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México SOS
Por Alejandro Martí
Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja p... Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja para construir un México seguro. (Leer más)
Detrás del aguacate michoacano
Hoy, detrás de cada aguacate con el que se prepara una torta, una ensalada, un mollete y tantos platillos más, es muy probable que haya un componente de extorsión, cobro de piso, trata de personas o lavado de dinero. La misma situación se presenta con el limón, el durazno, la fresa, la guayaba y muchos productos más, donde Michoacán ocupa los primeros lugares de la producción nacional.
Por Alejandro Martí
13 de noviembre, 2013
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Desde Tijuana hasta Chetumal el aguacate es un producto que está presente en la mesa de cualquier familia. Históricamente hemos sido el primer productor mundial de aguacate con cifras que oscilan el 40% de la producción global. De este porcentaje, Michoacán contribuye con aproximadamente el 85% de la producción nacional.

Hasta hace pocos años la producción y comercialización del aguacate eran actividades totalmente ajenas al crimen organizado. Hoy, desgraciadamente, detrás de cada aguacate con el que se prepara una torta, una ensalada, un mollete y tantos platillos más, es muy probable que haya un componente de extorsión, cobro de piso, trata de personas o lavado de dinero. La misma situación se presenta con el limón, el durazno, la fresa, la guayaba y muchos productos más, donde Michoacán ocupa los primeros lugares de la producción nacional.

A pesar de su potencial económico, hoy Michoacán vive una grave crisis de gobernabilidad, donde el crimen organizado ha tomado el control de las instituciones públicas, de las actividades económicas y, en general, de la vida cotidiana de los michoacanos. Al igual que el cáncer que no es curado a tiempo, esta crisis de gobernabilidad puede hacer metástasis y esparcirse hacia otras regiones del país, empezando por los estados vecinos.

En Michoacán operan -o han operado- casi todos los grupos delictivos del país (Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Zetas y los cárteles del Golfo, Sinaloa y Jalisco), lo cual explica, en gran medida, la cruenta guerra suscitada entre ellos para lograr el control territorial de las plazas y las redes de distribución y comercialización de la droga, así como el surgimiento de “guardias comunitarias o de autodefensa”, que son el ingrediente ideal para que surjan otros grupos armados más radicales (guerrilla o paramilitares), como sucedió en Colombia.

Por su ubicación geográfica, Michoacán es un canal idóneo para el traslado y distribución de droga. También es un estado productor de mariguana y, recientemente, una entidad procesadora de otras drogas como la metanfetamina. Además, cuenta con el mayor y más importante puerto de carga del país (Lázaro Cárdenas), lo que le permite ser la puerta de entrada y salida para cualquier producto o actividad ilegal, con la complicidad y corrupción de las autoridades portuarias y aduaneras.

La semana pasada en el municipio de Lázaro Cárdenas, el gobierno federal, a través de las fuerzas armadas y la policía federal, asumió las funciones de seguridad que le corresponden a los cuerpos policiales estatales y municipales. No es la primera vez que se toma una acción de este tipo en esta entidad, aunque sí es la primera vez en que el gobierno federal busca cerrarle al crimen organizado uno de sus principales canales marítimos de acceso y salida del territorio mexicano.

Esperemos que esta estrategia tenga una fecha de caducidad y esté respaldada en objetivos, acciones y plazos muy claros para los michoacanos y para la opinión pública general. De lo contrario, será otra decisión coyuntural que no va acompañada de una visión integral y de largo plazo.

Esta estrategia debe retomar los acuerdos que se han dado al interior del sistema de seguridad pública y considerar las recomendaciones planteadas por la sociedad civil, tales como: depurar y profesionalizar los cuerpos policiales; acelerar la instauración y operación del nuevo sistema de justicia penal (juicios orales); recuperar y ampliar los espacios públicos cedidos a la delincuencia, fortalecer los mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

Sin embargo, ante la grave crisis que vive Michoacán este tipo de acciones tal vez sean insuficientes y se requiera una cirugía mayor para poder combatir este cáncer. Hay que reconstruir las instituciones democráticas con el apoyo del gobierno federal y estatal, de los empresarios (locales y nacionales) y de sociedad civil quien debe servir de contrapeso a la corrupción e impunidad.

Los partidos políticos se deben olvidar por un momento de su agenda electoral y concentrarse en atender las causas y los efectos de la grave crisis por la que atraviesa Michoacán. Sin demagogias y mezquindades políticas, por qué no pensar en la construcción e implementación de un acuerdo nacional por Michoacán que involucre a todos los sectores (público, social y privado), con metas y compromisos bien definidos al menos hasta el 2018 cuando termina la gestión del Presidente Enrique Peña.

Así como la reconstrucción de las zonas devastadas de Guerrero son una prioridad nacional, lo mismo debe suceder con la reconstrucción del tejido social y de las actividades económicas de Michoacán.

 

@Alejandro_Marti

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