¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.

close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Lo que México Evalúa
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas. (Leer más)
Transparencia y Corrupción: los temas “incómodos” de la agenda legislativa
Resulta inconcebible que estemos en la antesala de discutir y aprobar reformas de gran calado como la energética y la fiscal, cuando la falta de transparencia, la limitada rendición de cuentas y los casos de corrupción son la regla y no la excepción en el quehacer gubernamental.
Por Centro de Análisis de Políticas Públicas
16 de agosto, 2013
Comparte

Por: Mariana García (@marianamxe)

En el discurso, todos los partidos políticos parecen comprometidos con transparentar la gestión pública e inhibir la corrupción en la administración. En la práctica, los compromisos se diluyen y se imponen trabas para avanzar estos temas con el impulso y la urgencia que demandan.

El  miércoles 14 de agosto, la Comisión Permanente de ambas Cámaras aprobó los temas que serán sometidos a discusión en el periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar del 21 al 23 de este mismo mes. Entre las más importantes se abordarán las reformas en materia educativa; disciplina financiera de los estados y municipios y transparencia.

Al parecer nuestros legisladores decidieron incluir la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública y posponer para mejores tiempos el debate sobre corrupción. ¿Qué se contempla en estas propuestas?

 

La transparencia a prueba

El presidente Enrique Peña Nieto había anunciado, como parte de sus compromisos de campaña, la intención de avanzar una reforma para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y avanzar una legislación que ampliará el régimen de acceso a la información en el país. El PRD fue el primero en presentar su iniciativa y le sucedieron el PRI y el PAN con sus respectivas propuestas.

En diciembre de 2012, se aprobó una minuta en el Senado que incluía, entre otras, estas importantes modificaciones:

i)                   La autonomía constitucional del IFAI. El IFAI dejaría de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, lo que le permitiría ampliar sus atribuciones más allá del Ejecutivo Federal para garantizar el derecho de acceso a la información en los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

ii)                 La definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. Esto implica que las decisiones del órgano garante no podrán ser recurridas ante tribunales por los sujetos obligados para hacer más costosa y lenta la entrega de información.

iii)               La inclusión de los partidos políticos y los sindicatos como sujetos obligados directos. Esta modificación acortaría la ruta para acceder a la información de los partidos y evitar la intermediación del IFE. Por otro lado, los sindicatos que reciben recursos públicos también estarían obligados a transparentar sus finanzas, cosa que hoy en día no ocurre.

No obstante, esa minuta se encuentra atorada en la Cámara de Diputados por algunas reservas presentadas por los partidos políticos:

  • PRI-PVEM: desde diciembre de 2012 buscan revertir la inatacabilidad y definitividad de las resoluciones de IFAI y la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados directos. Quieren además que sea el Presidente quien nombre a los Comisionados, en vez del Senado.
  • PRI/PRD: los legisladores de las dos fuerzas políticas están promoviendo una iniciativa para que se permitan los amparos ante la SCJN para impugnar las resoluciones del IFAI cuando se trate de temas de seguridad nacional. Además, prevén que los partidos políticos permanezcan como sujetos obligados indirectos, y que sólo ante una negativa de información el IFAI se convierta en la segunda instancia.
  • PAN: no ha presentado reservas al dictamen. Pero vale la pena recordar los amparos y reservas para no entregar información bajo los gobiernos panistas interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) (2009: caso Rosendo Radilla) y SAT (2010: contribuyentes que se beneficiaron con créditos fiscales en 2007), entre otros.

Lo anterior es evidencia tácita de la contradicción discursiva y práctica de los partidos para comprometerse con la transparencia, el acceso a la información y el respeto a las decisiones del órgano garante a nivel federal. La tercera semana de agosto será decisiva en la materia pues los ciudadanos conoceremos la forma en que este tema es votado en el extraordinario y evaluaremos el fortalecimiento o debilitamiento del IFAI en una batalla legislativa donde se prevé, inclusive, la renovación de todos los comisionados.

 

El combate a la corrupción en el olvido

Los posibles acuerdos en materia de transparencia contrastan con el impasse legislativo para crear un órgano anticorrupción. Desde marzo de 2012, existe una minuta del PAN aprobada por unanimidad en el Senado para la creación de una Fiscalía Contra la Corrupción y el Combate al Lavado del Dinero presentada en 2011. Ese acuerdo previo contemplaba la creación de un órgano con autonomía constitucional para perseguir delitos de corrupción y aquellos cometidos por el uso de recursos de procedencia ilícita. No obstante, las elecciones presidenciales de julio 2012 y la firma del Pacto por México han cambiado las condiciones del debate y ha puesto sobre la mesa tres nuevas propuestas legislativas presentadas en el Senado en septiembre de 2012.

