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Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
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Saldo de la reforma educativa: avances, deudas y desafíos pendientes
La reforma educativa aprobada no es ni punitiva ni inquisitoria como argumentan sus detractores, porque no se contempla el despido de ningún docente en funciones a pesar de que no alcance un resultado satisfactorio en tres distintas evaluaciones con sus respectivos cursos de actualización y formación.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
12 de septiembre, 2013
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Por: Marco Antonio Fernández

Tras dos semanas de movilizaciones magisteriales y seis meses de trabajos en tres mesas de negociación integradas por legisladores, miembros de la sociedad civil y autoridades, se completó la reforma educativa con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y su promulgación por el Ejecutivo Federal. Aunque es un primer paso en la dirección correcta, en el camino de su aprobación se hicieron concesiones que intentaron ingenua e inútilmente acabar con las acciones disruptivas de la disidencia magisterial (CNTE).

¿Qué contempla?

Al centro del debate de la reforma educativa está la evaluación docente, a la cual se someterá todo maestro al menos una vez cada cuatro años. La reforma convierte en ley lo que antes sólo estaba sustentado en un acuerdo entre la autoridad educativa federal y el sindicato magisterial: un concurso para el ingreso y promoción de los docentes. También se establece la obligatoriedad adicional de evaluar a todos los maestros para la permanencia en el servicio docente, tomando en consideración tanto las diferentes circunstancias socioeconómicas a las que se enfrentan los docentes del país, así como sus particularidades culturales y regionales.

La reforma aprobada no es ni punitiva, ni inquisitoria, ni privatizadora como argumentan sus detractores. No es inquisitoria ni punitiva porque no se contempla el despido de ningún docente en funciones a pesar de que no alcance un resultado satisfactorio en tres distintas evaluaciones con sus respectivos cursos de actualización y formación (LGSPD, Art. 53).  A estos docentes que reprueben estas tres evaluaciones se les ofrecerá ya sea un programa de jubilación anticipada o transferirlos a una responsabilidad administrativa, la cual no está ni definida en la ley ni justificada presupuestalmente.  Si bien es cierto que a los nuevos maestros no se les brinda una alternativa adicional a su falla como docente, la legislación les otorga tres oportunidades para ser evaluados y establece la obligatoriedad de la autoridad para proporcionarles cursos que sirvan para su actualización.  La reforma tampoco es privatizadora en tanto se prohíbe explícitamente el condicionamiento de servicios educativos a cambio de cuotas escolares en congruencia con la gratuidad educativa establecida en el tercero constitucional.

Como concesión complementaria, se establece que para los directores y supervisores de educación básica habrá sólo una evaluación, después de la cual si aprueban satisfactoriamente, se les asignará el cargo de forma definitiva.  Dicha propuesta contrasta con el proceso para educación media superior en donde tanto directores como supervisores son seleccionados también por concurso pero por un periodo fijo, tras el cual tienen nuevamente que ser evaluados para ser ratificados o no en el cargo.

Por otro lado, la legislación recoge la demanda legítima del magisterio para instruir a la autoridad a reformar las escuelas normales con el fin de proveer una capacitación adecuada a los futuros maestros del país (artículo 22 transitorio).  Asimismo establece la obligación del Estado para proveer opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural para los docentes (artículo 59), aunque la ley no contempla un mecanismo de evaluación para analizar la eficacia de estas rutas de capacitación brindadas por la autoridad.

Pese a las presiones en las calles, los legisladores preservaron el castigo de despido contra todo aquel evaluador que se corrompa para favorecer algún familiar, amigo, conocido o que exija un pago para brindar una evaluación favorable (artículo 72).  Asimismo preservaron la disposición para la separación del cargo de todo aquel individuo en el servicio docente que se niegue a ser evaluado y que no se incorpore a los programas de regularización cuando tenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación (artículo 8).  La misma sanción se prevé para aquel docente que no acuda a sus labores durante tres días consecutivos sin causa justificada dentro de un periodo de 30 días naturales.  Es preciso señalar que en las modificaciones incorporadas se estableció el derecho de apelación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes en caso de presentarse esta situación.

La reforma abre la posibilidad para que todo aquel interesado en la docencia y que cumpla con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente, pueda participar en los concursos de ingreso al servicio docente.  Sin embargo, los legisladores concedieron un monopolio parcial sobre las nuevas plazas a aquellos individuos egresados de las escuelas normales, aunque establecieron que “en el caso de que no se cubran las vacantes mediante dichos concursos, se emitirán convocatorias públicas abiertas” (artículo 21 transitorio).

