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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Reinserción social post mortem de secuestradores
¿Recuerda usted el slogan de campaña del Partido Verde (PVEM) en 2008: “Porque nos interesa tu vida: Pena de muerte para asesinos y secuestradores”? Pues bien, hace unos días se aprobó una versión descafeinada de su iniciativa, aunque igual de cuestionable.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
24 de abril, 2014
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Por: Néstor de Buen (@nestor_d) y Leslie Solís (@Leslie_fs)

A diferencia de otros delitos como el homicidio, nada ha podido parar el aumento del secuestro en México. Entre 2007 y 2013 —incluido el primer año del Presidente Enrique Peña Nieto— las denuncias por secuestro aumentaron 253 por ciento al pasar de 0.4 a 1.4 por cada cien mil habitantes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Frente a este problema, ¿qué propusieron los legisladores? ¿Recuerda usted el slogan de campaña del Partido Verde (PVEM) en 2008: “Porque nos interesa tu vida: Pena de muerte para asesinos y secuestradores”? Pues bien, hace unos días se aprobó una versión descafeinada de su iniciativa, aunque igual de cuestionable.

El 21 de abril, el Senado aprobó el dictamen presentado precisamente por el PVEM para reformar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. La finalidad: “duplicar las penas vigentes”. Así, el castigo sería de 40 a 80 años en reclusión y podría aumentar si se presentan ciertos agravantes. En caso de que la víctima de secuestro también sea privada de su vida, se impondrían de 80 a 140 años de prisión a los responsables (artículo 11). Cabe destacar que el dictamen, aprobado con 61 votos a favor (PRI-PAN-PVEM), 22 en contra (PRD-PT) y cinco abstenciones, se turnó a la Cámara de Diputados para su revisión.

De acuerdo con los legisladores, el objetivo específico del dictamen es “combatir al secuestro reformando el marco jurídico para enviar un mensaje colectivo de advertencia de la imposición de una pena ejemplar y de efectiva imposición de la pena”. ¿Realmente duplicar las penas vigentes ayudará a reducir el secuestro? ¿Mejorará el desempeño de las instituciones de justicia aumentando las penas? Porque podría ser el doble de años, igual de inefectivos si no se cuenta con capacidades para investigar los casos y detener siquiera a los responsables. ¿Es una política criminal efectiva o más bien están tratando de tapar el sol con un dedo?

[contextly_sidebar id=”67259ba90bbe2cfd8b7b172cc4ed6d62″]Mientras algunos legisladores señalan que la propuesta de reforma refleja un “populismo punitivo” (Angélica de la Peña del PRD y Manuel Bartlett del PT), otros intentan aprovechar la sensación de inseguridad de la población y usar el supuesto discurso de los derechos de las víctimas para justificar una política pública que claramente tiene un efecto nulo en ese tema. Omar Fayad Meneses, Senador del PRI y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, mencionó que quienes se oponen al aumento de penas buscan defender los derechos de los delincuentes antes que los de las víctimas. De inicio, esta justificación carece de lógica. En la Ley General de Víctimas se definen como derechos de las víctimas los relativos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia (artículo 2). Ninguno de estos derechos requiere que los perpetradores de delitos cumplan condenas excesivamente largas, por lo que es difícil entender cómo oponerse a esta reforma es, de alguna manera, contrario a los derechos de las víctimas.

La reforma, sin embargo, intenta cumplir otro objetivo. La palabra clave aquí es “intenta”. Como ya lo mencionamos, de acuerdo con el texto del dictamen, se busca combatir el secuestro a través del aumento en las penas. En primer lugar, los legisladores parecen desconocer la baja capacidad del sistema de justicia para conocer, investigar y sancionar los secuestros: cuando la gran mayoría de estos delitos no se denuncian (97 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) y mucho menos se sancionan, un aumento en las penas difícilmente tendrá un efecto.

Esta propuesta es aún más difícil de entender dado que las penas máximas previamente establecidas ya eran una garantía casi segura de que el delincuente pasaría el resto de su vida en prisión. Para un delincuente promedio que tenga aproximadamente 30 años, con una pena máxima de 70 años y una expectativa de vida de 75 años, la probabilidad de morir en prisión es altísima. Por tanto, en términos del “mensaje” disuasivo que manda la pena, es razonable pensar que no cambia si ésta es de 70, 140 o 500 años o si se opta por la cadena perpetua como prometió justo el PVEM hace unos años en la campaña electoral. De acuerdo con una revisión de la literatura, la mayor parte de los estudios revelan que la certeza de obtener una sanción es mucho más disuasiva que la severidad de una pena.[1]

Además, en el dictamen se justifica el aumento de penas como un medio para avanzar el objetivo del sistema penitenciario de lograr la reinserción social del sentenciado (artículo 18 constitucional). Así, se establece que el aumento de las penas servirá para “lograr el tratamiento de quienes han causado grandes lesiones a las víctimas y a la sociedad en general” (página 11). Pero como ya se mencionó antes, la duración de las penas garantiza que quienes las cumplen morirán en prisión, por lo que dicha justificación es inaplicable e incluso cínica. ¿Cómo pretenden “lograr el tratamiento” de los sentenciados con propuestas de este tipo? El argumento parece una farsa. Recordemos además que el propósito constitucional del sistema penitenciario en nuestro país es reinsertar y no fungir como un medio de venganza o retribución social, como ya lo subrayamos en nuestro documento La cárcel en México: ¿Para qué?

En resumen, duplicar las penas por secuestro y establecer un máximo de 140 años en prisión no cumplirá el objetivo de combatir este delito, muy probablemente no mejorará la percepción de seguridad de los ciudadanos, ni disuadirá a los secuestradores de cometer estos delitos. Mucho menos garantizará la reinserción social de los perpetradores –por lo menos no en esta vida– ni el respeto de los derechos de las víctimas. Los populismos legislativos para solucionar la problemática del crimen son puertas falsas que no nos llevarán a solucionar este grave problema que aqueja a la sociedad mexicana. Por lo tanto, se debe buscar una reforma que vaya en otro sentido. Es decir, que en vez de aumentar las penas se busque fortalecer las capacidades del sistema de justicia para prevenir, conocer, investigar y sancionar con total apego a la ley dichos delitos.

Salidas fáciles como el aumento de penas sirve de muy poco de cara a la disfuncionalidad institucional del aparato de justicia nacional. Por ello es preciso insistir tanto a los legisladores como a los responsables en esta materia que aceleren el paso para optimizar el funcionamiento de las policías, las procuradurías, los ministerios públicos y los juzgados para garantizar un combate eficaz contra el delito. Es un camino más largo, pero los atajos populistas de mayores penas no nos llevarán a alcanzar una sociedad segura con un estado de derecho sólido. Mientras sigamos intentando tapar el sol con un dedo, la piel se nos va a quemar.

 

* Nestor de Buen y Leslie Solís son investigadores de México Evalúa. Los autores agradecen a Lilian Chapa Koloffon (@cklilian), a Marco Fernández (@marco_fdezm), a Rodrigo Elizarrarás (@rodaxiando) y a Laurence Pantin por sus valiosos comentarios.

 



[1] Valerie Wright, “Deterrence in Criminal Justice: Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment”, The Sentencing Project.

 

 

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