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Reforma educativa: agenda inacabada
A pesar de la reciente promulgación de la reforma educativa, que plantea establecer un Servicio Profesional Docente para que sea el mérito y la imparcialidad lo que garantice el empleo a los mejores profesores; constituir un Sistema Nacional de Evaluación Educativa autónomo e independiente y; impulsar un sistema educativo de jornada ampliada, permanecen temas pendientes que no se solucionan con la modificación a la Ley General de Educación o la detención de la líder magisterial.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
7 de marzo, 2013
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Por: Eréndira Avendaño (@erendira_ar)

 

Los cambios y movimientos en materia educativa registrados en el primer trimestre del año sorprendieron a muchos ya que la agenda de educación no parecía ser una prioridad del ahora presidente Peña Nieto. De hecho, durante la campaña electoral, su posición sobre lo que tiene que ver con la rectoría educativa del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue a favor del  status quo.

No obstante, de manera venturosa el tema educativo se ha colocado en una de las principales posiciones de la agenda gubernamental de la actual administración. El mensaje que ha querido enviar el titular del Ejecutivo es la recuperación de las riendas del sistema educativo (y de otros terrenos más) por parte del Estado.

La reforma al artículo tercero constitucional, la detención de la profesora Elba Esther Gordillo y el proceso legislativo que está por iniciar para modificar la ley reglamentaria de la reforma constitucional, van en el camino correcto para modificar las rutinas educativas que han generado bajos resultados en este campo. Sin embargo, la modernización del sistema educativo no concluye ahí.

El proceso judicial que sigue la ex‒ líder del SNTE, sin duda debilita la capacidad de veto con que contaba el sindicato para conseguir prerrogativas tanto en el terreno laboral como en espacios de decisión en los cuales nunca debió existir concesión. No obstante, la profesora no es todo el SNTE, y este hecho tampoco elimina por completo los arreglos informales que han dado lugar a abusos en el uso de los recursos públicos y subordinación de los objetivos educativos a intereses particulares.

A pesar de la reciente promulgación de la reforma educativa, que plantea (a) establecer un Servicio Profesional Docente para que sea el mérito y la imparcialidad lo que garantice el empleo a los mejores profesores; (b) constituir un Sistema Nacional de Evaluación Educativa autónomo e independiente y; (c) impulsar un sistema educativo de jornada ampliada, permanecen temas pendientes que no se solucionan con la modificación a la Ley General de Educación o la detención de la líder magisterial.

Aquí, se enumeran por lo menos tres:

  1. La formación docente es monopolio de las normales y es deficiente. De acuerdo con los resultados del Examen de Conocimientos y Habilidades Docentes aplicado por la SEP, en el periodo 2007 – 2012 se examinó a cerca de 413 mil docentes, de los cuales únicamente aprobó sólo el 50 por ciento. El resto no contó con los conocimientos suficientes para estar frente a un salón de clases aunque ello no significó su salida del sistema educativo. A pesar de las críticas que se pueden hacer al diseño de esta prueba, los resultados presentados muestran un problema mayor. Se trata de la oferta de formación docente que hoy es monopolio de las escuelas normales y que no está siendo suficiente para cumplir con la función de formar cuadros de profesionales de la educación que sean capaces de transmitir conocimientos básicos a los estudiantes. No obstante, las reformas al sistema educativo están concentradas en los sistemas de contratación y evaluación docente sin poner en el centro del debate la discusión sobre el currículum que requiere un maestro para incidir de manera positiva en el proceso de enseñanza del país. Con lo cual únicamente se están atacando las consecuencias y no las causas del problema de formación docente.
  1. El diseño del gasto educativo vigente incrementa las brechas entre regiones, alumnos y resultados. Aproximadamente el 70 por ciento del gasto educativo proviene de recursos federales y el arreglo federalista descentralizado del país, ha dado lugar al establecimiento de transferencias presupuestales para sufragar la educación en los estados. No obstante, las limitaciones que persisten son, por un lado, que las partidas presupuestales son poco flexibles (más del 90 por ciento del gasto se destina al pago de la nómina magisterial) y queda poco margen para atender otro tipo de requerimientos educativos (e.g. infraestructura). Por otra parte, en 2007 con la aprobación de la “Reforma Hacendaria por los que menos tienen” fueron modificados los mecanismos de asignación de dichas transferencias, privilegiando para su distribución el número de alumnos en cada estado, el gasto local aportado al sistema educativo, así como un índice de calidad educativa. Cabe mencionar que hasta la fecha aún no ha sido publicado éste. Con este diseño del gasto, las entidades más favorecidas son aquellas con mayor población educativa y las más ricas, sin que ello atienda por completo las necesidades y rezagos  educativos locales de las regiones más marginadas. Mantener el diseño del gasto que prevalece hasta ahora seguirá incrementando las brechas educativas del país.
  1. El ciclo presupuestal del gasto educativo mantiene espacios abiertos para la corrupción y la captura.  El camino que sigue la planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto educativo permanece en un terreno de opacidad. Dado que la educación es una materia concurrente en la que participan la Federación y los estados, la responsabilidad sobre el uso y aplicación de los recursos se encuentra diluida. El marco institucional educativo no ha sido suficientemente sólido para evitar las áreas de corrupción, así como tampoco funcionan los mecanismos de control que alerten sobre prácticas indebidas en el manejo del gasto.

Incluir en el debate legislativo estos temas puede fortalecer los efectos e impactos que se espera alcanzar con la reforma educativa. Son temas de primer orden, que pasan por encima de escándalos y que pueden contribuir a cambiar las reglas informales que mantienen secuestrada  a la educación en México.

 

*Eréndira Avendaño, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa.

 

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