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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
¿Queremos justicia en México?
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
31 de mayo, 2012
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Por: Leticia Ramírez de Alba, Coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa

 

El próximo 19 de junio se cumplirán cuatro años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional que dio paso al nuevo Sistema de Justicia Penal. Según esta Reforma, para junio de 2016 todas las entidades federativas que integran la República Mexicana deberán adoptar el sistema procesal penal acusatorio en sustitución del inquisitorio. En términos de tiempo, estamos a medio camino de lograrlo. No obstante, si observamos los avances en términos de acciones, aún nos falta mucho por recorrer. Tenemos un panorama en el que la gran mayoría de las entidades federativas se encuentran en etapas muy tempranas del proceso de adopción del nuevo sistema.

De acuerdo con los indicadores de avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en las entidades federativas, mismos que se pueden consultar en la página de internet de EstoEslaJusticia.org que CIDAC dio a conocer el pasado 16 de mayo, sólo en tres entidades federativas el sistema opera en su totalidad: Chihuahua, Estado de México y Morelos. En otras siete la operación es parcial: Baja California,  Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Tres están en la etapa de la entrada en vigor: Chiapas, Michoacán y Puebla. La mitad se encuentra en la etapa de planeación: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Lo que es más preocupante, tres entidades se encuentran en la etapa inicial, previa a la de planeación: Nayarit, Sinaloa y Veracruz.

Además de los atrasos en la adopción del nuevo sistema de justicia penal, en ninguna entidad federativa las autoridades han puesto en marcha medidas para evaluar y dar seguimiento al funcionamiento del nuevo sistema, aunque la academia y la sociedad civil sí han realizado este tipo de esfuerzos.

¿Qué se requerirá para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de acelerar este proceso y de monitorear su funcionamiento? ¿No son suficientes las cifras alarmantes? ¿Creerán que son ficción las experiencias documentadas en “El túnel” y “Presunto Culpable”? Prevalece un sistema inquisitivo en el que la mayor parte de personas que se encuentran en los Centros de Readaptación Social están allí por haber cometido delitos menores y en el que la mayor parte de los casos, además de carecer de pruebas, son sancionados.

En el reporte Seguridad y Justicia Penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional, dado a conocer por México Evalúa el pasado 26 de marzo, se indica que más del 60 por ciento de las sanciones aplicadas son por delitos menores y poco más del 10 por ciento por delitos graves. Lo anterior significa que la mayor parte de las personas que llevan a cabo los actos más dañinos para la sociedad están afuera y muchos inocentes y personas que cometen faltas menores se encuentran en los Centros de Readaptación Social. De acuerdo con las cifras presentadas en el documental Presunto Culpable, 92 por ciento de las acusaciones carecen de evidencia y 95 por ciento de las sentencias son condenatorias. En otras palabras, si una persona es detenida, la probabilidad de que sea sancionada, culpable o no, es cercana al 90 por ciento.

La falta de celeridad en la adopción del nuevo sistema de justicia penal por parte de las autoridades parece indicar que no queremos justicia. Las autoridades no están interesadas en la agilidad de la implementación y los ciudadanos no las estamos presionando para que lo hagan, debido en parte a que muchos de nosotros desconocemos las implicaciones e importancia de esta Reforma. Observamos que el sistema tradicional promueve la impunidad y la injusticia y aun así las autoridades se toman su tiempo para implementar el nuevo modelo.

Me gustaría pensar que la mayoría de los mexicanos queremos un sistema acusatorio con juicios orales y públicos, en los que se valoren las pruebas; en el que los órganos que investigan, acusan, defienden y juzgan sean distintos y en el que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para lograrlo?

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