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Competencia: una política social
Dado que el objetivo último de la política pública tiene que ser la maximización del bienestar individual y social, es que debe dotar a la sociedad de un arreglo institucional en el cual prevalezca la competencia en los mercados y de órganos explícitamente encargados de procurarla, y cuyas decisiones sean puramente técnicas, alejadas de consideraciones políticas.
Por Isaac Katz
15 de julio, 2021
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En varias ocasiones el presidente López Obrador ha mencionado su intención de desaparecer a los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs). Su falaz argumento, que esconde su verdadero interés de eliminar cualquier contrapeso y acumular más poder, es que estos órganos no cumplen ninguna función social, además de ser caros.

Ha señalado que las funciones que estos cumplen pueden ser ejecutadas por el propio gobierno federal por lo que propuso, aunque no formalmente, que la Secretaría de Economía sea la que absorba las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de otras dos barbaridades: que las funciones de los órganos electorales (Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) sean ejecutadas directamente por el Poder Judicial de la Federación y que las que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sean ejecutadas por la Secretaría de la Función Pública.

Aunque la probabilidad de que estos cambios se materialicen es prácticamente nula ya que en todos los casos se requiere de cambios constitucionales, lo que es claro es que sería un significativo retroceso en el ámbito de las libertades individuales; los perdedores seríamos los mexicanos, todos. Me concentro en la función social de dos de estos órganos: la COFECE y el IFT.

Las familias tienen todo un conjunto de necesidades que quisieran satisfacer (alimentación, salud, vivienda, vestido, entretenimiento, etcétera), las cuales son ilimitadas. Por otra parte, tienen una restricción inevitable: tienen un ingreso limitado y enfrentan en el mercado el precio de los diferentes bienes y servicios con los cuales podrían satisfacer esas necesidades. En consecuencia, se ven forzadas a elegir cómo asignar ese ingreso, tomando la decisión de qué y cuántos bienes adquirir para satisfacer con algún grado de intensidad algunas de sus necesidades; dada la limitante del ingreso frente a la multiplicidad de necesidades, habrá algunas que no podrán ser satisfechas. Todos nos enfrentamos a la dura realidad de tener un recurso escaso.

Y es aquí en donde los órganos encargados de regular a los mercados juegan una importante función social. Las familias, los consumidores, pueden alcanzar un mayor nivel de bienestar si con el ingreso limitado con el que cuentan pueden adquirir más bienes y que estos sean de una mayor calidad y esto se logra cuando los mercados tienden a operar en un contexto de competencia. En mercados que operan en competencia, los consumidores son libres de elegir a quién le adquieren los bienes en función, principalmente, del precio y de la calidad ofrecida por cada una de las empresas relativo a las demás empresas. Por este proceso de competencia entre las diferentes empresas por allegarse el favor de los consumidores, es que los precios cobrados, dada la calidad, tienden a converger, es decir, la dispersión de precios se reduce. Una empresa en particular no puede cobrar un precio significativamente más elevado que el que cobran sus competidores porque pierde demandantes. En competencia los consumidores son libres de elegir.

Por el contrario, cuando un mercado opera en un contexto monopólico, la libertad individual se elimina ya que los consumidores se enfrentan a un solo oferente. El monopolio, aprovechando su posición, cobra a los consumidores un precio mayor que el que hubiese regido si el mercado operase en competencia, por lo que estos pierden y su bienestar disminuye. El monopolista obtiene en consecuencia un ingreso mayor, la renta monopólica. Mas aún, cuando una empresa tiene poder monopólico no existe el incentivo para que éste ofrezca bienes de mayor calidad, a diferencia de lo que ocurre en un mercado en competencia. Así, los consumidores pierden por partida doble: pagan un precio más elevado y adquieren bienes de menor calidad. Adicionalmente, las prácticas monopólicas son regresivas: dañan relativamente más a las familias de menores ingresos en las localidades más pobres del país.

Dado que el objetivo último de la política pública tiene que ser la maximización del bienestar individual y social, es que debe dotar a la sociedad de un arreglo institucional en el cual prevalezca la competencia en los mercados y de órganos explícitamente encargados de procurarla y cuyas decisiones sean puramente técnicas, alejadas de consideraciones políticas. Tanto la COFECE como el IFT, al ser órganos autónomos, pueden jugar de manera independiente el papel de procurar la competencia en los mercados que regulan, así como perseguir y penalizar las prácticas anticompetitivas que pudiesen existir e inclusive imponer regulaciones asimétricas a una empresa que sea dominante en el mercado.

Adicionalmente, y esto es crucial, a diferencia de si estas funciones las tuviese directamente el gobierno federal, al ser órganos autónomos cuyas juntas de gobierno son órganos colegiados, reduce la probabilidad de ser capturados por parte de grupos de interés, es decir, empresas que buscarían tener o proteger una posición monopólica.

Por lo anterior, debe estar en el interés del presidente de la República, como jefe de Estado, y teniendo como objetivo lograr el mayor bienestar de la población, fortalecer a estos órganos autónomos. La competencia en los mercados forma parte de la política social.

* Isaac Katz es Economista y experto México, ¿cómo vamos?

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