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México SOS
Por Alejandro Martí
Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja p... Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja para construir un México seguro. (Leer más)
Estrategia antisecuestro: un cambio de rumbo
En los claroscuros de la estrategia antisecuestros hay experiencias rescatables y medidas esperanzadoras que permiten advertir, por los compromisos asumidos por las autoridades responsables de la seguridad pública, los gobiernos estatales y municipales, y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, que la posibilidad de enfrentar exitosamente y erradicar este fenómeno delictivo es realmente posible y no sólo un buen propósito.
Por Alejandro Martí
18 de junio, 2014
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En septiembre de 2008, durante la vigésima cuarta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sus integrantes acordaron y se comprometieron a implementar la estrategia nacional contra el secuestro. Dos meses después, en noviembre, se aprobaron diversas medidas que permitirían iniciar el proceso para conformar las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) en los estados y el DF.

Eran tiempos sombríos, desesperanzadores, en los que una indignada opinión pública reclamaba y presionaba al gobierno y autoridades para que se aplicaran acciones contundentes ante la ola de secuestros y la inseguridad que se vivía en muchas partes del país.

Habría de transcurrir un año y dos meses más (octubre de 2013) para que el Congreso aprobara la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional y se expidieran las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, se definieran los tipos penales y sanciones en la materia, la distribución de competencias y mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados, el DF y los municipios, para enfrentar los efectos de este delito. Mientras tanto, la espiral de violencia y el fenómeno de la extorsión, el robo y el secuestro (en todas sus modalidades) se instalaba entre nosotros como un terrible cáncer que carcome las bases de la seguridad pública y la convivencia social.

Es decir, que los esfuerzos institucionales desplegados hasta entonces, el presupuesto asignado, la energía y actividades emprendidas por las organizaciones civiles involucradas en la atención al problema, los airados reclamos de las víctimas y de la sociedad no fueron suficientes para poner freno a esta aberrante realidad. Sin embargo, esos cinco años sirvieron para identificar las debilidades institucionales (normativas y operativas) existentes y para que se vislumbraran nuevas posibilidades de enfrentar eficaz y contundentemente al que ha sido considerado como el más oprobioso de los delitos de alto impacto.

Las medidas implementadas al calor de este trayecto de rediseño institucional, en el lapso de un lustro, trajeron como resultado la promulgación de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, la creación de las UECS y las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que servirían para delinear las políticas de atención al delito en el futuro inmediato y para develar la dimensión de la irritación social existente ante los pobres resultados obtenidos en la atención al secuestro en algunas entidades federativas.

No obstante, en el claroscuro de esta lucha hay experiencias rescatables y medidas esperanzadoras que permiten advertir, por los compromisos asumidos por las autoridades responsables de la seguridad pública, los gobiernos estatales y municipales, así como por el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, que la posibilidad de enfrentar exitosamente y erradicar este fenómeno delictivo es realmente posible y no sólo un buen propósito.

En concreto, me refiero a los resultados obtenidos durante este tiempo en los estados de Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Puebla, que en su momento sufrieron una alta incidencia de secuestros y que a partir de los esfuerzos realizados por sus unidades antisecuestro, la capacitación y profesionalización de sus cuerpos policiacos, la coordinación alcanzada por sus procuradurías y jueces, así como la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, lograron ponerle freno a este delito.

Sin embargo, faltaba una pieza clave para consolidar una estrategia abarcante, que dotara de visión y dirección integral a los esfuerzos que realiza el Estado mexicano para enfrentar el problema a nivel federal. Esa pieza faltante era la Estrategia Nacional Antisecuestro, que fue presentada a finales del pasado enero por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de cuya Coordinación es titular Renato Sales Heredia.

Como sabemos, la Estrategia Nacional establece acciones concretas para su despliegue que en materia normativa comprenden: la coordinación entre las dependencias responsables de la seguridad pública y los tres niveles de gobierno; la conformación de un Sistema Único de Análisis de Información para integrar las bases de datos criminales en materia de secuestro a nivel federal; homologar los protocolos que aplican las UECS y la Comisión Nacional de Seguridad para garantizar el cumplimiento del debido proceso en la actuación policial; la puesta en marcha de un protocolo de atención ciudadana para atender de manera conjunta y coordinada, a nivel nacional, las denuncias que se realizan, y el desarrollo de un modelo de reclusión para secuestradores en penales de alta seguridad.

En tanto que en el plano operativo se contempla fortalecer la capacidad operativa de todas las UECS, mediante la capacitación y profesionalización de sus cuerpos policiacos, peritos, negociadores e investigadores, de los ministerios públicos y jueces, dotándoles de equipo tecnológico y de inteligencia suficiente, brindándoles acompañamiento en sus operaciones de unidades de la Policía Federal y la PGR, y mediante procesos de evaluación y certificación permanente de todas y cada una de las Unidades en los estados.

Como integrantes del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, desde Mexico SOS hemos atestiguado que las actividades realizadas por la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) hacen posible que la Estrategia Nacional se encamine hacia la consecución de sus objetivos, al darle puntual cumplimiento a los trabajos de fortalecimiento de las UECS en los diez estados que concentran los mayores índices de secuestros; al recuperar y poner en práctica las experiencias exitosas obtenidas por las UECS de Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Puebla durante las jornadas de capacitación al personal operativo y al aprovechar positivamente el compromiso institucional de las procuradurías, gobiernos, cuerpos policiacos federales y estatales, de las fuerzas armadas, órganos de inteligencia y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el despliegue de la estrategia.

En otras palabras, podemos decir que de momento se han establecido las bases para el despliegue de una política pública integral de combate al secuestro. No obstante, es muy pronto para echar las campanas al vuelo, pues de acuerdo con el último reporte del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), durante abril de 2014 se acentuó un índice a la alza en el delito de secuestro que, al igual que en marzo, se concentró en dos zonas geográficas del país. La primera de ellas conformada por Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, donde se concentró el 41.73% de las denuncias a nivel nacional, y la segunda en Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Guerrero, que concentraron 41.06% de las denuncias.

Es decir, que en siete de los diez estados donde se aplica la estrategia aún no se advierten resultados contundentes, aunque resulta alentador saber que en otros 15 se registran tendencias a la baja, entre ellos Michoacán.

Sin lugar a dudas, quedan muchas cosas pendientes por realizar en el trayecto de la consolidación institucional de combate al secuestro, pues más allá del incremento en los índices, las víctimas, familiares y la sociedad en su conjunto seguimos padeciendo las aberraciones que cometen algunos jueces y defensores de oficio, quienes mediante recursos legaloides que rayan en lo absurdo, logran obstaculizar la aplicación de la ley y postergar innecesariamente la sentencia de los inculpados por delitos de secuestro. Asimismo, el tiempo que transcurre para capturar a los secuestradores sigue siendo prolongado y el sistema penitenciario continúa siendo ineficaz al permitir que muchos casos de extorsión y secuestro se realicen desde los reclusorios.

Con el beneficio de la duda, al reconocer los esfuerzos y el compromiso que realizan las instituciones, gobiernos y el Comisionado antisecuestro, desde México SOS estaremos vigilantes de que pronto se cumplan las expectativas y se den los resultados esperados, pues no podemos olvidar que un sólo secuestro, la victimización de cualquier persona o familia, agravia a toda la sociedad mexicana y es algo que no debemos ni podemos seguir tolerando.

 

@Alejandro_Marti

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