratándose de delitos del fuero común es un despropósito, pero este punto lo abordaremos un poco más adelante.

La segunda cuestión es la siguiente: ¿qué problema queremos resolver exactamente? Porque como ya vimos, el objetivo general del programa es bastante amplio: “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia”. Si la encomienda es de por sí complicada donde estos factores están identificados con precisión, puede convertirse en una misión con pocas probabilidades de éxito donde no están debida y sólidamente detectados.

[contextly_sidebar id=”1dea67345c173aa4f46876c5f6b2f77c”]Hasta donde nos habíamos quedado a principios de año, la muy opaca metodología de la Secretaría de Gobernación consideró 21 “factores de riesgo, precursores o detonadores de la violencia y la delincuencia que amenazan la seguridad de las personas y de las comunidades en el mediano y largo plazo[1]” para elegir las demarcaciones prioritarias para el Programa. En aquel entonces desde México Evalúa expusimos nuestras dudas en ese respecto en el sentido de que bajo los propios criterios oficiales, en la selección simplemente no están todas las que son (prioritarias). Es decir, quedaron fuera demarcaciones como Chalco, en el Estado de México, pese a que registraba una mayor presencia de dichos factores considerados relevantes por la metodología oficial que otros municipios que sí fueron incluidos, como Mérida, Yucatán.

A este vicio de origen agreguemos ahora que el Programa carece de un diagnóstico preciso de aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que, en las demarcaciones en las que se implementa el mismo, incrementan las posibilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Los factores de riesgo definidos por el Programa provienen de literatura internacional, no adaptados al caso mexicano, lo que puede resultar en acciones sin efectos o recursos erogados de manera inefectiva. Lo que representa una amenaza en una ciudad estadounidense, en un contexto estadounidense, puede no serlo en Michoacán. Se trata de una decisión muy arriesgada como para fundamentar un programa anunciado como uno de los más importantes de la administración federal.

A un año de su implementación, uno esperaría que las autoridades hubieran precisamente canalizado esfuerzos para allegarse evidencia empírica que guiara los esfuerzos subsecuentes en la estrategia de prevención. ¿Acaso algún municipio beneficiado de los recursos del fondo federal utilizó los recursos para generar un análisis para identificar con rigor las causas del delito y la violencia en su territorio? Si así fue, estaríamos muy interesados en conocer el caso.

Problemas para medir si funciona

Es fácil confundir resultados con acciones, lo que implica que no se evalúen los resultados, sino la gestión de un programa. Algo así pasó hace un mes cuando la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presentó avances del Programa al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el reporte correspondiente consistió, nada más y nada menos, en un listado de programas implementados, proyectos beneficiarios de apoyo, montos de recursos que se erogaron, número de becas otorgadas, consultas médicas brindadas y un largo etcétera. Ningún reporte resultados de las políticas públicas implementadas.

La consecuencia de esta falla es que se hace a un lado la posibilidad de una efectiva rendición de cuentas por parte de las dependencias responsables, debido a que no se reporta si como resultado de la ejecución de los programas de la Comisión se cumplió con alguno de los objetivos del programa. Así fue: a Osorio no le presentaron resultados, sino un listado de acciones.

Cabe señalar que este problema no se manifiesta sólo en las acciones de la Comisión: en la evaluación que México Evalúa publicó a principios de este año sobre el diseño de las acciones implementadas en 2013 como parte del Programa, se evidenció que menos de 30 por ciento de los programas (27.5) diseñados por los municipios cuenta con metas e indicadores que permitan conocer si funcionaron.

Fuente: Prevención del delito en México. ¿Dónde quedó la evidencia?, 2013.

Fuente: Prevención del delito en México. ¿Dónde quedó la evidencia?, 2013.

Precisamente hace una semana, la Subsecretaría de Prevención nos extendió una invitación a la Sexta Clínica de Capacitación en Seguridad Ciudadana que co-organizó con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto viene a cuento porque en el lugar se ofrecía a los asistentes una publicación de gran calidad titulada “Desarrollo y evaluación de programas de seguridad ciudadana en América Latina. Protocolo para la prevención del delito a partir de la evidencia”. Retomo una cita del autor, Lawrence W. Sherman:

“Toda práctica de prevención del delito debe distinguir entre los productos en forma de acciones que determinadas personas deben realizar y los resultados que se espera obtener a partir de esos productos. Y lo que es aún más importante: tanto los productos como los resultados deben ser cuantificables”.

Ojalá alguien además de la autora de estas líneas haya tomado un ejemplar.

Problema de concepción

El error más grande quizás consista en pretender implementar un programa nacional de prevención del delito. Resultado de una buena intención, pero error al fin. Tenemos a un solo orquestador y a 2 mil 400 municipios con problemas delictivos, capacidades y realidades socioeconómicas muy distintas. También es posible observar a autoridades locales totalmente desentendidas de la tarea de la seguridad –y de la prevención, uno de sus componentes.

¿Quién conoce mejor los problemas de seguridad local que –queremos pensar– las autoridades municipales? No fue por casualidad que desde 1998 las acciones gubernamentales de prevención del delito en el Reino Unido comenzaron su descentralización para dar paso a las Alianzas locales para la Reducción del Crimen y el Desorden (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Lineamientos para el proceso de diseño de las estrategias locales de prevención

Fuente: elaboración propia con información del Crime and Disorder Act 1998.

Fuente: elaboración propia con información del Crime and Disorder Act 1998.

 

Pero no vayamos tan lejos. Bogotá y Cali en Colombia, Belo Horizonte en Brasil, por nombrar a unos pocos, pueden presumir estrategias preventivas diseñadas por sus gobiernos locales, los primeros responsables de la seguridad de su población. Lo mismo para ocurre en Boston, Chicago y en Los Ángeles. Y precisamente el ex vicealcalde de LA, Guillermo Céspedes, reconocido por su programa de reducción de pandillas, señaló esta tendencia en el foro mencionado, durante la sesión denominada “Políticas públicas integrales para la prevención social de la violencia, de lo nacional a lo local”. Céspedes no ocultó su desacuerdo con la sentencia incluida en el nombre del foro señalando que, en todo caso, coincidía en la necesidad de una colaboración entre autoridades pero no con que la prevención pudiera venir de arriba hacia abajo.

El camino para poder efectivamente prevenir el delito en México no será corto ni fácil. Debe construirse de abajo hacia arriba, cimentarse con evidencia científica (factores de riesgo) y partir de la identificación de problemas delictivos específicos. Pensar en que una estrategia exitosa de prevención se puede edificar en cimientos que ignoren la consolidación de capacidades en el ámbito local para combatir y prevenir el delito es francamente un error que puede ser muy costoso para el país. Sólo de esta forma dejaremos de hablar de intenciones para empezar con los resultados. Mientras tanto ojalá nos equivoquemos, pero a 17 meses de su puesta en marcha no guardemos muchas esperanzas en resultados del Programa Nacional de Prevención.

 

* Lilian Chapa Koloffon es investigadora de México Evalúa (@mexevalua)

 

 

[1] Oficio número SSPPC/AI/34/2013 obtenido mediante solicitud de acceso a la información pública.

 

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