La discusión del nuevo órgano anticorrupción no está contemplada para el periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar la próxima semana. Esto a pesar de que desde enero de 2013 se determinó legalmente la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El gobierno y la oposición han argumentado que la SFP no es efectiva en su labor pero han sido incapaces de sustituirla por un nuevo órgano anticorrupción.

Los partidos políticos no han podido definir las facultades de investigación y sanción que tendrá el órgano. El principal punto del disenso es si dotar de dientes o no al nuevo órgano. PAN y PRD están a favor de crear una Fiscalía con capacidad de compartir con el Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, mientras que el PRI se opone a otorgarle esa atribución. Así las cosas, llevamos casi ocho meses en un limbo institucional para avanzar hacia un combate efectivo contra la corrupción.

Resulta inconcebible que estemos en la antesala de discutir y aprobar reformas de gran calado como la energética y la fiscal cuando la falta de transparencia, la limitada rendición de cuentas y los casos de corrupción son la regla y no la excepción en el quehacer gubernamental.  Aquí algunos ejemplos de estas contradicciones:

  • En el próximo periodo extraordinario se discutirán los mecanismos para fortalecer la profesionalización y evaluación docente, cuando no conocemos importantes datos del sistema educativo, como resultados que arroja la carrera magisterial o el gasto neto por escuela. El Legislativo evaluará la pertinencia de incluir a los partidos políticos y a los sindicatos como sujetos obligados directos, cuando hubo denuncias de desvío de recursos en las campañas presidenciales de 2012; cuando las bancadas legislativas no reportan una buena parte de los gastos erogados con recursos públicos, y cuando la lideresa magisterial se encuentra en la cárcel acusada de malversación de fondos y delincuencia organizada, pero no hay investigación sobre el enriquecimiento ilícito de al menos 59 de los líderes de las secciones estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) .
  • Se discutirán las reformas en materia de deuda estatal y municipal, en un contexto de recurrentes acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos ligados a ex mandatarios estatales. En el rubro de la corrupción subnacional pareciera existir una justicia diferenciada al contrastar el encarcelamiento del exgobernador tabasqueño, Andrés Granier, y la situación legal que goza Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, cuando ambos personajes dañaron seriamente las arcas públicas de los estados que gobernaron.
  • Aún más insólito es que se contemple la discusión y la aprobación de la reforma energética y hacendaria en el próximo periodo ordinario de sesiones cuando los casos de corrupción y desvío de recursos en la paraestatal son reportados de forma consistente. La prensa ha documentado de forma recurrente el enriquecimiento inexplicable del líder del sindicato petrolero y senador priísta Carlos Romero Deschamps, sin que se haya iniciado una investigación al respecto. La negativa a transparentar los recursos de los sindicatos y la inacción para limpiar la corrupción al interior de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contrastan con el ímpetu con el que el gobierno busca encabezar la batalla para lograr una reforma del sector energético.
  • En México Evalúa hemos señalado la poca transparencia sobre los tratamientos fiscales privilegiados y el perfil de los contribuyentes beneficiados por los créditos fiscales.  La posibilidad de corrupción en el marco de la opacidad de este rubro contrasta nuevamente con el discurso de la necesidad de una reforma hacendaria.

 

¿Cómo esperan los legisladores comunicar a los ciudadanos la pertinencia de estas reformas e incluso, como han sugerido algunos de ellos, convocarnos a un plebiscito para avanzarlas cuando la transparencia y el combate a la corrupción parecen temas de segunda, sujetos al regateo legislativo? En el discurso todos hablan de la necesidad de atajar la corrupción, garantizar la transparencia y lograr la eficiencia en el servicio público y en el uso del erario. Pero lo que observamos en la realidad es que, como sugiere el refrán popular: del dicho al hecho, hay mucho trecho; y en esta materia para nuestros legisladores el combate a la corrupción es una nota al pie de página y no un párrafo principal en la narrativa nacional.

 

* Mariana García es investigadora de México Evalúa.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo independiente.

#YoSoyAnimal
Comparte