Existen elementos positivos como la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que contará con información integrada por el INEGI y reportada por las autoridades estatales sobre los distintos recursos humanos y materiales que actualmente integran el sistema de educación básica del país y que servirá para terminar con las prácticas de información imprecisa y hasta falsa que se proporciona desde las escuelas y que lamentablemente es muchas veces tolerada por algunas autoridades educativas estatales para lograr obtener mayores recursos a través de las transferencias federales. Sus beneficios se observarán en los próximos meses de cara a la previsible discusión de la fórmula del reparto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y posible desaparición de acuerdo a la recién presentada iniciativa de reforma hacendaria. Asimismo, la legislación aprobada establece el derecho explícito de los padres de familia para conocer los presupuestos asignados a las escuelas primarias y secundarias públicas del país.

Los pendientes

Las legislaciones aprobadas no han corregido uno de los talones de Aquiles del funcionamiento del sistema educativo: la incompleta descentralización que ha permitido escapar a las autoridades estatales de sus responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los planteles de preescolar, primarias, secundarias e instituciones de educación media superior. Debido a las protestas magisteriales, los legisladores tuvieron que hacer malabares jurídicos para encauzar las exigencias de la disidencia magisterial. En estos malabares eliminaron de la propuesta original algunos elementos que buscaban erradicar la existencia de prácticas corruptas para el acceso al servicio docente por fuera de los concursos de selección y promoción docente por medio de mecanismos no previstos en la ley y en los que no se especifica cuáles son ni si se contempla la nulidad del posible mal logrado cargo.

Los legisladores le han quedado a deber a la ciudadanía al no garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas efectivos en el sistema educativo. La difusión del desempeño docente a nivel individual, se considerará como “información personal” lo que limitará sea del conocimiento público, según lo planteado en el artículo 79 de la LGSPD. En toda sociedad democrática la rendición de cuentas de los funcionarios públicos debe ser una práctica cotidiana.

Los maestros tienen razón al afirmar que esta rendición de cuentas no sólo debe concentrarse en ellos, sino que debe abarcar a los resultados de la autoridad educativa. Sin embargo, esta petición es peculiar si se observa que en varios de los estados representantes del sindicato magisterial son a su vez autoridad educativa. Por ejemplo, algunos son secretarios de educación, subsecretarios de básica, coordinadores de Carrera Magisterial, etc.  Más allá de que recurrentemente la representación magisterial es juez y parte, y que precisamente la reforma ha buscado recuperar para el Estado el control de posiciones clave como lo son directores y supervisores escolares, la propuesta original buscaba tímidamente arrojar luz sobre los resultados de las evaluaciones docentes para avanzar en la rendición de cuentas magisterial.

Un tema nodal en las prácticas del malgasto educativo ha sido el pago con cargo al erario público de los denominados comisionados del sindicato magisterial.  Por ello se contemplaba originalmente que en el caso de una persona decidiera aceptar un empleo, cargo o comisión no educativa, tendría que separarse del servicio profesional docente, sin goce de sueldo mientras dure el empleo, cargo o comisión (artículo 78).  Sin embargo, la redacción final fue modificada y se atenuó al establecer que en caso de que este empleo, cargo o comisión impida “el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberá separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”. Si un individuo comisionado, por ejemplo para ser legislador o presidente municipal, argumenta que de todos modos puede seguir prestando sus funciones docentes, podrá continuar recibiendo independientemente su salario con cargo al presupuesto público. Nuevamente se abre un espacio que debilita previsiones institucionales que deben servir para atajar prácticas recurrentemente nocivas para el buen funcionamiento del sistema educativo.

La implementación de los cambios contemplados en esta reforma será lenta, técnicamente compleja, políticamente costosa y presupuestalmente desafiante.  La transformación de las escuelas normales, por ejemplo, tan necesaria para lograr una buena formación docente, ha sido detenida recurrentemente mediante el comportamiento disruptivo familiar que hoy observamos en las calles de la ciudad de México por parte de un sector radical del magisterio.

Pese a que la implementación de las evaluaciones se realizará durante los próximos dos años, Hacienda deberá establecer un proyecto de presupuesto suficiente para dotar de los recursos al INEE para que comience a realizar el fortalecimiento institucional necesario para ejercer correctamente las nuevas facultades que le brinda el marco jurídico aprobado en materia educativa. Los legisladores tendrán que acompañar presupuestalmente con los recursos necesarios las tareas que han decidido encomendarles a las ahora autónomas autoridades educativas del INEE. Las autoridades federales y estatales, pese a la complejidad del marco jurídico, tendrán que acompañar política y técnicamente al INEE para avanzar en la implementación correcta de la reforma educativa.  Será un largo recorrido, con múltiples incertidumbres y desafíos, pero en el que debemos acelerar el paso por el bien de la sociedad en su conjunto, por la necesidad de realmente tener un país con mejor capital humano, para lograr por fin una educación de verdadera calidad a los niños y jóvenes del país, la cual ha sido muy cacareada en los discursos políticos pero que sigue siendo una deuda muy onerosa para el país.

 

* Marco Antonio Fernández es Director de Investigación de México Evalúa [email protected]

 

*El análisis completo disponible aquí

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