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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Reformas estructurales a la mexicana
Ante la poca o nula cooperación legislativa durante los sexenios panistas, todos los partidos han optado por introducir en sus iniciativas de ley contenidos que, en teoría, no deberían estar en la Constitución. Esta estrategia busca garantizar los pisos mínimos necesarios para la operación de dichas reformas, en caso de que la legislación reglamentaria tarde en publicarse o nunca se haga.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
14 de marzo, 2013
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Por: Mariana García

México se encuentra en una coyuntura inigualable como país. Como dirían algunos, después de muchos años de impasse político: “México se está moviendo”. Si bien hay que reconocer la iniciativa y la gran capacidad de negociación del gobierno entrante, también es justo reconocer que tanto el PAN como el PRD se han mostrado como una oposición responsable, dispuesta a establecer acuerdos políticos para mover al país en la dirección que éste necesita.

El Pacto por México fue la primera señal de la posibilidad de un consenso entre las fuerzas políticas del país, pues establece una agenda compartida de reformas estructurales que urge concretar para alcanzar un mayor crecimiento económico, desarrollo y prosperidad. Sin embargo, los diagnósticos de los grandes problemas que aquejan al país y la llamada “reforma del Estado” – que involucra reformas prioritarias como la fiscal, la educativa, la energética, la laboral, la del sistema de protección y seguridad social, entre otras – tiene más de una década de estar en la agenda pública.

Lo cierto es que esas reformas estructurales no fueron promovidas por los gobiernos panistas con la voluntad e intensidad requerida, por lo que se aprobaron cambios cosméticos que poco influyeron en modificar el statu quo. La ausencia de consenso entre partidos políticos y el peso de los intereses privados no permitieron que el alcance de estas reformas fuera mayor.

Con la segunda alternancia política y como seguimiento a la firma del Pacto por México, se han aprobado y/o están a debate reformas cruciales para detonar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Todas ellas implican, en buena medida, modificaciones de fondo al texto constitucional. Y esto hace sentido en términos prácticos, pues hay que adaptar a la nueva realidad democrática y plural una Constitución que tiene casi 100 años de su promulgación.

Las críticas vertidas recientemente por algunos analistas al proceso de reformas en curso es que se están incluyendo en el texto constitucional detalles y aspectos que deberían estar normados en leyes secundarias (leyes generales, federales y/o reglamentarias). La teoría sobre técnica legislativa y derecho procesal diría al respecto que es mejor tener una Constitución que establezca las bases del Estado, en términos generales, para garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones, mientras que las leyes reglamentarias deberían contener el detalle fino para la regulación de las materias establecidas en la Constitución. Se asume que esto evita tener un texto constitucional “engrosado” y permite mayor flexibilidad al momento de hacer modificaciones posteriores, pues es más fácil reformar leyes secundarias que el texto constitucional donde se requieren mayores consensos.

No obstante, viniendo de una tradición de poca o nula cooperación legislativa en los sexenios panistas, todos los partidos han optado por introducir en sus iniciativas de ley contenidos que, en teoría, no deberían estar en la Constitución o bien por establecer condiciones para la expedición de leyes reglamentarias en los artículos transitorios de los dictámenes finales. Esta estrategia, a decir de varios legisladores, tiene la intención de garantizar los pisos mínimos necesarios para la operación de dichas reformas, aún si la legislación reglamentaria tarda en publicarse o (como ha sucedido frecuentemente) esta nunca se publica.

En un país donde la pluralidad política agrega complejidad al logro de acuerdos y donde el momentum para avanzar reformas es muy corto (tan fugaz como dos semestres), se percibe que los legisladores mexicanos están apostando por un esquema particular de negociación en la presentación y aprobación de iniciativas torales para el país: incluir en la Constitución todas las disposiciones técnicas y operativas necesarias; y hacerlo de preferencia en los dos periodos de sesiones del Congreso de este año. Aún si ello implica “engrosar” el texto constitucional, pues el beneficio es que las bases mínimas quedarán asentadas en la norma suprema e incluso podrían relegar por algún tiempo la subsecuente negociación legislativa para expedir las leyes reglamentarias

La pregunta es: ¿esto es suficiente para generar los incentivos que lleven a los políticos, las empresas y los ciudadanos a respetar la ley y acatar las normas? Probablemente no. Tenemos el caso de la reforma penal y las reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental como claros ejemplos de modificaciones legales que establecieron plazos perentorios para su implementación, los cuales ya fueron rebasados y, dada la información con que se cuenta, únicamente se registran avances de instrumentación y no procesos concluidos. La mala noticia es que probablemente permanezcan así por un tiempo indeterminado.

Para saber si México está optando por el esquema correcto al momento de avanzar la aprobación de las reformas estructurales, tendremos que esperar tal vez una década para ver resultados. Estamos innovando como país en materia de reingeniería constitucional e institucional. Y al respecto, cabe destacar que no existe una ruta única y correcta hacia el desarrollo. Debemos  dejar de importar modelos de crecimiento de otras naciones y reforzar las capacidades de ingeniería constitucional y de técnica legislativa conforme el país y la realidad lo vayan demandando.

Afortunadamente, los primeros gobiernos de la alternancia nos legaron un entramado legal e institucional muy poderoso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Esas herramientas en manos de una sociedad civil organizada y participativa son mecanismos eficaces para controlar el poder y evaluar el desempeño del gobierno.

México Evalúa se compromete a monitorear los resultados de estas reformas y de la puesta en marcha de nuevas políticas públicas a través del seguimiento puntual a los indicadores estratégicos y la evaluación del gasto. Que estas reformas se traduzcan en un mayor bienestar para los mexicanos, es tarea de todos.

 

* Mariana García es Investigadora de México Evalúa

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