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Tres razones para no ceder en el modelo de competencia en el sector hidrocarburos
Se apela a un nacionalismo añejo para poner todos nuestros recursos y esperanzas en Pemex, la empresa estatal que tanto nos ha quedado a deber. Pero ¿qué es lo que en verdad queremos los mexicanos? ¿“Salvar” a Pemex? ¿Estaríamos dispuestos en el camino a perder nuestro bienestar como consumidores y ciudadanos con derechos?
Por María Fernanda Ballesteros
8 de mayo, 2021
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Las recientes reformas a la Ley de Hidrocarburos son un intento más de negar el régimen de competencia que desde la Constitución se ha establecido para el sector y limitar el acceso a otros jugadores distintos a Pemex. La vía en esta ocasión ha sido dificultar el otorgamiento de permisos para llevar a cabo actividades a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; lo hace a punta de requisitos innecesarios, sin ninguna lógica económica, y con el otorgamiento de una gran discrecionalidad a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar los permisos otorgados.

También, de última hora y sin ningún tipo de discusión, en la reforma se incluyó la eliminación del régimen de regulación asimétrica que existía para Pemex. Este tipo de regulación existe cuando hay un actor preponderante en el mercado, y con el objeto de que puedan existir condiciones de competencia efectiva. Al igual que en materia de equidad, la regla de oro es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Este tratamiento distinto al actor preponderante es temporal: opera hasta que ya se puede decir que en el mercado hay condiciones de competencia. La CRE, como regulador económico del sector hidrocarburos, había establecido como meta para considerar que ya no sería necesaria la regulación asimétrica que al menos el 30% del suministro conjunto de gasolina y diesel fueran de agentes distintos a Pemex. Esto no ha ocurrido todavía.

De acuerdo con datos presentados por la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Pemex sigue siendo el principal oferente en el mercado mayorista: en 2020 suministró el 83% del mercado nacional de gasolinas y el 73% del mercado de diésel. Por ello, como también señaló Alejandra Palacios, sería importante mantener elementos de regulación asimétrica; de esta forma se evitaría que Pemex aumentara los precios de venta o impusiera condiciones de venta anticompetitivas a quienes le quieran comprar gasolinas al mayoreo (una forma de desplazarlos del mercado).

Desafortunadamente, en un contexto caracterizado por la presencia de un actor preponderante como Pemex, la labor de una autoridad de competencia como la Cofece, aunque útil, es limitada. Recordemos las dificultades que enfrentó la Cofeco, la anterior autoridad de competencia en nuestro país, en su búsqueda de condiciones de competencia en el sector de telecomunicaciones –con otro actor preponderante: Telmex–. Sólo después de la reforma en telecomunicaciones y de la inclusión de regulación asimétrica pudimos ver mayor competencia en este sector.

En efecto, el sector telecomunicaciones nos dejó enseñanzas. Por eso se aplaudió que en la reforma energética se incluyera desde el inicio la regulación asimétrica para el actor preponderante, y que se considerara como uno de los objetivos centrales de la CRE el impulso a la competencia. Desafortunadamente hoy la CRE, en lugar de cumplir con este mandato, parece que se encarga de bloquear o dificultar el otorgamiento de cualquier permiso, a la espera también de que llegue el fundamento jurídico que le permita revocar los que ya se han dado.

En búsqueda del interés general

Es por todos conocido que este gobierno no cree que deba existir un régimen de competencia. Se apela a un nacionalismo añejo para poner todos nuestros recursos y esperanzas en Pemex, la empresa estatal que tanto nos ha quedado a deber. Pero ¿qué es lo que en verdad queremos los mexicanos? ¿“Salvar” a Pemex? ¿Estaríamos dispuestos en el camino a perder nuestro bienestar como consumidores y ciudadanos con derechos?

