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Tren Maya ¿un “acto de justicia social”?
Sí, tomaría tiempo escuchar las exigencias de los pobladores, realizar un MIA general del Tren Maya y un análisis costo-beneficio que no solo se enfoque en el costo técnico, pero ya probamos lo costosos que pueden ser los proyectos insignia de mandatos que fueron realizados con prisas.
Por Brenda Flores Cabrera
29 de junio, 2021
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El miércoles 9 de junio México firmó el contrato por 36,653.7 millones de pesos para la construcción de los vagones del Tren Maya. Esta infraestructura se producirá en Ciudad Sahagún, Hidalgo, por el grupo Alstom-Bombardier. La rueda de prensa en torno a este contrato revivió las opiniones encontradas respecto al proyecto estimado de más de 134 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador aprovechó para defender que el Tren Maya es un acto de justicia para el sureste de nuestro país. Y es verdad que esta región de México tiene que ser involucrada de mayor manera en el desarrollo del país, pero ¿es el Tren Maya el proyecto que logrará brindar esa “justicia social” al sureste del país? Desafortunadamente la respuesta no está clara para la mayoría de nosotros.

Un megaproyecto de infraestructura podría ser una oportunidad para empezar a pagar una deuda histórica que tiene el país con el sur y sureste. Esta región vive en la paradoja de contar con una gran riqueza de recursos naturales que benefician a todo el país, mientras padece un marcado atraso económico y social. La necesidad de inversión pública y privada en los estados de esa zona es evidente desde hace décadas. Al mismo tiempo, la región requiere conectividad interregional que agilice la actividad económica. Sin embargo, un proyecto de desarrollo regional que traspase fronteras estatales es extremadamente ambicioso y, por lo mismo, debió tratarse con la mayor seriedad.

Todo proyecto de infraestructura pública requiere elaborados estudios de análisis de costo y beneficio social que nos aseguren que el proyecto será más benéfico que la mejor alternativa que dejamos de hacer por invertir en dicho proyecto. Como con cualquier decisión, con una elección de política pública siempre viene un costo de oportunidad. El dinero que se usa para estos proyectos viene de los bolsillos de todos los mexicanos, por lo que es de suma importancia contar con criterios formales para comparar las alternativas de dónde podría usarse ese dinero.

Desde su planteamiento, el análisis de costo-beneficio social de la obra no contempló la totalidad de los costos que generaría para la sociedad y fue criticado por la enorme demanda que requerirá para ser rentable. Actualmente, sin importar la rentabilidad económica, el Tren Maya parece inevitable y otras preocupaciones siguen vigentes. Existe el riesgo de que los efectos de llevar a cabo este proyecto deriven en resultados opuestos a los que se buscan. Sería catastrófico dejar a la región con una crisis ecológica y a las comunidades inconformes. Sin embargo, aún no hay claridad sobre si estos efectos se evitarán y serán manejados con responsabilidad. Principalmente estas dos problemáticas representan el otro lado del debate actual respecto al Tren Maya: la factibilidad ambiental y la administrativa, dados los intereses de los grupos involucrados.

Por un lado, el tema ambiental. Desde un principio, una de las principales preocupaciones de la población en general fue el impacto ambiental del proyecto. Sin embargo, no se entregó un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) completo de la obra. Al iniciar el proyecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) defendió que el Tren Maya no tenía la obligación de solicitar una autorización ambiental al no tratarse de una nueva obra, ya que se usaría una vía existente. Meses después, únicamente se entregó un MIA regional, enfocado en la operación de la vía férrea en los tres primeros tramos de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán. No obstante, el proyecto consiste en polos de desarrollo y construcción que va más allá de la simple rehabilitación de una vía y contempla una masificación del turismo cuyo impacto no ha sido considerado. Asimismo, la obra fue puesta en marcha mucho antes de que la SEMARNAT autorizara la primera fase en diciembre de 2020. Además, algunos trenes trabajarán con diésel, incrementando el impacto ambiental del tren en la región. De esta manera, vemos que se ha prestado poca atención a los protocolos correspondientes y lo que se sabe del impacto ambiental del tren hasta ahora es incompleto y confuso para el público.

El desarrollo no está peleado con la sustentabilidad; de hecho, se complementan. Un proyecto de desarrollo turístico como este necesitará de los recursos de la región para subsistir, así como de su riqueza biocultural para atraer visitantes. Asimismo, los ecosistemas de la región proporcionan oxígeno y agua que benefician a todo el país y afectar su biodiversidad sería extremadamente costoso para México y el mundo. Es crucial determinar el impacto ambiental real del megaproyecto de manera objetiva.

Por otro lado, la responsabilidad con las comunidades de la región y la atención a la participación local tampoco han sido manejadas óptimamente. Un proyecto de inversión como este requiere también estudios de impacto social y cultural. Para ello, los estándares internaciones requieren consultas a las comunidades que serán impactadas. En ellas, se exponen los beneficios y costos del proyecto para las comunidades afectadas, incluyendo el impacto ambiental para generar diálogo. Sin embargo, las consultas para el Tren Maya se realizaron a finales de 2019, cuando aún no se tenía ni siquiera un estudio parcial de impacto ambiental. De esta manera, no se expusieron desventajas del proyecto para debatir. Además, el proceso de consulta solo duró un mes; periodo muy corto para la magnitud de la obra. El proceso se manejó como una decisión ya tomada desde arriba con poca atención a las exigencias que tienen las comunidades.

Si realmente se quiere pagar esa deuda social con la región, deben tomarse en cuenta la forma y medios de vida, los valores y la cultura de las diferentes comunidades impactadas por el proyecto. Es crucial involucrar a la gente afectada en un desarrollo integral a largo plazo. Para esto, también debe haber apertura a la crítica de expertos y demandas de las poblaciones implicadas, así como transparencia en el proceso.

Es urgente reconocer en la política económica del país la importancia de la región del sureste para el desarrollo de México, pero si en verdad se quiere lograr un “acto de justicia social” y no otro más de injusticia contra el sureste del país, la prioridad debe ser lograr un proyecto rentable socialmente a largo plazo, sustentado con formalidad y transparencia. El sureste se encuentra rezagado respecto a otras regiones en términos de crecimiento económico y bienestar; sin embargo, no debemos conformarnos con el hecho de que se esté haciendo algo. Es crucial analizar con detalle las implicaciones de cualquier política pública para determinar si conviene llevarla a cabo o no.

No es claro que exista una rentabilidad social positiva de llevar a cabo este proyecto, ya que los estudios que se han publicado tienen defectos y fallas evidentes. Definitivamente, proporcionar el debido lugar a los pobladores y escuchar sus exigencias, así como realizar un MIA general del Tren Maya y un análisis costo-beneficio que no solo se enfoque en el costo técnico tomaría tiempo. Pero los proyectos insignia de mandatos que fueron realizados con prisas ya han probado ser sumamente costosos para la sociedad.

* Brenda Flores Cabrera (@brenflores04) es investigadora en México, ¿cómo vamos?

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