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Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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¿Quién busca a los desaparecidos en México?
Parte de la importancia de contar con un registro oficial de personas extraviadas y desaparecidas consiste en el reconocimiento del Estado de la situación de cada una de las personas que integran el listado. Sin ese reconocimiento oficial, además en un contexto de numerosas desapariciones presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, ¿cómo podremos empezarnos a responder si alguien, además de sus familiares, los busca?
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
14 de noviembre, 2013
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Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)

En estricto rigor, un primer informe estadístico anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas debería estar por darse a conocer con relativa prontitud. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), –desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– para ser más específicos, deberá presentarlo al Consejo Nacional de Seguridad Pública porque así quedó establecido en la Ley de dicho registro, que entró en vigor el 17 de abril de 2012: hace un año y prácticamente siete meses. Pero es muy posible que el estricto rigor no se pueda aplicar en este sensible tema por motivos como el hecho de que a) no se ha publicado el reglamento que hará posible instrumentar la legislación en cuestión y b) no hay indicios de que la depuración de la información que reveló la propia autoridad federal haya concluido o esté por concluir.

El reto informático que implica esto último no es menor ya que se trata de un registro que, además de agregar los números de la totalidad de las entidades del país (lo que requiere necesariamente que, de hecho, los estados lleven un registro oficial), debe contar con las vías para el flujo de información que garanticen su actualización constante para que sea lo más precisa posible. Por ejemplo si alguien fuera reportado como extraviado en Sonora y días después fuera localizado, debería salir del registro, para lo que sería necesario que primero, quienes generaron el reporte notificaran a las autoridades locales y éstas a su vez al Registro. Con este fin, se estableció en la legislación que el Secretariado debe acordar con los estados cómo se llevará a cabo “el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro”.

Si se admiten sugerencias, convendría además que se considerara incorporar algún tipo de alerta que permitiera a quien consulte la plataforma del Registo conocer el motivo del cambio de estatus de algún caso o la salida de otro a causa de su localización. Esto podría ahorrarnos suspicacias como las que han llegado a generar las variaciones de un mes a otro de las cifras de denuncias publicadas por el propio SESNSP.  Por lo pronto, hasta el momento en el que se escribieron estas líneas, la herramienta de migración diseñada para que las entidades federativas o dependencias federales transfieran al Registro sus bases de datos o registros oficiales de personas extraviadas o desaparecidas no estaba funcionando.

Parte de la importancia de contar con un registro oficial de personas extraviadas y desaparecidas consiste en el reconocimiento del Estado de la situación de cada una de las personas que integran el listado. Sin ese reconocimiento oficial, además en un contexto de numerosas desapariciones presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, ¿cómo podremos empezarnos a responder si alguien, además de sus familiares, los busca? Es cierto que tampoco el que aparezcan ahí garantiza que hay alguna autoridad responsable trabajando para localizarlo, pero el Registro es una forma de recordarle a nuestros gobiernos: “Tienes una deuda pendiente porque no has dado con ellos y la vida de cada una de sus familias no será la misma hasta que estén de regreso”.

Otro elemento de gran relevancia para los familiares de personas extraviadas o desaparecidas es la base única de datos genéticos que a finales de junio pasado anunció la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez. Esta base deberá concentrar información resultado del análisis forense de restos humanos que permanecen sin identificar, así como la de familiares de individuos que no han sido localizados. Se dice acertadamente que las prioridades están donde el dinero y en este sentido será clave que se cuente con el presupuesto necesario para que pueda llevarse a cabo esta labor con el menor margen de error posible.

Hasta la noche del miércoles, si se compara el presupuesto que fue aprobado para 2013 para la Coordinación General de Servicios Periciales con el que se contempla en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se registra un aumento en términos reales del 15.9 por ciento que ojalá sea suficiente para realizar tal asignatura. En contraste, la Dirección General de Especialidades Médico Forenses verá reducido su presupuesto en 7.8 por ciento también en términos reales, lo que podría afectar incluso a las actividades de la nueva Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, toda vez que ésta es competente para dirigir las investigaciones para la identificación forense de quienes se encuentran en esa situación. (En este tema, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó una guía sobre buenas prácticas para el análisis forense de material genético en situaciones de violencia armada).

Los pendientes de la administración federal con esta agenda a días de cumplir su primer año de gobierno requieren de la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales de recopilación, intercambio y procesamiento de información (la relativa al Registro Nacional y de datos genéticos) a nivel federal y estatal para que puedan ser solventados. De otra forma, no quedará claro que alguna autoridad competente esté buscando en realidad a los desaparecidos en México.

La lentitud con la que se ha avanzado en este tema crucial refleja por un lado la complejidad de la recopilación de las estadísticas en esta materia, pero por el otro exhibe precisamente en dicho retraso la debilidad del Estado mexicano para procesar información clave para un fenómeno que ha azotado terriblemente a miles de familias en el país.  En la incapacidad como país para incluso generar un reglamento que precise cómo se integrará esta información, al igual que en la persistente debilidad de cuerpos especializados de investigación en esta materia, queda al descubierto el poco aprecio que la autoridad tiene para los miles de familiares que viven jornadas de un dolor difícil de imaginar ante la pérdida de un familiar o un amigo sin siquiera tener el consuelo de su localización e identificación.  Esta omisión institucional además del costo humano cuestiona la solidez del argumento de la inteligencia e investigación como eje de una nueva política de combate contra la inseguridad.

Si el Estado mexicano es incapaz de mantener un registro confiable de víctimas, es mucho menos probable que haya la intención de la autoridad por resolver los crímenes respectivos y llevar ante la justicia a quienes lo cometen.  Ojalá que el llamado reciente de Human Rights Watch a actuar en este rubro, de una vez por todas, sea atendido por las autoridades y no reciba el “compromiso” de la autoridad para tomar cartas en el asunto, para luego continuar en el olvido de los pendientes institucionales para construir un estado de derecho sólido en el país.  Miles de familiares de los desaparecidos esperan alguna certidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.  Esta  deuda ya es muy onerosa para la sociedad mexicana.  Ya de tiempo atrás es necesario pagarla, no debemos seguir posponiendo su atención.

 

* Lilian Chapa Koloffon es investigadora de México Evalúa.

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