Por el contrario, a los ciudadanos y consumidores nos interesa que haya competencia en el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Enlisto tres razones:

1. Bienestar del consumidor

No hay argumento más contundente en pro de las condiciones de competencia efectiva en el mercado de hidrocarburos que los beneficios que trae a los consumidores, tanto en precio como en calidad y diversidad de los productos. Este gobierno ha apostado por sepultar ese argumento con sentimiento nacionalista hacia nuestra empresa petrolera. Pero ¿estarían dispuestos los consumidores, por ejemplo, a dejar de cargar gasolina más barata o de mejor calidad por cargar gasolina en las franquicias Pemex? ¿Se les puede acusar de ser traidores a la Patria por hacerlo? Esto es un ejemplo de lo que permite un mercado competido sólo si enfocamos un eslabón de la cadena, pero los beneficios se incrementarían si pudiéramos ver mayor competencia en comercialización, transporte o almacenamiento.

2. Un Pemex más competitivo y con menos corrupción

Aunque parezca una contradicción, otra de las ventajas de tener un sector con competencia es la posibilidad de mejorar la gobernanza de Pemex, lo que conlleva un impulso a su desempeño empresarial. Veamos: cuando las grandes petroleras internacionales se asocian entre sí, lo hacen bajo la condición de que los asociados incorporen ciertos estándares y controles en materia anticorrupción y compliance que garanticen, hasta cierto punto, una cultura de ética e integridad. De esta forma, si a mitad de un modelo de competencia Pemex tuviera que llevar a cabo asociaciones estratégicas o farmouts para poder competir, se vería obligada a adoptar mejores estándares y políticas de seguimiento y control en materia anticorrupción.

Además, la presión competitiva que otros jugadores ejercen en los mercados también provoca que una empresa como Pemex tenga que ‘elevar su juego’ para ser más competitivo. Durante el lapso corto en que se dieron las rondas petroleras, Pemex demostró que aun con competencia podía jugar al tú por tú y ganar importantes áreas petroleras abiertas.

3. Mejoras en beneficio del medio ambiente

En tiempos de transición energética, los mercados e inversionistas presionan para incrementar el estándar en materia ambiental e incluir en los objetivos y evaluaciones de las empresas criterios ambientales, sociales y de gobernanza (la llamada evaluación ESG). Eso provoca que los consejos de administración de las empresas petroleras incorporen estos principios en sus modelos negocios, si lo que quieren es atraer inversión. Queda particularmente claro que para Pemex estos no son temas de importancia, y el Estado tampoco la llama a cuentas por ello1.

Estos tres puntos, entre otros, explican por qué sería beneficioso para los mexicanos que hubiera un modelo de competencia en materia de hidrocarburos, considerando nuestro contexto y necesidades. Sin embargo, no quiero decir que la competencia sea la panacea dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Existen aspectos del modelo de competencia que se tienen que fortalecer, y podrían incluso darse cambios regulatorios que favorezcan aún más al consumidor, como podría ser la incorporación de las afectaciones provocadas por precios excesivos, o dar una mayor consideración a criterios con beneficios al medio ambiente.

Pero la visión del Gobierno no es ésa. No pretende mejorar el modelo de competencia en beneficio del interés público. Su visión es regresar al pasado, y en eso nos afecta a todos. Lo curioso es que el Gobierno apueste a que ésa es también la visión de la mayoría de los mexicanos, pues ha decidido ejecutar los mayores cambios al modelo energético justo en tiempos electorales, no a inicios del sexenio. Esa apuesta bien podría perderla, pues no se ha dado cuenta de que el país ha cambiado. Muchos mexicanos no quieren regresar a un pasado que no funcionó, y que no sirve ante las oportunidades y retos del presente.

* María Fernanda Ballesteros es coordinadora del programa de Competencia económica de @mexevalua.

 

 

1 En el Mapa de Vigilancia del Estado sobre sus Empresas Productivas de México Evalúa, analizamos la falta de vigilancia de diferentes entidades que representan al Estado como dueño de Pemex y CFE en componentes ambientales y sociales dentro de su política de responsabilidad corporativa

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